Confirmado por el Uscis: récord de casos de revocación de la ciudadanía a migrantes con antecedentes en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó el 11 de agosto que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) inició 25 demandas civiles para solicitar la revocación de la ciudadanía de personas naturalizadas. Las acciones se interpusieron entre el 20 de julio y el 3 de agosto en distintos tribunales federales.

De acuerdo con un comunicado oficial de Uscis, las 25 acciones presentadas desde julio constituyen el mayor esfuerzo de desnaturalización registrado hasta el momento. Desde el 20 de enero de 2025, el Departamento de Justicia inició 123 demandas civiles, la cifra más alta de la historia documentada.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite revocar la ciudadanía de una persona naturalizada y cancelar su certificado cuando obtuvo el beneficio de forma ilegal, ocultó hechos importantes o proporcionó información falsa durante el proceso.

Once de las 25 demandas se relacionan con el uso de identidades falsas, el ocultamiento de órdenes de expulsión o la obtención de beneficios migratorios mediante matrimonios simulados. Los expedientes fueron presentados en distintos tribunales federales. Los demandados son:

• Zia Murad Bhatti (59 años, Pakistán): la demanda del Distrito Este de Arkansas sostiene que ingresó ilegalmente en 1992, recibió una orden de expulsión y permaneció en el país norteamericano. Luego obtuvo la residencia mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense y ocultó su identidad anterior y la orden migratoria al naturalizarse.
• Narinder Singh (65 años, India): el expediente presentado en Delaware afirma que utilizó dos identidades para ingresar desde 1996. Obtuvo la ciudadanía en 2008.
• Luisa Fernandez Ordonez (54 años, Colombia): la acción iniciada en el Distrito Norte de Georgia señala que obtuvo la residencia mediante un matrimonio fraudulento. En 2003 se casó con otro hombre sin divorciarse de su primer esposo y ocultó ambas circunstancias.
• Jonathan Omorogieva Obasohan (56 años, Nigeria): el caso de Massachusetts sostiene que ya tenía una orden de deportación bajo el nombre Tinosa Joe Aigbedion. Más tarde consiguió la residencia y la ciudadanía con otra identidad.
• Enos Fong Korti (51 años, Liberia): la demanda de Minnesota afirma que se presentó como hijo soltero de un ciudadano estadounidense, pese a que estaba casado. Durante la naturalización también declaró que nunca había mentido a funcionarios.

• Yetunde Folake Olaniyi (56 años, Nigeria): tras incumplir una orden de expulsión, habría adoptado el nombre Folake Rosemary Thomas y celebrado un matrimonio simulado mientras continuaba casada con un ciudadano nigeriano. Obtuvo la residencia y la ciudadanía con esa identidad. En 2014 fue condenada por fraude de pasaporte después de que sus huellas revelaran su identidad.
• Mohd Wasif (56 o 58 años, Pakistán): la presentación del Distrito Este de Texas busca anular naturalizaciones obtenidas mediante las identidades Mohd Wasif y Mohammad Khanwasif. El acusado habría ocultado solicitudes migratorias y declaraciones falsas asociadas con ambos nombres.
• Esther Quayle (50 años, Ghana): el caso de Tennessee indica que obtuvo la residencia a través de su esposo, quien había robado la identidad de un ciudadano estadounidense. Luego se naturalizó sin revelar la identidad y nacionalidad reales del hombre.
• Yi Lee (46 años, Taiwán): entre enero de 2016 y mayo de 2017 habría organizado matrimonios simulados, coordinado pagos y preparado a los participantes para entrevistas migratorias. En 2017 se declaró culpable de conspiración para cometer fraude matrimonial.
• Eddie Jones Appah (66 o 67 años, Ghana): el expediente de Nueva Jersey sostiene que omitió una entrada anterior y una deportación efectuadas bajo otra identidad.
• Vivian Chike Obichere (72 años, Nigeria): se naturalizó en 2013 y negó conductas delictivas, viajes, otros nombres y declaraciones engañosas. Después se declaró culpable por la solicitud y utilización de un pasaporte con los datos de otra persona.

Nueve acciones se vinculan con delitos sexuales contra menores o material de abuso sexual infantil. En varios expedientes, las autoridades sostienen que los involucrados ocultaron las conductas durante el proceso de naturalización.

• Tatiana Power (46 años, Moldova): ingresó en 2005 y se naturalizó en 2010. En 2021 fue acusada por su participación en un negocio que vendía imágenes y videos de abuso sexual infantil. Admitió que se había incorporado antes de obtener la ciudadanía y en 2022 fue condenada por conspiración para lavar las ganancias.
• Jose Luis Martinez-Zavala (80 años, México): la demanda de Texas sostiene que ocultó una agresión sexual agravada contra un menor cometida en 2010. Se naturalizó en 2014 y fue condenado en 2020.
• Jose Francisco Cruz (72 años, Honduras): abusó sexualmente de su hijastra menor entre el 28 de diciembre de 1995 y el 6 de junio de 1998. Se naturalizó el 20 de febrero de 1996 y en 1999 se declaró culpable de tres cargos. Recibió 16 años de prisión y la obligación de registrarse como delincuente sexual.

• Francois Nguessi Dame (65 años, Camerún): abusó de su hijastra desde que tenía 10 años hasta los 16, entre diciembre de 2008 y marzo de 2015. Obtuvo la ciudadanía en agosto de 2014 y fue condenado en mayo de 2017.
• Carlos Ernesto Giron (65 años, El Salvador): fue condenado en 2019 por el abuso sexual de dos menores, cometido entre 2005 y 2010. La demanda de Maryland afirma que ocultó esos hechos en su solicitud.
• Juan Camilo Montoya (34 años, Colombia): recibió la ciudadanía por su servicio militar, pero fue dado de baja del Cuerpo de Marines antes de completar cinco años de conducta honorable. Se declaró culpable ante una corte marcial por posesión y distribución de pornografía infantil. También negó una citación policial anterior por un hecho relacionado con drogas.
• Cantave Previlon (63 años, Haití): abusó sexualmente de su hija menor desde julio de 2007 y ocultó la conducta al naturalizarse. Después admitió el delito bajo juramento y fue condenado por agresión sexual.
• Miguel Eduardo Romero (67 años, El Salvador): el expediente de Maryland afirma que abusó repetidamente de su nieta menor antes de convertirse en ciudadano y ocultó los hechos durante el trámite.
• Manuel Antonio La Rosa-Lopez (68 años, Perú): cometió actos de indecencia contra un menor antes de solicitar la naturalización. Fue acusado y se declaró culpable después de obtenerla. Actualmente cumple una pena de 10 años de prisión.

Las cinco demandas restantes abarcan violencia, fraude bancario, robo de identidad, ejercicio ilegal de la medicina y el incumplimiento de las condiciones exigidas a quienes obtuvieron la ciudadanía mediante el servicio militar.

• Emigdio Sanchez (62 años, México): golpeó gravemente a su esposa en agosto de 1998 y provocó su hospitalización. Durante una entrevista migratoria realizada al mes siguiente, negó haber sido arrestado o cometido delitos. Se declaró culpable de agresión con agravantes.
• Dwyane Robinson (44 años, Jamaica): fue condenado por intento de asesinato en primer grado y agresión con un arma mortal. Había obtenido la ciudadanía por su servicio militar, pero el Ejército lo dio de baja el 31 de diciembre de 2013, mientras esperaba el juicio y antes de completar cinco años de servicio honorable.
• Haitham A. Mustafa (58 años, Jordania): utilizó nombres falsos para cometer fraudes con tarjetas de crédito desde noviembre de 1999, antes y después de su naturalización en mayo de 2001. En 2006 fue condenado por fraude bancario y con tarjetas, recibió 25 meses de prisión y debió pagar US$146.646,43 a las víctimas.
• Jairo Javier Pedron Tellez (29 años, Cuba): entre abril de 2015 y septiembre de 2017 participó en una operación para retirar correspondencia de buzones del Servicio Postal, alterar cheques y cobrarlos o depositarlos. El grupo obtuvo casi US$175 mil.
• Syed Tanweer Ahmad (82 años, Suecia): también utilizó los nombres Timothy Syed Andersson y Tanweer Ahmad Syed. Durante años se presentó como profesional médico y cometió hurtos contra varias personas. En 2011 recibió seis años de prisión por 64 delitos: 30 cargos por ejercer medicina sin licencia, 30 por hurto mayor, uno por perjurio y tres por falsificación.

El Departamento de Justicia solicitó judicialmente que se revoque la ciudadanía de las 25 personas. La agencia sostuvo que las conductas enumeradas demuestran la falta del buen carácter moral exigido para naturalizarse y que los acusados ocultaron información ante funcionarios de Uscis.

Sin embargo, las afirmaciones contenidas en las demandas constituyen acusaciones. Hasta el momento, los tribunales no emitieron una determinación de responsabilidad dentro de estas acciones civiles. Uscis mantiene habilitado su formulario para denunciar posibles fraudes o abusos relacionados con beneficios migratorios.