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Ciudadanía de EE.UU.: la propuesta que permitiría pruebas administradas por terceros en la naturalización
El objetivo de la medida es flexibilizar los procesos de evaluación y mejorar su integridad
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LA NACION
La administración Donald Trump analiza cambios regulatorios para el examen de ciudadanía estadounidense. La medida contempla evaluar pruebas administradas por terceros y establecer nuevos estándares educativos.
En qué consiste la propuesta de pruebas por terceros en la naturalización
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) impulsó modificaciones para el examen de ciudadanía. La iniciativa busca fijar un marco educativo obligatorio para los solicitantes.
De acuerdo con un reporte de Newsweek, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) contempla autorizar a entidades externas para administrar las evaluaciones. La agencia federal sostiene que esta alternativa otorga mayor flexibilidad a los procesos evualuativos.
Al implementar esta medida, los funcionarios gubernamentales pretenden mejorar la integridad de los procesos vigentes. Esto se debe a que la normativa actual no cuenta con especificaciones precisas sobre el cumplimiento de los requisitos educativos.
Con respecto a esta nueva medida, las autoridades federales proyectan publicar un aviso normativo en diciembre. El proyecto oficial permanece sujeto a un período posterior de consulta pública antes de su adopción definitiva.
La agenda regulatoria detalla explícitamente la exploración de nuevas metodologías evaluativas. La propuesta busca determinar si cada candidato cumple con los conocimientos lingüísticos requeridos.
Otras medidas contempladas en la norma migratoria
Además de la posibilidad de que terceros administren los exámenes de ciudadanía, la propuesta gubernamental incluye exigencias más estrictas sobre historia y gobierno en el examen. El plan oficial busca consolidar una identidad estadounidense unificada y un apego constitucional.
Los cambios normativos podrían impactar anualmente a cientos de miles de solicitantes. Por ejemplo, el Uscis naturalizó a 818.500 personas en 2024.
En ese sentido, casi ocho millones de personas completaron su naturalización en la última década. La tasa de aprobación inicial del examen registró un 89%.
El porcentaje positivo aumentó hasta 94,4% tras las reevaluaciones. Por ello, la abogada Gabriella Walsh advirtió que la medida modificará significativamente todo el procedimiento.
“Esto nos recuerda una vez más que la política de inmigración sigue evolucionando más allá de las visas y el control fronterizo. Incluso procesos de larga tradición como la naturalización siguen sujetos a cambios normativos”, dijo la experta.
El organismo migratorio retomó recientemente versiones previas del examen cívico implementadas originalmente años atrás. Las modificaciones normativas anteriores sufrieron múltiples revisiones según la administración presidencial vigente.
Evolución de los exámenes de ciudadanía en EE.UU.
Douglas Pierce, exsupervisor del Uscis, señaló que existen antecedentes previos sobre la posible normativa. Según dijo, la administración Clinton intentó implementar evaluaciones externas mediante la campaña Citizenship USA.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) intensificó paralelamente los esfuerzos de revocación. El organismo federal promovió acciones legales contra 25 estadounidenses naturalizados por presunto fraude.
Asimismo, los casos de desnaturalización aumentaron durante el segundo mandato de la actual administración. El Centro Brennan para la Justicia documentó un incremento sostenido en las demandas judiciales.
De acuerdo con Newsweek, el grupo de investigación TRAC identificó 166 casos presentados desde 2008. Además, se observó que las nuevas directrices del DOJ ampliaron las prioridades de aplicación de la ley.
La administración federal actual implementó un examen cívico revisado durante su primer mandato. Sin embargo, aquella versión resultó descartada posteriormente por la gestión de Joe Biden.
La oficina gubernamental competente analiza permanentemente los costos económicos de la propuesta regulatoria. Cualquier modificación definitiva requiere cumplir los plazos legales establecidos para la participación ciudadana.
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