Deportaciones masivas: elevan demanda para evitar que el ICE oculte ubicación de inmigrantes con orden final

La política migratoria del gobierno de Donald Trump quedó bajo cuestionamiento judicial en Estados Unidos. Cuatro organizaciones que brindan servicios legales a inmigrantes presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para exigir que se restablezca el acceso público a la información sobre personas detenidas con órdenes finales de deportación.

La acción judicial fue presentada el 28 de octubre ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts. La causa, identificada como Greater Boston Legal Services et al. v. Mullin, cuestiona una directiva que impide conocer el paradero de miles de personas que permanecen bajo custodia migratoria.

Según los demandantes, la modificación del Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS, por sus siglas en inglés) comenzó alrededor del 15 de septiembre, sin un anuncio previo. La herramienta permitía a familiares y abogados consultar dónde estaban alojadas las personas detenidas por las autoridades migratorias.

“Al optar por ocultar incluso la información más básica sobre miles de personas bajo su custodia, el gobierno está bloqueando ilegalmente su acceso a asesoría legal y a los tribunales”, dijeron los abogados en un comunicado en conjunto con las organizaciones demandantes.

La normativa cuestionada, denominada ODLS Final Order Policy, excluye del sistema a los adultos que tienen una orden definitiva de expulsión. Cuando familiares o representantes legales ingresan los datos de una persona, el portal puede devolver una búsqueda sin resultados, aunque el detenido continúe bajo custodia federal.

La restricción también alcanza las consultas directas. De acuerdo con la demanda, el personal del ICE recibió instrucciones de no informar por teléfono ni en persona dónde se encuentran estos detenidos.

Las líneas de asistencia tampoco resuelven necesariamente las consultas, ya que dependen de los mismos mecanismos de localización o derivan a los usuarios al portal.

Las organizaciones estiman que entre 16.000 y 20.000 personas quedaron fuera del sistema, una cifra que representaría cerca del 32% de la población retenida por el ICE. La medida se aplicaría en gran parte de la red nacional de centros de detención, con excepciones limitadas a determinadas instalaciones.

Las entidades demandantes son Greater Boston Legal Services, Rian Immigrant Center, Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Amica Center for Immigrant Rights. La presentación cuenta con el respaldo jurídico de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el National Immigration Law Center y el National Immigration Project.

El argumento central de esas organizaciones es que una orden final de deportación no elimina todas las posibilidades de defensa legal. Las personas retenidas todavía pueden solicitar la reapertura de sus expedientes, presentar recursos de habeas corpus ante tribunales federales, pedir protección frente a determinadas expulsiones a terceros países o denunciar condiciones de detención y posibles abusos.

Los demandantes también advirtieron que las familias quedan sin información sobre sus allegados y que las organizaciones deben destinar recursos adicionales a intentar localizarlos.

La demanda sostuvo que la directiva vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), porque las autoridades habrían cambiado una práctica vigente durante aproximadamente 16 años sin explicar los motivos ni evaluar sus consecuencias. Las organizaciones consideraron que la decisión carece de una justificación suficiente.

También alegaron una violación de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Según su planteo, impedir que los abogados conozcan la ubicación de sus clientes interfiere en la comunicación, la prestación de asesoramiento jurídico y la representación de personas detenidas.

El tercer eje está relacionado con la transparencia administrativa. Las organizaciones cuestionaron que el gobierno no haya publicado oficialmente la directiva ni informado de manera adecuada sobre sus alcances.

Por ese motivo, invocaron la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) para reclamar la divulgación de los detalles de la medida.

Las entidades pidieron al tribunal que suspenda la aplicación de la política mientras se tramita el caso y que, al resolver la controversia, la deje sin efecto. También solicitaron que se ordene al ICE restablecer la información de las personas detenidas en el sistema público de localización.