El gobierno de Trump revocó la ciudadanía estadounidense a dos inmigrantes por falsear información

El gobierno de Donald Trump consiguió que dos tribunales federales de Estados Unidos revocaran la ciudadanía de dos mujeres naturalizadas que habían omitido información sobre sus antecedentes durante los trámites migratorios. Las decisiones se basaron en pruebas de fraude y en declaraciones falsas realizadas ante las autoridades.

De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), las personas involucradas son Vivian Chike Obichere, nacida en Nigeria, y Milagros Marileisis Acosta Torres, originaria de Cuba.

En ambos expedientes, la agencia sostuvo que las mujeres no habían cumplido con los requisitos legales para obtener la ciudadanía porque ocultaron conductas delictivas previas.

Las resoluciones se dictaron el 13 y el 14 de octubre y los procedimientos concluyeron mediante acuerdos entre las partes que fueron presentados ante los respectivos tribunales. El gobierno enmarcó estas actuaciones en su política de perseguir los casos en los que considera que la naturalización se consiguió de manera ilegal.

“La revocación de la ciudadanía es el paso final para privar de ella a quienes ocultan delitos o defraudan al pueblo estadounidense”, indicó el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del DOJ. “Esta administración continuará su histórica campaña de revocación para proteger el valor de la ciudadanía estadounidense”, señaló.

El caso de Obichere se relaciona con el uso de una identidad ajena para obtener documentos estadounidenses. Según el DOJ, en 1992 la mujer utilizó el nombre, el número de Seguro Social y los datos de nacimiento de una ciudadana estadounidense para obtener un pasaporte.

Al año siguiente, la oriunda de Nigeria obtuvo la residencia permanente legal con su identidad real. Sin embargo, nueve años después intentó renovar nuevamente el pasaporte expedido bajo el nombre falso, mientras tramitaba su naturalización con sus datos verdaderos.

Durante la entrevista migratoria, negó bajo juramento haber utilizado esa identidad. Obtuvo la ciudadanía en 2013, pero dos años después fue condenada por presentar declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte y utilizar ese documento de manera fraudulenta.

El 30 de julio de 2026, el Departamento de Justicia presentó una demanda para revocar su naturalización. Después de que ambas partes solicitaran una resolución acordada el 7 de octubre, el tribunal federal del Distrito Norte de California ordenó retirar su ciudadanía el 13 de ese mes.

La segunda causa involucra a Acosta Torres, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2015. Antes de naturalizarse, participó en una conspiración para ocultar el origen de fondos obtenidos mediante un fraude contra un casino tribal de Florida.

Según los antecedentes del caso, su esposo y otros participantes sustrajeron millones de dólares mediante comprobantes de crédito falsificados. Acosta Torres realizó operaciones financieras destinadas a disimular la procedencia del dinero y evitar los controles establecidos para determinadas transacciones.

Durante su solicitud de ciudadanía y la entrevista correspondiente, afirmó que no había cometido delitos por los que no hubiera sido arrestada. En 2020 fue condenada por conspiración para cometer lavado de dinero, recibió una pena de seis meses de prisión y fue obligada a pagar cerca de US$150 mil en concepto de restitución.

El DOJ presentó la demanda de desnaturalización el 8 de junio de 2026. Tras un pedido conjunto de las partes, el tribunal federal del Distrito Sur de Florida revocó su ciudadanía el 14 de octubre.

La legislación federal contempla la desnaturalización cuando una persona obtuvo la ciudadanía sin reunir los requisitos legales o mediante el ocultamiento deliberado de información relevante. Estos procedimientos deben tramitarse ante la justicia federal y requieren que el gobierno presente pruebas que sustenten la revocación.

Uno de los requisitos para naturalizarse es acreditar buen carácter moral durante el período exigido por la ley. Por eso, la información sobre delitos anteriores puede influir en la evaluación de una solicitud, incluso cuando no hubo arresto o condena en el momento de completar el trámite.

El formulario de naturalización N-400 incluye preguntas sobre delitos e infracciones, entre ellas conductas que el solicitante pudo haber cometido sin ser arrestado. Proporcionar información falsa bajo juramento u ocultar hechos relevantes puede convertirse en fundamento de una demanda.

Los antecedentes sellados o eliminados en el ámbito estatal tampoco deben darse por irrelevantes para el proceso migratorio: las obligaciones de declaración dependen de las normas aplicables y del tipo de antecedente.

Los dos fallos se conocen en un período de expansión de las acciones judiciales para revocar ciudadanías. Según las cifras de TRAC Immigration, el gobierno presentó al menos 15 demandas civiles en mayo y otras 18 durante la primera mitad de junio. En conjunto, fueron 33 casos en aproximadamente seis semanas.

El incremento contrasta con los ocho procedimientos registrados durante el año pasado y con el promedio histórico, inferior a una demanda mensual. Entre enero de 2008 y el 12 de junio de 2026 se habían identificado 166 demandas civiles, de las cuales cerca de una quinta parte se concentró entre mayo y principios de junio de este año.

El DOJ había establecido la desnaturalización como prioridad de cumplimiento en un memorando de junio de 2025.

También reactivó la revisión de registros vinculados con la Operación Janus y el proyecto Historical Fingerprint Enrollment, iniciativas destinadas a detectar identidades diferentes y antecedentes que no habían sido identificados durante trámites anteriores.