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El Uscis amplía su poder de decisión sobre la green card: qué pasa con los beneficios de hijos y cónyuges
El DHS derogó el marco de 2022 y elimina las definiciones que protegían al solicitante; la guía que aclarará el criterio aún no fue publicada
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LA NACION
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el 20 de julio de 2026 una regla definitiva sobre la inadmisibilidad por carga pública, uno de los motivos que puede bloquear el acceso a la green card. La normativa entra en vigor a las 00 h del 18 de septiembre y deroga el marco regulatorio vigente desde 2022, ampliando el margen de decisión de los oficiales de inmigración para evaluar la situación financiera de cada solicitante.
Qué cambia con la nueva regla
Según el texto oficial de la regla, publicado en el Federal Register, DHS considera que la norma de 2022 era demasiado restrictiva e impedía a los oficiales hacer determinaciones precisas sobre si un solicitante podría convertirse en carga pública. Con la derogación, DHS elimina las definiciones fijas que existían hasta ahora (incluida la que establecía qué se entiende por “recepción de beneficios públicos” y por “hogar” del solicitante) y las reemplaza por un análisis de “totalidad de las circunstancias”, con mayor discrecionalidad para el oficial que revisa cada caso.
En la práctica, esto significa que Uscis se aleja del estándar de “dependencia primaria” que regía hasta ahora y habilita a los oficiales a considerar cualquier factor que consideren relevante para determinar si un solicitante podría depender del Gobierno en el futuro, además de los factores mínimos que ya exige la ley: edad, salud, situación familiar, patrimonio y nivel educativo.
Qué pasa con los beneficios de hijos y cónyuges: la pregunta sin respuesta
El marco que rigió hasta esta regla incluía definiciones específicas sobre cómo tratar los beneficios recibidos por otros integrantes del hogar del solicitante. Bajo ese sistema, el uso de programas como Medicaid, CHIP o SNAP por parte de un hijo ciudadano estadounidense, o los beneficios recibidos por un cónyuge, generalmente no se atribuían al solicitante principal salvo que este también figurara como beneficiario directo.
Esa es, precisamente, una de las definiciones que la nueva regla elimina. El DHS no publicó, junto con esta regla, una definición de reemplazo que aclare si esos mismos criterios de protección seguirán aplicándose.
Lo que todavía falta: la guía del Uscis
Antes de la entrada en vigor, el 18 de septiembre, Uscis tiene previsto emitir una guía subregulatoria que instruirá a los oficiales sobre cómo aplicar la regla en la práctica. Esa guía todavía no fue publicada, por lo que hoy no es posible confirmar si los beneficios recibidos por hijos ciudadanos o cónyuges seguirán quedando fuera del análisis del solicitante principal, o si la mayor discrecionalidad habilitada por la regla permite ahora considerarlos.
Qué deben tener en cuenta los solicitantes
Mientras esa guía no se publique, los especialistas en inmigración recomiendan no asumir automáticamente que los beneficios recibidos por otros miembros del hogar quedarán fuera de la evaluación, como ocurría bajo el marco anterior. La recomendación es consultar con un abogado de inmigración antes de septiembre, especialmente en los casos donde haya integrantes del hogar (hijos, cónyuges u otros dependientes) que reciban asistencia pública.
La regla aplica a las solicitudes de admisión hechas a partir del 18 de septiembre de 2026, y a los ajustes de estatus presentados en esa fecha o después. La recepción de beneficios públicos antes de esa fecha seguirá evaluándose según los criterios de la norma de 2022, todavía vigente hasta entonces.
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