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Fin del TPS: el fallo de la Corte Suprema que deja sin protección a más de 350 mil migrantes en EE.UU.
El máximo tribunal estadounidense sostuvo que la ley del Estatus de Protección Temporal impide revisar reclamos no constitucionales contra la terminación de designaciones por país
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LA NACION
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este 25 de junio una decisión que modifica el escenario legal para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). En los casos unificados Mullin v. Doe y Trump v. Miot, la mayoría de los jueces concluyó que las cortes federales carecen de facultades para revisar las determinaciones del Poder Ejecutivo vinculadas a la finalización de ese programa migratorio.
Qué decidió la Corte Suprema sobre el TPS de haitianos y sirios
El fallo dejó sin efecto medidas adoptadas por tribunales inferiores que habían impedido temporalmente la implementación de las cancelaciones del TPS para ciudadanos de Haití y Siria.
Como resultado, las decisiones administrativas del gobierno de Trump podrán ejecutarse de manera inmediata, lo que implicaría que alrededor de 350 mil haitianos y 6000 sirios queden en riesgo de deportación al perder la protección.
La mayoría del tribunal interpretó que la legislación que regula el TPS establece una prohibición expresa para que los jueces analicen las determinaciones relacionadas con la designación, renovación o terminación del beneficio.
Según esa lectura, la restricción alcanza tanto a la resolución final como a las actuaciones previas que forman parte del proceso.
Por qué la Corte Suprema limitó la revisión judicial del TPS
La mayoría de la Corte Suprema presentó dos argumentos centrales para validar la cancelación del TPS para nacionales de Siria y Haití:
- La falta de autoridad de los tribunales para revisar estas decisiones
- La ausencia de pruebas de discriminación racial en el proceso
La Corte enfatizó que el artículo 1254a(b)(5)(A) del Código de EE.UU. es claro al negar la intervención judicial sobre este programa. El tribunal rechazó la idea de que se puedan revisar errores de procedimiento por separado y argumentó que estos se fusionan con la decisión final no revisable.
Respecto a la demanda presentada por ciudadanos haitianos, la mayoría concluyó que era poco probable que se demostrara que la terminación del TPS fue motivada por prejuicios raciales.
El tribunal ofreció una explicación basada en la política general del gobierno y no en la raza de los beneficiarios.
La Corte argumentó que la administración simplemente se opone al programa TPS por principios políticos y económicos y señaló que previamente se canceló el estatus para 13 países con poblaciones diversas.
“La administración actual, que ha dado por terminada cada designación de TPS que ha sido objeto de renovación, simplemente se opone al programa, al menos tal como se ha implementado en el pasado”, explicó el juez Samuel Alito, en el fallo de la Corte.
“Ninguna de las declaraciones citadas, ya sea del presidente o de la secretaria (en ese entonces Kristi Noem), fue abiertamente racial, y en esencia todas expresaron puntos de vista políticos”, agregó.
La disidencia de Elena Kagan contra el fallo sobre el TPS
La jueza Elena Kagan presentó una opinión disidente respaldada por Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
Las magistradas sostuvieron que los tribunales sí deberían tener la posibilidad de verificar si el gobierno respetó los procedimientos exigidos por la ley antes de cancelar el programa.
“El estatuto insiste en consultas sobre si las condiciones del país son seguras, no sobre si poner fin al TPS plantea ‘preocupaciones de política exterior’“, explicó Kagan.
”La consulta requerida por la ley nunca se llevó a cabo porque no hubo una comunicación bidireccional sobre el tema correcto“, agregó.
Según la disidencia, existían elementos para analizar si las consultas obligatorias sobre las condiciones de seguridad en los países involucrados fueron realizadas de manera adecuada antes de adoptar la decisión.
Las juezas también consideraron que las declaraciones públicas realizadas por integrantes del Ejecutivo constituían evidencia suficiente para examinar la existencia de un posible sesgo racial.
“Las declaraciones gritan claramente, tanto en sus matices como en sus tonos raciales, que la raza entró en la resolución del presidente de expulsar a los haitianos de este país“, señaló Kagan.
Qué cambia para más de 350 mil beneficiarios del TPS en EE.UU.
La resolución de la Corte Suprema elimina los obstáculos judiciales que habían frenado la aplicación de las cancelaciones del TPS para Haití y Siria. De esta manera, el gobierno queda habilitado para avanzar con la implementación de esas medidas.
La entrada en vigencia implica que más de 350 mil personas perderán la autorización que les permitía residir y trabajar legalmente en EE.UU. bajo este régimen temporal.
Quienes no cuenten con otro mecanismo migratorio para permanecer en el país norteamericano podrían quedar sujetos a procedimientos de expulsión.
El caso marca un precedente sobre los límites de la revisión judicial en materia migratoria y refuerza la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la administración de programas de protección temporal.
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