¿Kristi Noem, en aprietos? La exjefa del DHS habría mentido sobre datos del TPS que involucraban a haitianos

Kristi Noem quedó bajo cuestionamiento después de que correos electrónicos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revelaran dudas sobre el procedimiento utilizado para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Haití. Los documentos forman parte de una disputa judicial que podría impactar en cientos de miles de beneficiarios del programa en Estados Unidos.

Según informó Miami Herald, los correos forman parte de documentos internos del gobierno presentados ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que analiza una disputa relacionada con las protecciones migratorias otorgadas a ciudadanos haitianos.

Los demandantes sostienen que la entonces secretaria del DHS no cumplió con un requisito previsto por la ley federal antes de una decisión adoptada en 2025 sobre el TPS para Haití. La normativa establece que la persona titular del DHS debe consultar con las agencias gubernamentales pertinentes, tradicionalmente el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), antes de decidir si extiende o pone fin a una designación de TPS.

Como respaldo de esa posición, los demandantes citaron un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

En uno de los mensajes, un funcionario preguntó si Noem podía adoptar una decisión distinta a una extensión automática del TPS sin contar con recomendaciones de otras agencias. Otro empleado respondió que la entonces secretaria había decidido recientemente poner fin a las protecciones para Haití sin haber recibido del Departamento de Estado información sobre las condiciones de ese país.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos rechaza esa interpretación. En documentos presentados, sostuvo que funcionarios del DHS se comunicaron con el Departamento de Estado por correo electrónico y por teléfono para solicitar su opinión, y argumentó que esos contactos fueron suficientes para cumplir con el requisito de consulta previsto por la ley.

Además, el gobierno señaló que los correos divulgados se refieren principalmente a una decisión publicada en julio de 2025 sobre el TPS para Haití. Esa determinación fue posteriormente dejada sin efecto y reemplazada por una nueva decisión adoptada en noviembre de 2025, que es la medida actualmente analizada por la Corte Suprema.

Los documentos también muestran que funcionarios del Uscis inicialmente recomendaron extender esta medida debido a las condiciones que atravesaba el país, aunque esa recomendación fue modificada posteriormente dentro de la estructura de la agencia.

El gobierno federal solicitó al máximo tribunal que permita avanzar con la cancelación de las protecciones migratorias para aproximadamente 348.000 haitianos y 6000 sirios amparados por el TPS.

Los demandantes argumentan que las decisiones del DHS pueden ser revisadas por los tribunales y sostienen que los documentos recientemente divulgados aportan nueva evidencia sobre el proceso que derivó en la decisión de julio de 2025.

El gobierno, por su parte, afirma que esos materiales no alteran la legalidad de la terminación adoptada posteriormente en noviembre de 2025, que es la medida actualmente bajo revisión de la Corte Suprema.

“Debería importar que la exsecretaria del DHS, Noem, mintiera”, afirmó Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Norte de California, que representa a los demandantes en una causa paralela citada por Miami Herald.

El caso tiene especial importancia para la comunidad haitiana en Estados Unidos. Según datos citados por Miami Herald, más de un tercio de los haitianos protegidos por el TPS residían en Florida hasta marzo de 2025.

Además de definir el futuro de cientos de miles de haitianos, el fallo podría tener implicancias para beneficiarios del TPS de otros países. Organizaciones de defensa de inmigrantes advierten que una decisión favorable al gobierno podría limitar la capacidad de impugnar futuras cancelaciones del programa ante los tribunales federales.

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