Datos bancarios y placas de carros: el temor de los migrantes por información compartida al ICE

Datos de una tarjeta de crédito o el registro de un automóvil pueden incorporarse a sistemas utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para identificar y ubicar personas. La posibilidad de que esa información termine en investigaciones de inmigración genera preocupación por el alcance de las herramientas de vigilancia.

Una investigación de 404 Media, basada en documentos de adquisiciones del gobierno federal de Estados Unidos y registros de compañías proveedoras, describió cómo el ICE puede obtener información a través de empresas privadas. Entre los datos que pueden resultar útiles para localizar a una persona aparecen los domicilios vinculados con registros financieros.

Cuando un cliente solicita una tarjeta de crédito o modifica su dirección de facturación, esos datos pueden ser enviados a los principales burós de crédito. Allí se genera información asociada al consumidor que incluye elementos como nombre, número de Seguro Social, teléfono, domicilio y correo electrónico.

Aunque los historiales crediticios cuentan con determinadas protecciones, los llamados “credit headers” tienen un tratamiento diferente. Los burós pueden comercializar esa información con intermediarios especializados.

Uno de ellos es Thomson Reuters, cuya plataforma Clear reúne registros provenientes de distintas fuentes. El ICE mantiene contratos para utilizarla y puede realizar búsquedas destinadas a localizar personas sin contar necesariamente con una orden de registro emitida por un juez.

Los domicilios obtenidos mediante estas herramientas pueden combinarse posteriormente con otros sistemas usados por la agencia para evaluar ubicaciones y preparar operativos.

La información recopilada por estas plataformas no siempre coincide con la situación actual de una persona. Según testimonios incluidos en las investigaciones, la combinación de distintas bases puede producir asociaciones incorrectas.

Por ejemplo, alguien podría quedar relacionado con el domicilio de un familiar por haber participado en el pago de una factura. El abogado de inmigración Héctor Quiroga le explicó a Univision que el ICE dispone además de la subpoena, un mecanismo administrativo que permite solicitar a empresas documentos o registros considerados relevantes para una investigación migratoria.

La herramienta no equivale a una orden de registro judicial y, en determinadas circunstancias, una compañía puede cuestionar el alcance del pedido.

“La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) les da a los funcionarios federales autoridad para utilizar este mecanismo cuando la información sea relevante para hacer cumplir las normativas migratorias”, señaló.

Quiroga sostuvo que el acceso a información financiera mediante estos mecanismos ya ocurre en la práctica. Según su explicación, esto significa que los datos entregados originalmente a una compañía privada pueden terminar como parte de una investigación migratoria cuando la agencia obtiene acceso a ellos mediante los procedimientos disponibles.

La preocupación también alcanza a las redes de cámaras que registran matrículas. Entre ellas se encuentran los dispositivos de Flock Safety, capaces de identificar automáticamente placas y asociarlas con determinados movimientos de vehículos mediante sistemas tecnológicos.

La compañía sostiene que sus registros no son enviados automáticamente a agencias federales y que cada comunidad u organización que instala las cámaras decide las condiciones para compartir la información. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aclaró que “no mantiene un contrato con Flock Safety” en un comunicado enviado a Univision.

Para Quiroga, el desarrollo de estas tecnologías amplió el alcance de las investigaciones migratorias más allá de los expedientes tradicionales. La información relevante puede surgir de acciones habituales: utilizar una tarjeta, registrar una dirección, conducir por una zona determinada o contratar servicios privados.

La agencia señaló que utiliza tecnologías y contratos con proveedores para apoyar sus tareas de aplicación de la ley y que sus procedimientos están sujetos a las normas federales de contratación. También sostuvo que el intercambio de información permite identificar personas y evaluar posibles amenazas.