¿Las cámaras Flock Safety ponen en riesgo a los migrantes? Piden transparencia sobre el acceso a los datos

Una cámara instalada al costado de una calle puede registrar la matrícula de un automóvil, identificar sus características y reconstruir parte de su recorrido. Para los migrantes en Estados Unidos, el riesgo aparece cuando esos datos pasan de una policía local a otras jurisdicciones o se utilizan en investigaciones relacionadas con inmigración sin que exista una orden judicial o un control público claro.

Según informó CNN, Flock Safety desplegó más de 120 mil dispositivos en Estados Unidos y comercializa sus herramientas mediante suscripciones para departamentos de policía, empresas y comunidades residenciales.

Los lectores automatizados de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) fotografían los vehículos que pasan frente a las cámaras. Además de registrar la placa, pueden identificar la marca, el modelo, el color y rasgos distintivos, como calcomanías, daños o abolladuras. La plataforma incorpora otras herramientas:

• Condor: captura video y permite acercar, alejar o modificar el campo de visión de la cámara.
• Nova: integra búsquedas de nombres o matrículas con videos, registros policiales, documentos públicos y otras fuentes autorizadas.
• FreeForm: admite consultas mediante descripciones escritas, como prendas de vestir o tatuajes. Una investigación de 404 Media detectó búsquedas que también incluían referencias a la raza de una persona.

Flock afirmó en un comunicado a 404 Media que sus lectores de matrículas no utilizan reconocimiento facial y que no están diseñados para rastrear peatones. La compañía también asegura que las consultas quedan registradas y que los administradores reciben alertas cuando se introducen términos relacionados con etnia, religión o nacionalidad.

El principal cuestionamiento no se limita a lo que captan las cámaras, sino a quién puede consultar la información y con qué finalidad. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) advierte que la plataforma permite localizar vehículos sin una orden judicial y compartir resultados entre departamentos policiales de distintas partes del país.

El caso de Dayton, Ohio, mostró el alcance de ese intercambio. En mayo de 2026, la ciudad suspendió el funcionamiento de sus cámaras y cubrió los dispositivos después de que una revisión interna detectara miles de consultas externas relacionadas con inmigración. Las búsquedas vulneraron las normas municipales sobre el uso de la plataforma.

Flock declaró a CNN que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no mantienen contratos directos con la compañía ni cuentan con un acceso secreto a su base.

Sin embargo, investigaciones periodísticas y documentos examinados por el senador demócrata Ron Wyden revelaron que Flock habilitó durante 2025 una prueba piloto con organismos federales. La empresa afirmó que el programa estaba orientado a casos de tráfico de personas y fentanilo y que fue cancelado después de que surgieran cuestionamientos sobre su alcance.

La Electronic Frontier Foundation (EFF, por sus siglas en inglés) centró su advertencia en las listas de vehículos buscados que se comparan automáticamente con las matrículas captadas. En junio de 2026, la organización informó que una de esas listas, denominada “Immigration Violator”, contiene datos incorporados exclusivamente por el ICE y puede incluir matrículas asociadas con órdenes administrativas emitidas por esa agencia sin revisión judicial.

Por ese motivo, el reclamo de la EFF no se limita a conocer quién efectúa una búsqueda manual. La organización también pide examinar qué listas están activadas en cada sistema, qué organismo incorpora las matrículas y qué agencias reciben una alerta cuando un vehículo registrado pasa frente a una cámara.

• En 2025 el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington analizó registros públicos de departamentos policiales que utilizaban Flock Safety en ese estado. Su informe determinó que al menos ocho agencias locales habilitaron durante 2025 el intercambio directo de sus redes con la Patrulla Fronteriza.
• Las agencias identificadas fueron la Oficina del Sheriff del condado de Benton y los departamentos de policía de Arlington, Auburn, Lakewood, Richland, Sunnyside, Wenatchee y Yakima. Según el informe, esa configuración permitió que la Patrulla Fronteriza consultara datos captados por las cámaras locales.
• Los investigadores encontraron además búsquedas de la Patrulla Fronteriza en los registros de al menos diez departamentos que no habían autorizado expresamente el intercambio con esa agencia. Las consultas se realizaron entre mayo y agosto de 2025 y utilizaron motivos como “USBP”, “USBP/HSI”, “immigration”, “investigation” y “targeting”.
• El informe no pudo determinar con precisión cómo la Patrulla Fronteriza obtuvo acceso a todas esas redes. Los investigadores plantearon dos posibilidades: un acceso nacional habilitado desde la plataforma o la activación de una función de búsqueda nacional por parte de los departamentos locales.

• También documentaron búsquedas efectuadas por policías locales a pedido de organismos migratorios. El 23 de mayo de 2025, por ejemplo, un usuario de la Oficina del Sheriff del condado de Yakima realizó dos consultas y escribió “ICE” como motivo. Esas búsquedas alcanzaron 89 redes a las que el departamento tenía acceso.
• A partir de esos hallazgos, el Centro de Derechos Humanos advirtió que todavía existen dudas sobre la capacidad de los usuarios para comprender y controlar quién accede a sus redes. También señaló que los portales de transparencia y los informes de intercambio no siempre mostraban todas las agencias que posteriormente aparecían en los registros de búsquedas.