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La Corte Suprema define si el ICE puede aplicar detención obligatoria sin audiencia de fianza a inmigrantes en EE.UU.
El máximo tribunal de EE.UU. evaluará una controvertida reinterpretación de la ley migratoria promovida por la administración Trump, que busca mantener bajo arresto sin fianza a inmigrantes que ya residen en el país mientras avanza su proceso
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LA NACION
La Corte Suprema de Estados Unidos podría incorporar a su nuevo período de sesiones un caso que determinaría hasta dónde llega la autoridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para aplicar la detención obligatoria. La controversia surgió después de que el gobierno modificara la interpretación de una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
La Corte Suprema decide: disputa por las detenciones sin fianza del ICE
El cambio comenzó en julio de 2025, cuando el ICE adoptó una nueva postura sobre la aplicación de la legislación migratoria. La medida extendió el alcance de una norma que tradicionalmente fue utilizada principalmente para personas que llegaban a la frontera o ingresaban al país norteamericano.
Con la nueva interpretación, el gobierno de Donald Trump considera que una persona que cruzó la frontera sin inspección puede conservar la condición jurídica de “solicitante de admisión” aunque posteriormente haya permanecido durante años en territorio estadounidense. Esto permite aplicar el régimen de detención establecido en la sección 1225(b)(2)(A) de la INA.
Bajo esa interpretación, esas personas quedarían sujetas a detención obligatoria mientras avanza su proceso migratorio y no podrían solicitar una audiencia de fianza.
La diferencia resulta relevante porque otro régimen, contemplado en la sección 1226(a), permite que determinados inmigrantes detenidos dentro del país norteamericano soliciten una audiencia ante un juez para determinar si pueden quedar en libertad bajo fianza.
La aplicación de una u otra disposición se convirtió en el centro de la disputa judicial.
Qué podría definir la Corte Suprema sobre la detención sin fianza
Si la Corte Suprema acepta revisar el caso, deberá analizar si la legislación permite aplicar la detención obligatoria a inmigrantes que ya se encuentran dentro de EE.UU. y que ingresaron originalmente sin pasar por una inspección migratoria.
La administración Trump sostuvo que la detención sin fianza contribuye a evitar fugas y facilita la ejecución de las órdenes de deportación.
Los abogados que cuestionan la política argumentaron que la interpretación amplía el alcance de una norma que durante décadas tuvo una aplicación diferente.
“No existe otro contexto en el que el gobierno pueda detener indefinidamente a personas dentro del país, sin motivo alguno”, señaló Suchita Mathur, abogada litigante sénior del American Immigration Council, a The Marshall Project.
De acuerdo con Reuters, el caso podría formar parte de un período de sesiones en el que también aparecen otros asuntos de alcance nacional. Entre ellos se encuentran la regulación federal de los mercados de predicción y una disputa constitucional relacionada con una ley de Texas que exige exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.
La Corte Suprema suele escuchar argumentos en aproximadamente 70 casos durante cada período y ya había aceptado cerca de dos docenas para el nuevo ciclo.
La decisión sobre si incorporar la controversia migratoria determinará si el tribunal interviene en una disputa que generó criterios enfrentados en los circuitos federales.
Detenciones del ICE sin fianza: las diferentes decisiones judiciales
La interpretación del gobierno federal provocó miles de impugnaciones en tribunales federales. Según los datos incluidos en los casos judiciales, retomados por The Marshall Project, alrededor de 20.000 peticiones de habeas corpus fueron presentadas durante el último año y más de 500 jueces federales de distrito emitieron decisiones contrarias a la posición de la administración Trump.
La controversia también llegó a los tribunales de apelación. Nueve de los 11 circuitos federales rechazaron la interpretación defendida por el ICE.
Entre ellos se encuentran el Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y Noveno Circuito, que determinaron que la situación de quienes ya viven dentro del país norteamericano debe distinguirse de la de quienes se encuentran en el ingreso por la frontera.
En esos fallos, los tribunales también consideraron las garantías del debido proceso previstas por la Quinta Enmienda. En términos generales, sostuvieron que los inmigrantes afectados deben tener la posibilidad de que un juez de inmigración evalúe individualmente si corresponde concederles la libertad bajo fianza.
Sin embargo, la posición no fue unánime. El Quinto y el Octavo Circuito concluyeron que la categoría de “solicitante de admisión” puede aplicarse también a personas detenidas dentro del territorio estadounidense cuando ingresaron originalmente sin inspección.
Esta diferencia entre los tribunales federales creó una división de criterios que puede justificar la intervención de la Corte Suprema.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó que el máximo tribunal revise el conflicto y determine cuál interpretación debe prevalecer en todo el país norteamericano.
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