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Qué información deberán reportar los DMV y las universidades estatales por el nuevo frente migratorio
La directiva del DOJ alcanza también a todas las agencias de los gobiernos estatales que participen en TANF y SSI; deben cumplirse ciertas condiciones para que se compartan los datos
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LA NACION
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió un nuevo dictamen jurídico que interpreta que todas las entidades gubernamentales de los estados, entre ellas los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) y las universidades estatales, deben informar a las autoridades federales sobre personas sin presencia legal en el país.
Cómo afecta el nuevo frente migratorio a los DMV y las universidades
La medida también afecta a los estados que participan en los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
El 1° de septiembre, la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del DOJ emitió un dictamen que retiró una interpretación vigente desde 1998 y adoptó una lectura más amplia del término “Estado” bajo la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996.
El documento establece que la obligación de informar sobre personas en situación migratoria irregular a las autoridades federales no recae únicamente en las agencias que administran programas de bienestar, sino en todas las entidades y dependencias dentro de una jurisdicción participante.
“El Congreso redactó este requisito con claridad”, declaró el Fiscal General Adjunto T. Elliot Gaiser, de la Oficina de Asesoría Legal del DOJ, en un comunicado. “Cuando un estado decide participar en el programa TANF, acepta la obligación de informar sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos”, agregó.
En ese sentido, Joshua Craddock, fiscal general adjunto asociado de la Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ y autor del dictamen, sostuvo que la aclaración no impone nuevas obligaciones a los estados. “Simplemente restablece el significado original de la ley promulgada por el Congreso y garantiza que el DHS reciba la información a la que tiene derecho legalmente”, afirmó.
Asimismo, el DOJ advirtió que el incumplimiento puede tener consecuencias para los estados que reciben fondos de TANF, incluida la posible pérdida de financiación del programa.
Qué información deberán reportar las universidades y los DMV al DHS
Los estados que reciben subvenciones en bloque de TANF (aproximadamente 16,5 mil millones de dólares anuales) deben proporcionar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el nombre, la dirección y otra información de identificación de cualquier individuo que sepa que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
Asimismo, establece la obligación de realizar esta acción al menos cuatro veces al año o cuando el DHS lo solicite.
Por otra parte, la Sección 404(d) (Vivienda Pública - HUD) impone a las agencias de vivienda pública que celebran contratos de asistencia bajo las secciones 6 u 8 la obligación de reportar información similar al DHS.
Cuándo las universidades y los DMV deberán compartir información con el DHS
La obligación se activa únicamente cuando la agencia correspondiente sepa que un individuo se encuentra ilegalmente en EE.UU..
Según el texto, una agencia tiene este “conocimiento” si cuenta con conciencia o advertencia de la situación, sin necesidad de que exista una orden formal de deportación de un tribunal de inmigración.
Este conocimiento se adquiere de forma directa en los siguientes casos:
- Si el DHS notifica formalmente a la institución que la persona carece de estatus legal.
- Si el propio individuo admite ante la institución que ingresó ilegalmente y no tiene base legal para estar en el país.
- Si la institución recibe registros de inmigración que demuestran que el estatus legal de la persona expiró o fue revocado.
- Si la persona presenta documentos que reflejan la ausencia de un estatus legal a simple vista.
El DOJ aclaró que la opinión se aplica de forma prospectiva, por lo que los estados no enfrentarán sanciones retroactivas por haberse basado en la interpretación de 1998.
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