Reforma migratoria sin ciudadanía: la pregunta de un influencer latino que reabrió el debate sobre millones de extranjeros

El activista Carlos Eduardo Espina reabrió el debate sobre una reforma migratoria sin ciudadanía. A través de sus redes sociales, preguntó si los inmigrantes indocumentados que llevan años trabajando y pagando impuestos en Estados Unidos aceptarían un estatus legal con la condición de no votar nunca. Se trata de una consulta hipotética, sin un proyecto de ley detrás.

Espina tiene 27 años, vive en Houston y suma más de 20 millones de seguidores, según Factchequeado. Al día siguiente de la pregunta, escribió en X que la había repetido en Facebook.

Según su relato, en 20 horas esa publicación acumuló 2,3 millones de visualizaciones y casi 6000 comentarios, en su mayoría favorables. Esas cifras corresponden a interacciones en redes sociales y no provienen de una muestra representativa, según reportó Telemundo Houston.

La ley federal ya prohíbe a toda persona sin ciudadanía votar en elecciones federales, según el artículo 611 del Título 18 del Código de Estados Unidos. La prohibición incluye a los titulares de green card. Las únicas excepciones son los comicios locales que una norma estatal o municipal abra a extranjeros, siempre que se voten por separado.

Por eso, el efecto práctico de la pregunta recae sobre la naturalización. Hoy, un residente permanente puede solicitar la ciudadanía después de cinco años, o de tres si está casado con un ciudadano, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Los hijos nacidos en el país conservarían su ciudadanía. En junio de 2026, la Corte Suprema anuló la orden ejecutiva que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento.

Esa preferencia por la permanencia tiene antecedentes. En 2013, el Pew Reserch Center encontró que el 55% de los hispanos priorizaba que los indocumentados pudieran vivir y trabajar legalmente sin amenaza de deportación. Un 35% anteponía una vía a la ciudadanía. Entre los hispanos nacidos en el extranjero, la relación fue de 61% contra 27%. Aquel sondeo no preguntó por una renuncia permanente al voto.

El proyecto H.R. 4393, más conocido como Dignity Act, lo impulsan la republicana María Elvira Salazar y la demócrata Veronica Escobar. Crea un Programa Dignidad para indocumentados que estén en el país desde antes del 31 de diciembre de 2020. Según el resumen de la oficina de Salazar, exige antecedentes penales limpios y el pago de los impuestos adeudados, además de estas condiciones:

• Pagar 7000 dólares de restitución en siete años y presentarse cada dos años ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
• No recibir beneficios federales que dependan del nivel de ingresos.
• Al terminar el programa, solicitar un Estatus Dignidad que puede renovarse sin límite e incluye permiso de trabajo y de viaje.
• Ninguna de las dos etapas abre una vía hacia la residencia permanente o la ciudadanía.

La hoja informativa del proyecto aclara que participar no conduce a la ciudadanía ni a la posibilidad de votar. El alcance sería amplio. Pew estimó en 14 millones la población indocumentada en 2023, y sus datos preliminares apuntan a un descenso en 2025.

La iniciativa tiene 39 copatrocinadores, 20 demócratas y 19 republicanos, según GovTrack, y sigue pendiente. El 119º Congreso termina el 3 de enero de 2027 y los proyectos que no se aprueban caducan con él. Por eso, la Ley Dignidad tendría que volver a presentarse en la próxima legislatura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.