Sherrill la firmó: qué dice la nueva orden ejecutiva contra las “tarifas basura” en Nueva Jersey
Agencias estatales deberán identificar cargos ocultos, evaluar contratos públicos y presentar recomendaciones a más tardar el 14 de septiembre
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LA NACION
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó una orden ejecutiva que inicia una revisión estatal destinada a formular medidas contra las llamadas “tarifas basura”, cargos ocultos o inesperados que elevan el precio final de productos y servicios y que, según las autoridades estatales, agravan la crisis de asequibilidad que enfrentan millones de familias.
Orden Ejecutiva 19: qué deben revisar las agencias de Nueva Jersey sobre los cargos ocultos
La decisión quedó formalizada a través de la Orden Ejecutiva 19, firmada el 15 de junio. Según explicó la gobernación en un comunicado oficial, todos los organismos estatales deberán analizar los sectores económicos que supervisan para detectar la presencia de estas tarifas y evaluar su impacto en la población.
El objetivo es que las distintas agencias elaboren propuestas concretas para reducir o eliminar estos cargos mediante cambios regulatorios o legislativos.
La propia Mikie Sherrill también se refirió a la iniciativa a través de su cuenta oficial en X. “Las tarifas basura, esos cargos ocultos que las empresas agregan a las facturas, se acumulan rápidamente. Acabo de firmar una orden ejecutiva para reducirlas y eliminarlas, y seguiré en la lucha para hacer la vida más asequible para los habitantes de Nueva Jersey”, escribió.
Desde la gobernación remarcan que los consumidores merecen conocer desde un principio cuánto deberán pagar y que los precios anunciados no deberían modificarse con costos adicionales inesperados.
Tarifas basura en Nueva Jersey: qué informes deberán entregarse a más tardar el 14 de septiembre
La nueva orden ejecutiva establece que, antes del 14 de septiembre, todos los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo deberán presentar un informe ante la oficina de la gobernadora.
Entre los puntos que deberán incluirse aparecen:
- Un diagnóstico sobre cuáles son las tarifas basura más frecuentes y cómo afectan a los consumidores.
- Propuestas regulatorias para reducirlas o eliminarlas.
- Medidas para implementar sistemas de precios totalmente transparentes.
- Recomendaciones adicionales que ayuden a terminar con estos recargos.
Uno de los conceptos centrales de la iniciativa es impulsar el denominado “all in pricing”, un sistema mediante el cual el precio mostrado al consumidor debe reflejar el costo final que terminará por pagar, lo que evitaría sorpresas durante el proceso de compra.
Jennifer Davenport advierte qué cobros pueden violar la Ley de Fraude al Consumidor
La estrategia no se limita a la orden ejecutiva. La fiscal general Jennifer Davenport y la División de Asuntos del Consumidor publicaron una declaración oficial de cumplimiento en la que detallan qué prácticas podrían constituir una violación de la legislación estatal.
Además, lanzaron una campaña educativa denominada “Fight the Fees”, destinada a incentivar a los residentes a denunciar este tipo de cobros.
“Estamos intensificando nuestra lucha contra estas tarifas y pedimos a cualquiera que haya experimentado una de ellas en Nueva Jersey que comparta su experiencia con nosotros”, afirmó Davenport en el comunicado.
Cargos ocultos en Nueva Jersey: las cuatro prácticas bajo la lupa de las autoridades
La declaración publicada por la fiscal general enumera algunas de las modalidades más frecuentes detectadas en el mercado. Entre ellas figuran:
- Publicitar un precio inicial y agregar cargos obligatorios más adelante en el proceso de compra.
- Ocultar costos en letra pequeña o diseñar sitios web y aplicaciones para dificultar su visualización.
- Presentar información engañosa sobre el propósito o la obligatoriedad de un cargo.
- Utilizar términos ambiguos para justificar tarifas excesivas o servicios que aportan poco o ningún beneficio.
Las autoridades sostienen que este tipo de conductas puede vulnerar la Ley de Fraude al Consumidor de Nueva Jersey, una de las normativas de protección al consumidor más sólidas del país norteamericano, según consignaron.
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