El complicado panorama de los migrantes que se dedican a este trabajo en Nueva York

Las calles de Nueva York han sido durante décadas el hogar de miles de vendedores ambulantes, la mayoría de ellos migrantes que ven en esta actividad su única fuente de ingresos. Sin embargo, con la aprobación de la Proposición 2, el refuerzo de las políticas migratorias del alcalde Eric Adams y las promesas del presidente electo Donald Trump, este grupo enfrenta una nueva ola de desafíos legales y sociales que amenaza su sustento.

La mencionada Proposición 2, aprobada el pasado 5 de noviembre por los votantes neoyorquinos, otorga mayores facultades al Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) para la limpieza y regulación de las calles. Si bien la medida fue presentada como un esfuerzo para mantener la ciudad más limpia, organizaciones defensoras de los derechos de los vendedores ambulantes advierten que su implementación podría convertirse en un mecanismo para reforzar el control y las sanciones hacia estos trabajadores, en especial aquellos sin licencia.

Según indicó el Street Vendor Project, se estima que unos 23.000 vendedores ambulantes operan en Nueva York, de los cuales el 96% son inmigrantes provenientes de países como México, Ecuador, Egipto y Senegal. Cabe destacar que, aunque existen licencias para vender en la calle, la obtención de las mismas es un obstáculo insuperable para muchos, debido a los cupos limitados y la falta de nuevas oportunidades de regularización.

En paralelo, bajo la administración de Adams, se han intensificado los operativos en zonas comerciales como Roosevelt Avenue, en Queens. Iniciativas como la llamada “Operación Restaurar Roosevelt” han llevado a la participación coordinada de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) y el DSNY en el retiro de mercancías, carritos y puestos callejeros.

Para algunos vendedores, estas acciones han significado pérdidas económicas irreparables. De acuerdo a testimonios publicados por Documented, en muchas ocasiones las pertenencias confiscadas no son devueltas, lo que deja a los afectados sin recursos para continuar con su trabajo.

En el ámbito federal, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos plantea un panorama aún más restrictivo para los inmigrantes. Durante su campaña, las promesas de deportación masiva y el endurecimiento de los controles migratorios generaron un ambiente de temor que persiste en comunidades vulnerables como la de los vendedores ambulantes.

Si bien las medidas de Adams están orientadas a cuestiones locales, su aplicación podría ser utilizada como precedente para reforzar políticas federales más amplias. Los activistas señalan que la falta de alternativas para la obtención de permisos, sumada a la criminalización de estas actividades, refuerza una narrativa de exclusión que impacta directamente en las vidas de miles de familias inmigrantes.

Por su parte, las organizaciones que trabajan en defensa de los vendedores ambulantes sostienen que el problema va más allá de la regulación municipal. Argumentan que la solución radica en abrir nuevas vías para que los trabajadores puedan formalizarse y contribuir de manera activa a la economía local sin miedo a represalias. Además, critican el uso de recursos públicos para operativos que consideran desproporcionados, mientras persisten problemas estructurales como la falta de vivienda asequible y el acceso limitado a servicios básicos.