El drama de los niños migrantes en Nueva York: el contrato vencido que los dejó frente al gobierno sin abogado

En Nueva York, decenas de niños migrantes enfrentan en solitario procesos judiciales frente al gobierno de Estados Unidos debido a que expiró un contrato que les proporcionaba servicios legales. Aunque luego fue renovado, los menores no acompañados continuarán sin un abogado hasta el próximo 15 de agosto, la fecha en la que entra en vigor.

El viernes 31 de julio expiró un contrato federal de 200 millones de dólares que proporcionaba servicios legales a más de 24.000 niños en todo el país. Días más tarde, la administración del presidente Donald Trump anunció un nuevo acuerdo por US$150 millones, pero recién entrará en vigor el 15 de agosto, por lo que los menores permanecerán sin representación hasta esa fecha.

Además, el nuevo contrato, firmado con Burke Law Group, de Texas, solo otorgará abogados a niños elegibles mientras permanecen bajo custodia de la Office of Refugee Resettlement (ORR).

El término de “menores no acompañados” alude a las personas que tenían menos de 18 años al ingresar a Estados Unidos sin padres ni tutores legales. El miércoles 5 de agosto, decenas de jóvenes se presentaron a audiencias virtuales ante el tribunal de inmigración presidido por la jueza de inmigración Lisa Ling, en el centro de Manhattan, en Nueva York.

Según informó Gothamist, la mayoría de los menores carecía de abogado y se enfrentaba por su cuenta a los letrados del gobierno. En uno de los casos, Ling reprendió a una joven por no presentar la solicitud de asilo a tiempo. “Anteayer iba a ponerme en contacto con un abogado, pero no me llamaron”, explicó en español, a través de un intérprete.

Durante las audiencias del miércoles, la jueza de inmigración exigió a los menores presentar solicitudes de asilo completas y en inglés. Para hacer énfasis, advirtió que sin estos documentos o alguna otra forma de alivio migratorio, podría ordenar su deportación.

“Entiendo que es difícil. Pero con o sin abogado, debe completar esa solicitud en inglés”, expresó Ling a uno de los jóvenes. En algunos de los casos, los defensores de los derechos de los niños les explicaron que los abogados no podían representarlos por falta de fondos.

Un asesor de los menores que se representaban a sí mismos compareció como “amigo de la corte” y señaló que pasarían aproximadamente tres semanas antes de que el nuevo contrato entrara en vigor y se les asignara un abogado a cada uno.

Otro de los casos involucra a un niño que solo habla Kʼicheʼ (un idioma indígena de Centroamérica). La jueza le ordenó que regresara dentro de tres semanas con una solicitud de asilo completa.

“No sé cómo rellenarlo. No sé si me puedes ayudar a rellenarlo”, expresó el niño mediante un traductor. Como respuesta, Ling le dijo que no podía ayudarlo, tras lo que le recomendó que buscara a una persona de confianza que hablara inglés y kʼicheʼ.

La falta de abogado suma otro problema al proceso judicial que enfrentan los menores de edad en EE.UU. Bajo la administración actual, los plazos para las audiencias se acortaron drásticamente. Mientras que anteriormente los casos se programaban con un margen de tres a seis meses, la jueza Ling está fijando nuevas fechas en cuestión de semanas.

Organizaciones sin fines de lucro, como The Door, que brinda representación legal en materia de inmigración a menores no acompañados, cuestionaron estos plazos. “No hay tiempo suficiente para encontrar un abogado, establecer una buena relación con él, evaluar las posibilidades de obtener una exención, presentar una solicitud y luego aportar la prueba de la misma”, manifestó Jessica Richardson, abogada de la organización.

Faiza Ali, comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía de Zohran Mamdani, asistió a las audiencias y expresó su preocupación por la situación de los niños. “Se da una combinación de tácticas federales cada vez más agresivas, sumada a la expiración de un contrato federal, lo que agrava la crisis de los menores no acompañados”, indicó.