Hochul pide explicaciones al DHS: “Está construyendo en secreto la infraestructura necesaria para detener más personas”

El debate por la ampliación de la infraestructura destinada a la detención de migrantes volvió a instalarse en Nueva York luego de que la gobernadora Kathy Hochul enviara una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin. En el documento reclamó explicaciones sobre tres proyectos federales que, según sostuvo, avanzan sin información previa a las autoridades estatales y municipales.

Las iniciativas corresponden a instalaciones ubicadas en Rochester, Batavia y Newburgh. Hochul pidió conocer la ubicación definitiva de cada obra, la capacidad prevista, el origen de los fondos utilizados y la normativa bajo la cual se desarrollan.

“Usted ha prometido repetidamente coordinarse con las comunidades locales. Eso no es lo que está sucediendo”, señaló Hochul en su carta dirigida a Mullin. “En lugar de centrarse en los casos más graves, su administración detiene a vecinos y compañeros de trabajo, separando familias y construyendo en secreto la infraestructura necesaria para detener a aún más personas”, agregó.

Uno de los casos señalados es el del edificio federal Kenneth B. Keating, en Rochester, donde se proyecta la instalación de celdas de detención. Según la gobernadora, el inmueble también alberga un tribunal federal y una guardería, situación que motivó objeciones de funcionarios locales y representantes políticos.

“El gobierno federal ignoró a nuestra comunidad, eludió preguntas básicas y decidió seguir adelante con este proyecto de todos modos”, dijo el representante estadounidense Joe Morelle. “Se negaron a abordar las preocupaciones sobre el impacto que esta instalación tendrá en las familias y los niños que usan este edificio todos los días”, agregó.

En Batavia, el foco está puesto en la ampliación del Centro Federal de Detención de Buffalo mediante la incorporación de aproximadamente 100 camas. “Este lugar ya se encontraba superpoblado”, dijo la gobernadora al secretario del DHS.

El tercer proyecto se desarrolla en Newburgh, donde el gobierno federal habría alquilado un depósito ubicado en Corporate Boulevard para convertirlo en un centro de detención migratoria. Según las autoridades locales, el acuerdo fue concretado sin consultas previas con el municipio ni con el condado.

En su carta, la gobernadora preguntó si estas iniciativas contradicen el compromiso atribuido al presidente Donald Trump de no ampliar las operaciones migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York sin una solicitud expresa del gobierno estatal. “Mi política de siempre ha sido que cooperaremos con las fuerzas del orden cuando se hayan cometido delitos, pero esta agresión contra los neoyorquinos que respetan la ley debe cesar”, señaló.

Además de solicitar respuestas por escrito, la gobernadora pidió mantener una reunión con el secretario del DHS para abordar el alcance de los proyectos y establecer un mecanismo de mayor transparencia. La mandataria afirmó que los planes fueron conocidos a través de publicaciones periodísticas y registros de contratación pública, y no mediante una comunicación oficial.

“Los neoyorquinos, como todos los estadounidenses, merecen respuestas honestas sobre lo que su gobierno federal está haciendo en sus comunidades”, escribió Hochul: “Exijo que su departamento brinde esa transparencia”.

Las autoridades de Newburgh anunciaron que evalúan iniciar una demanda tras conocerse el contrato de arrendamiento del inmueble donde funcionaría el nuevo centro de detención. La Junta Municipal incorporó además una resolución formal de rechazo al uso del edificio con ese fin.

“No hay lugar para la presencia de ICE en Newburgh, Chester, el condado de Orange ni el valle del Hudson”, dijo el demócrata que representa al distrito congresional número 18 de Nueva York, Pat Ryan, según Spectrum News 1. “Seguimos esperando conocer todos los detalles; la administración no ha proporcionado ninguna transparencia ni comunicación al respecto”, señaló.

Los legisladores que representan a la región manifestaron su oposición y reclamaron información oficial sobre el destino de las instalaciones. La controversia se suma a otros cuestionamientos planteados en distintos puntos del estado respecto del avance de nuevas obras vinculadas con la política migratoria federal.

El congresista Tim Kennedy solicitó al DHS que suspenda la construcción prevista en Batavia hasta responder una serie de consultas sobre el proyecto. Entre ellas, pidió detalles sobre el presupuesto, el cronograma de ejecución, la infraestructura médica, el personal necesario y la población que sería alojada en el establecimiento.

Asimismo, requirió información sobre la cantidad de personas actualmente detenidas en el centro, el porcentaje que tiene antecedentes penales y los documentos administrativos que respaldaron la decisión de ampliar la capacidad del complejo. “Me preocupa que un nuevo centro en Batavia priorice la construcción rápida de instalaciones sobre la obligación del DHS de garantizar que cada persona bajo su custodia sea mantenida de manera segura, humana y digna”, indicó en un comunicado.

Desde el DHS, sostuvieron que las nuevas instalaciones en Batavia permitirán desarrollar las tareas de control migratorio en condiciones seguras y conforme a los estándares nacionales de detención. “Al igual que en todos los centros de detención de ICE, los detenidos tendrán acceso a atención médica integral, servicios de salud mental, asistencia legal, adaptaciones religiosas, actividades recreativas y otros servicios necesarios”, dijo la agencia en un comunicado retomado por Spectrum News 1.