Kathy Hochul contra el fin del TPS: “Obligará a Nueva York a rescindir el empleo de esenciales”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, manifestó su rechazo a la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de avanzar con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para beneficiarios de distintas nacionalidades. En una carta dirigida al secretario del organismo, Markwayne Mullin, sostuvo que la medida tendrá efectos sobre los trabajadores que actualmente cuentan con protección legal en Estados Unidos.

La mandataria vinculó el cambio migratorio con la prestación de servicios básicos. En particular, advirtió que el sector sanitario podría enfrentar dificultades ante la salida de trabajadores que atienden a adultos mayores y a otras personas que necesitan asistencia.

“La insensibilidad de poner fin abruptamente al TPS para personas con estatus legal, incluyendo la reciente cancelación para los haitianos y la próxima cancelación para los salvadoreños, obligará a Nueva York a rescindir el empleo de trabajadores esenciales”, dijo la gobernadora en la carta. “Esto pone en riesgo su sustento y potencialmente su seguridad”, aseguró.

Según planteó Hochul, el problema también alcanzará a empresas privadas que dependen de beneficiarios de este programa. Para la gobernadora, la pérdida del TPS no afectará únicamente a quienes tienen ese estatus, sino también a las comunidades y empleadores donde trabajan.

“Durante generaciones, Nueva York recibió a quienes huyen de desastres o persecución y buscan un futuro mejor. A través de nuestra Oficina para Nuevos Americanos, mi administración ha brindado apoyo a miles de neoyorquinos con asistencia para la solicitud del TPS y representación legal”, aseguró.

“Nueva York mantiene su compromiso de apoyar a los beneficiarios y seguirá haciendo todo lo posible para proteger a la comunidad inmigrante”, señaló.

De acuerdo con la información oficial, el gobierno de EE.UU. puso fin al TPS para ciudadanos de Afganistán, Camerún, Somalia, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen. Las decisiones fueron adoptadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump y alcanzaron a más de un millón de beneficiarios.

“La terminación del Estatus de Protección Temporal es ahora efectiva para los siguientes países. Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o sea deportado”, dijo el DHS en redes sociales. El gobierno presentó la denominada autodeportación como una alternativa para facilitar el retorno, con asistencia de viaje, condonación de determinadas multas y un incentivo económico de US$2600 mediante la aplicación CBP Home.

Hasta mediados de agosto, cuatro nacionalidades mantenían el TPS:

• El Salvador
• Ucrania
• Sudán
• Líbano

Según los datos citados por Pew Research Center, el grupo incluía 170.100 salvadoreños, 101.200 ucranianos, 1800 sudaneses y 140 libaneses. Todas estas designaciones tienen fechas de vencimiento antes de finalizar el año en curso.

El análisis, elaborado a partir de información federal, indicó que cuando Trump asumió nuevamente la presidencia en enero de 2025 había 17 países con designaciones de TPS. Desde entonces, su administración terminó el programa para 11 nacionalidades y avanzó con la cancelación para otras dos.

Entre los grupos afectados figuran:

• 334.900 haitianos
• 268.200 venezolanos bajo la designación de 2021 y otros 348.200 bajo la de 2023
• 51.000 hondureños
• 8100 afganos
• 7200 nepaleses
• 6100 sirios

Hochul sostuvo que el objetivo original del TPS es evitar que personas sean enviadas a países donde existen condiciones que impiden un retorno seguro. Por ese motivo, pidió al gobierno federal revisar las decisiones adoptadas.

“Les insto una vez más a que restablezcan por completo el TPS para quienes no pueden regresar debido a la extrema inestabilidad, la violencia y las crisis en los países donde se aplica dicho estatus”, dijo la mandataria. “Estas personas han contribuido enormemente a nuestras comunidades y a nuestra economía, y han ayudado a definir el carácter de nuestro estado”, aseguró.

La gobernadora también sostuvo que el gobierno federal todavía puede modificar el rumbo de estas decisiones. Su pedido se centra en mantener la protección para quienes enfrentan condiciones de violencia, inestabilidad extrema o crisis humanitarias.