Remesas desde Nueva York: el acuerdo que protege los envíos de dinero a México y otros cinco países

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció un acuerdo alcanzado por el Departamento de Servicios Financieros y la Fiscalía General que dará nuevas garantías a los usuarios de servicios de envío de dinero si Western Union concreta la compra de Intermex. El esquema obliga a preservar puntos de atención, destinos y límites para los aumentos de tarifas durante tres años. Sin embargo, esas condiciones dependen del cierre de la adquisición, que todavía enfrenta un obstáculo regulatorio.

Según anunció la Oficina de la gobernadora de Nueva York, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés) aprobó la adquisición con compromisos para Western Union. La compañía deberá mantener su presencia física en los códigos postales donde opere Intermex al momento del cierre y conservar los servicios minoristas hacia seis países.

El convenio también limita los aumentos de tarifas a niveles que acompañen la inflación durante tres años. Western Union deberá presentar reportes al DFS y financiar una auditoría independiente un año después del cierre. Por su parte, la Fiscalía General podrá iniciar acciones o extender las condiciones si detecta una infracción.

La Fiscalía General de Nueva York precisó que las condiciones especiales alcanzan los envíos desde el estado hacia Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.

Western Union no podrá reducir durante tres años los servicios disponibles para esos corredores. Además, deberá mantener al menos la misma presencia física en los códigos postales donde Intermex opere al momento del cierre, y esas ubicaciones pasarán a ofrecer los servicios bajo la marca de Western Union.

La dimensión de ambas redes explica el alcance de la medida. Western Union cuenta con alrededor de 3000 agentes autorizados en Nueva York y permite transferencias a más de 200 países y territorios. Intermex atiende a más de 6000 consumidores neoyorquinos por año, opera con más de 60 destinos y tiene locales en Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, el condado de Westchester y Long Island.

La medida de Nueva York también se inscribe en un escenario más amplio para los migrantes que envían dinero a sus familias en América Latina. En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump avanzó con restricciones financieras a migrantes que pueden dificultar el acceso a determinados servicios bancarios y transferencias internacionales.

La medida de Hochul se da luego de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, enviara una carta oficial al DFS el 24 de abril, donde pidió que el organismo rechazara la compra de Intermex por Western Union, valuada en US$500 millones. Según el mandatario local, la adquisición tendría impactos negativos en cuanto a la competencia y al posible aumento de costos para las familias inmigrantes.

Asimismo, el documento presentó cifras sobre el peso de Intermex en los corredores con América Latina. La empresa casi triplicó su participación en ese mercado durante la última década. Controlaba alrededor del 20% del corredor Estados Unidos-México, 29% hacia Guatemala, 34% hacia Ecuador y 36% hacia Nicaragua. En República Dominicana, la cuota llegaba al 19%. A su vez, el monto promedio enviado por cada operación de Intermex era de US$441.

Mamdani también situó la disputa dentro de un escenario federal más costoso para determinados remitentes. El impuesto a las remesas del 1% se aplica desde 2026 a ciertas transferencias financiadas con efectivo, giros postales o cheques de caja. La carta del alcalde mencionó ese gravamen como una presión adicional sobre comunidades que dependen de estos servicios.

Sin embargo, la adquisición todavía no se concretó. El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI, por sus siglas en inglés) suspendió el 13 de agosto de 2026 la extensión de una autorización que concedió el 31 de julio. Western Union e Intermex dijeron que el regulador necesitaba revisar otra vez la operación por el tiempo transcurrido y examinar su impacto sobre las actividades en California.

El DFPI aprobó originalmente el cambio de control el 11 de febrero de 2026. Así, las compañías dijeron que buscarán restablecer esa autorización y cerrar la operación después de resolver ese punto y cumplir las condiciones restantes. Mientras tanto, las condiciones de Nueva York solo regirán si la compra se concreta.