Nuevo objetivo del DHS en Estados Unidos: buscan a migrantes que cometan este delito

Un operativo masivo en Omaha, Nebraska, reveló el modus operandi de ciertos migrantes para trabajar en Estados Unidos. Allí, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detuvo a 76 trabajadores el 10 de junio en Glenn Valley Foods, tras una investigación de tres meses que destapó un esquema de fraude con documentos que impactó en más de 100 ciudadanos estadounidenses.

A raíz de ese hecho, el DHS confirmó a NBC News que la investigación sigue en curso. Ahora, buscan identificar a más migrantes con identidades falsas y desarticular a los intermediarios que vendieron las identidades robadas.

Según el agente especial Elhrick Cerdan, muchas víctimas perdieron acceso a ayudas como becas estudiantiles y seguros, o recibieron deudas y multas que no les correspondían porque sus ingresos aparecían inflados por los sueldos de los migrantes que usaron sus datos.

Cerdan explicó a NBC News que las víctimas de robo de identidad perdieron sus datos a través de estafas por mensajes, llamadas o sitios web fraudulentos. Luego, la información se vendió en la dark web a intermediarios que ofrecían esos documentos a migrantes para conseguir trabajo.

La auditoría laboral en la planta cárnica de Glenn Valley Foods reveló “una gran cantidad de identificaciones fraudulentas” y el uso de números de Seguro Social ajenos, lo que perjudicó económicamente a los ciudadanos afectados, en su mayoría de origen latino.

Chad Hartmann, presidente de la planta, afirmó que todos los empleados habían sido revisados mediante E-Verify, el sistema que depende del DHS y la Administración del Seguro Social (SSA) para certificar autorización laboral.

Sin embargo, Hartmann advirtió: “Ese sistema no detecta si alguien usa un documento falso. Eso necesita una solución”.

Cerdan se negó a responder sobre las limitaciones del sistema y aclaró que E-Verify está gestionado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, otra oficina dentro del DHS.

La operación duró cuatro horas e involucró a decenas de agentes federales, estatales y locales, quienes realizaron auditorías de autorización de empleo para cada trabajador de la planta. La organización Centro para el Avance de Inmigrantes y Refugiados brindó asistencia legal a la mayoría de los detenidos.

Anne Wurth, directora asociada, aseguró al medio que muchos “son personas trabajadoras” que enfrentan un sistema migratorio sin vías suficientes para regularizarse. “Estas personas esperan su día en la corte”, dijo Wurth, quien señaló que varios detenidos tienen audiencias de fianza previstas para el mes próximo.

De los 76 arrestados, más de una docena fue deportada o trasladada fuera del estado, y 63 permanecen detenidos en el Centro de Detención del Condado de Lincoln.

Siete personas enfrentan cargos penales: un empleado por falsa representación de un número de Seguro Social, un hondureño acusado de resistirse al arresto con un cúter y un mexicano por reingreso ilegal. Además, cuatro manifestantes, incluidos dos ciudadanos estadounidenses que trabajaban en la planta, fueron imputados por subirse a vehículos oficiales durante el operativo.