Oficial y confirmado: directrices del Uscis sobre cómo determinar la inadmisibilidad de migrantes por carga pública

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó el 18 de agosto las nuevas directrices sobre la inadmisibilidad de migrantes por carga pública. Los lineamientos explican cómo la agencia evaluará a quienes soliciten ajustar su estatus al de residente permanente legal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el 16 de julio una regla final que revoca las regulaciones de inadmisibilidad por carga pública aprobadas durante la administración de Joe Biden en 2022. La medida se publicó formalmente en el Registro Federal el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre.

La agencia indicó que la modificación responde a la intención del Congreso de que los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.

Así, la guía se aplicará a los formularios I-485 sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública que sean enviados por correo o presentados electrónicamente a partir del 18 de septiembre.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) no define el concepto de carga pública ni qué significa que una persona probablemente llegue a serlo. Sin embargo, establece que los funcionarios deben analizar cinco factores:

• Edad.
• Salud.
• Situación familiar.
• Bienes, recursos y condición financiera.
• Educación y habilidades.

Los agentes también podrán considerar el formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la INA. Este documento lo firma una persona que acepta utilizar sus recursos financieros para mantener al solicitante.

El Uscis revisará todas las pruebas pertinentes incluidas en el expediente y resolverá cada caso de acuerdo con la totalidad de las circunstancias. Las directrices orientan el ejercicio de la discreción de los funcionarios, pero no prescriben una decisión determinada.

Además de los cinco criterios legales, los agentes evaluarán la recepción de prestaciones sujetas a verificación de recursos, como:

• Asistencia monetaria para el mantenimiento de ingresos.
• Ayuda para vivienda.
• Cupones de alimentos.
• Asistencia financiera para estudios universitarios.
• Otros beneficios similares.

Todos los extranjeros que soliciten un ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes legales estarán sujetos a esta evaluación, salvo que pertenezcan a una categoría exenta. La disposición alcanza a:

• Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses.
• Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus descendientes.
• Cónyuges, hijos e hijas solteros de residentes permanentes legales.
• Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses, junto con sus cónyuges y descendientes.
• Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses.
• Prometidos de ciudadanos estadounidenses.
• Amerasiáticos nacidos desde el 31 de diciembre de 1950 y antes del 22 de octubre de 1982 que soliciten mediante una categoría de preferencia.
• Viudos y viudas de ciudadanos estadounidenses.
• Trabajadores prioritarios.

• Profesionales con títulos avanzados y extranjeros con habilidades excepcionales.
• Trabajadores calificados, profesionales y otros empleados.
• Inversionistas y trabajadores religiosos.
• Determinados empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjero.
• Empleados de la Zona del Canal de Panamá.
• Graduados de facultades de medicina extranjeras.
• Empleados jubilados de organizaciones internacionales.
• Personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
• Comunicadores internacionales.
• Diplomáticos o altos funcionarios que no puedan regresar a sus países bajo la Sección 13 de la Ley del 11 de septiembre de 1957.
• Inmigrantes del programa de visas de diversidad.
• Determinadas personas que ingresaron antes del 1° de enero de 1982.
• Testigos o informantes extranjeros.

El Congreso excluyó de esta causal a los siguientes grupos:

• Asilados y refugiados.
• Inmigrantes amerasiáticos al momento de su admisión.
• Intérpretes afganos e iraquíes y ciudadanos de esos países empleados por el gobierno estadounidense o en su nombre.
• Entrantes cubanos y haitianos que ajusten su estatus bajo la Sección 202 de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986.
• Solicitantes amparados por la Ley de Ajuste Cubano.
• Nicaragüenses y otros centroamericanos que tramiten la residencia permanente.
• Haitianos que ajusten su situación bajo la Ley de Equidad para los Inmigrantes y Refugiados Haitianos de 1998.
• Personas con permiso de permanencia temporal bajo el programa Lautenberg.
• Jóvenes inmigrantes especiales.
• Solicitantes de registro migratorio.

• Personas que pidan el Estatus de Protección Temporal.
• Determinados embajadores, ministros, diplomáticos y otros funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familias.
• Víctimas de trata de personas con estatus de no inmigrante T.
• Víctimas de actividades delictivas calificadas con estatus de no inmigrante U.
• Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer.
• Determinados extranjeros maltratados considerados “extranjeros calificados” bajo la ley de 1996 sobre responsabilidad personal y oportunidades laborales.
• Cónyuges, hijos o padres sobrevivientes de integrantes de las Fuerzas Armadas que cumplan los requisitos para recibir un beneficio migratorio.
• Indígenas estadounidenses nacidos en Canadá que no sean ciudadanos de Estados Unidos.
• Determinados integrantes de la Banda de Texas de los Indígenas Kickapoo de la Tribu Kickapoo de Oklahoma.
• Nacionales de Vietnam, Camboya y Laos amparados por la ley presupuestaria de programas de operaciones extranjeras de 2001.
• Polacos y húngaros con permiso de permanencia temporal.
• Determinados ciudadanos sirios.
• Solicitantes comprendidos por la Ley de Equidad para los Inmigrantes Refugiados Liberianos.

Si un funcionario concluye que un solicitante resulta inadmisible únicamente porque podría convertirse en carga pública, podrá invitarlo a presentar una fianza. Esta garantía puede consistir en un depósito en efectivo o en una caución emitida por una compañía certificada por el Departamento del Tesoro.

El agente establecerá el monto después de evaluar cuánta asistencia gubernamental podría recibir la persona durante los próximos cinco años. Si el solicitante cumple las instrucciones y presenta la garantía requerida, el Uscis podrá aprobar el ajuste de estatus y concederle la residencia permanente legal.