Quiénes son los indocumentados que pueden pedir una green card

En Estados Unidos, existe una medida conocida como la Ley del Registro, que puede ser el camino para algunos inmigrantes que ansían conseguir la green card o tarjeta verde, que otorga la residencia permanente. Sin embargo, hay un requisito importante: demostrar una estancia en el país durante más de 50 años sin antecedentes penales, ni ningún tipo de falta que ensucie el historial ante las autoridades.

El origen de la ley vigente en la actualidad se remonta a la Reforma Migratoria de 1986, aprobada durante la administración del entonces presidente Ronald Reagan y que permitió a 2,5 millones de indocumentados regularizar su estatus legal en EE.UU. Aunque la validez de esta amnistía sigue vigente hasta nuestros días, lo complicado es encontrar solicitantes elegibles que puedan presentar evidencias de una vida intachable durante más de medio siglo.

La abogada de inmigración y profesora de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, Lilia Velásquez, explicó que no es una ley que se use frecuentemente, pero es un hecho que puede ser una opción para algunas personas. “Son muy pocos los inmigrantes indocumentados que pueden acogerse y calificar. La empleé hace unos 30 años con algunos clientes que quedaron fuera de la Amnistía y desde entonces ya no”, relató en entrevista con Univision.

Aunque no se trata de un trámite complejo, la experta legal compara este proceso con encontrar “santos que han estado viviendo debajo de las piedras”. Debido a estas condiciones, Velásquez refirió que algunos políticos han intentado modificar el criterio para aligerar la carga de tiempo necesaria para beneficiar a más personas migrantes, pero hasta ahora “no han conseguido mover la fecha”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) explica en su sitio web que el Registro es una sección de la ley de inmigración que le permite solicitar la green card a ciertas personas que han estado presentes físicamente en el país desde el 1 de enero de 1972.

Si se cumple con este primer criterio, los solicitantes deben llenar el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus y cumplir las siguientes condiciones:

• Permanencia continua: se ha residido ininterrumpidamente en Estados Unidos desde que se entró.
• Carácter moral: el solicitante tiene manera de comprobar que ha sido una persona honesta.
• No estar dentro de los criterios de deportación conforme a la sección 237(a)(4)(B) de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA, por sus siglas en inglés)
• No ser inadmisible conforme a la sección 212(a)(3)(E) de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA, por sus siglas en inglés), lo que implica no haber cometido crímenes que puedan afectar su elegibilidad, haber estado involucrado en trata de personas, inmoral, subversivo, infractor de la ley de narcóticos o contrabandista extranjero.

Además, se deben proporcionar una serie de documentos para demostrar el cumplimiento de los criterios establecidos por la ley, entre los que se incluyen dos fotografías para pasaporte, una copia de una identificación emitida por el gobierno con foto, el certificado de nacimiento y, si son aplicables, copias de las páginas del pasaporte que muestren la visa de No Inmigrante y el sello de admisión, o bien, el Formulario I-94 de Registro de Entrada y Salida, que emite la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Aunque la inmigración en Estados Unidos es un tema que ha cobrado mayor relevancia en las últimas décadas, las leyes que permiten que las personas extranjeras obtengan la residencia permanente datan de hace casi 100 años. Según un análisis del American Immigration Council, la primera disposición original de registro (Registry Provision) fue creada desde 1929 y se aplicaba a cualquier no ciudadano que entró al país antes del 3 de junio de 1921 y que pudiera demostrar un “buen carácter moral”.

Estas reglas se modificaron en 1940 y la fecha de registro se adelantó al 1º de julio de 1924. Sin embargo, en 1958 se produjo una revisión más sustancial y no solo se adelantó la fecha de registro al 28 de junio de 1940, sino que se eliminó el requisito de que los no ciudadanos que cumplieran con las condiciones no estuvieran sujetos a deportación, de tal forma que solo se excluía a las personas a las que se había concedido previamente la condición de residente legal permanente o que eran inadmisibles en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.

Después de 1958, la fecha de registro se adelantó dos veces más. En 1965 se cambió al 30 de junio de 1948, y en 1986 se cambió por última vez al 1 de enero de 1972. Las leyes de inmigración de las décadas recientes han ampliado la lista de delitos que descalificarían a un no ciudadano para la elegibilidad de registro.

Una de las últimas iniciativas surgió en septiembre de 2021, tras el fracaso de lograr una reforma migratoria integral, cuando la Cámara de Representantes discutió una enmienda a la ley de presupuesto para modificar la fecha de registro y pasarla por lo menos desde 1992, lo que permitiría que miles de indocumentados calificaran para la residencia.

En marzo de 2023, varios representantes volvieron a presentar el proyecto de ley H.R. 1511, conocido como “Renovación de las disposiciones sobre la Ley de Inmigración de 1929″, que busca reconocer a aquellos que han sido parte esencial de la comunidad, pero la situación legal está pendiente.

“Estoy orgullosa de coliderar este esfuerzo para actualizar la fecha de registro por primera vez en más de 30 años y gracias a mis colegas y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés) por unir fuerzas con nosotros”, dijo la congresista Norma Torres en un comunicado. “Durante décadas, los inmigrantes que contribuyen significativamente a nuestras comunidades y nuestra economía han sido relegados a un limbo legal”, consideró por su parte la congresista Zoe Lofgren, miembro principal del Subcomité de Integridad, Seguridad y Aplicación de la Ley de Inmigración de la Cámara de Representantes.