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Revelan nuevos detalles del ataque de EE.UU. a la lancha en el Caribe que complican la versión de la Casa Blanca
El gobierno de Trump anunció la destrucción de la embarcación y la muerte de 11 “terroristas”, aunque todavía hay interrogantes sobre la legalidad del operativo
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WASHINGTON.- La embarcación venezolana destruida por el ejército estadounidense en el Caribe la semana pasada había alterado su rumbo y aparentemente había dado la vuelta antes del ataque, ya que las personas a bordo aparentemente habían avistado una aeronave militar que la acechaba, según funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.
Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar un asunto delicado, agregaron que los militares atacaron la embarcación repetidamente antes de que se hundiera.
Las revelaciones aportan nuevos detalles a una operación que representó una sorprendente desviación de los operativos tradicionales de interdicción de drogas, intensificando el uso de las fuerzas armadas por parte del presidente Donald Trump para asuntos que normalmente gestionan las fuerzas del orden.
Especialistas legales han cuestionado la legalidad de que los militares, por orden del presidente Trump, atacaran y mataran a sospechosos de tráfico de drogas como si fueran combatientes en una guerra.
Trump anunció el ataque la semana pasada, afirmando que tuvo lugar en aguas internacionales y que había matado a 11 personas que, según él, transportaban drogas “con destino a Estados Unidos” y pertenecían a la banda venezolana Tren de Aragua. No ha presentado pruebas que respalden esas afirmaciones, pero ha declarado que “tenemos grabaciones de ellos hablando”.
Si bien la Casa Blanca no proporcionó una justificación legal detallada, sí presentó las líneas generales de un argumento novedoso: el uso de fuerza militar letal estaba permitido bajo las leyes de conflicto armado para defender al país del narcotráfico, ya que 100.000 estadounidenses mueren anualmente por sobredosis. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las personas sospechosas de contrabandear drogas hacia Estados Unidos representan “una amenaza inmediata”. En una carta al Congreso, Trump justificó el ataque como una cuestión de defensa propia.
Muchos especialistas legales, incluyendo destacados abogados militares retirados, han rechazado la idea de que Trump tenga autoridad legítima para tratar el presunto contrabando de drogas como legalmente equivalente a un ataque armado inminente contra Estados Unidos. Incluso si se aceptara esa premisa, añadieron, si el barco ya se hubiera alejado, eso socavaría aún más lo que consideraban una alegación de defensa propia ya de por sí débil.
“Si alguien se retira, ¿dónde está entonces la ‘amenaza inminente’?”, preguntó el Contralmirante Donald J. Guter, fiscal general retirado de la Armada entre 2000 y 2002. “¿Dónde está la ‘legítima defensa’? Ha desaparecido si alguna vez existió, algo que no creo que haya existido”.
El Contralmirante James E. McPherson, fiscal general de la Armada entre 2004 y 2006, quien posteriormente sirvió en la primera administración Trump en varios cargos civiles militares destacados, incluyendo el de asesor general del Ejército, coincidió.
“Me interesaría que presentaran alguna base legal para lo que hicieron”, dijo, y añadió: “Si, de hecho, se puede construir un argumento legal que demuestre que estas personas se preparaban para atacar a Estados Unidos mediante la introducción de cocaína o cualquier otra cosa, si regresan, entonces esa amenaza ha desaparecido”.
La Casa Blanca no respondió directamente a preguntas sobre las maniobras del barco ni la naturaleza del ataque, sino que reiteró la postura de la administración al respecto. Trump “actuó conforme a las leyes de los conflictos armados para proteger a nuestro país” de “narcotráficos malvados que intentan envenenar nuestra patria”, declaró Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca.
Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, declaró: “Este ataque envió un mensaje claro: si trafican drogas hacia nuestras costas, el ejército de Estados Unidos utilizará todos los recursos a su disposición para detenerlos”.
La Guardia Costera de Estados Unidos, a veces con la ayuda de la Armada, ha interceptado con frecuencia embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el Mar Caribe, ha buscado cargamento ilícito y, si sus sospechas eran ciertas, ha arrestado a las personas a bordo para enjuiciarlas.
Trump lleva mucho tiempo queriendo tomar medidas mucho más severas contra el narcotráfico, incluyendo la afirmación de que los narcotraficantes deberían ser condenados a muerte. Durante su primer mandato, elogió al presidente filipino Rodrigo Duterte por su “increíble labor en el problema de las drogas” en la nación donde el gobierno había aprobado la ejecución sumaria de presuntos narcotraficantes. Duterte ahora enfrenta cargos de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional por su guerra contra las drogas.
Tras regresar al cargo, Trump ordenó a su administración que comenzara a declarar a diversas bandas y cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas, rompiendo con la tradición de limitar esa condición a los grupos violentos motivados por ideologías en lugar de por el lucro ilícito. Legalmente, dicha designación permite sanciones como la congelación de activos de un grupo, pero no autoriza el uso de la fuerza militar en su contra.
En julio, Trump firmó una directiva, aún secreta, que instruía al Pentágono a usar la fuerza militar contra algunos de los grupos criminales que su equipo había designado como organizaciones terroristas. El ataque a la lancha la semana pasada parece indicar el inicio de las operaciones derivadas de dicha directiva.
Lo que no se ve
Al anunciar el ataque, Trump publicó en redes sociales un video de 29 segundos que combinaba varios clips de vigilancia aérea. Mostraba una lancha rápida surcando el agua, con varias personas a bordo, antes de una explosión.
Sin embargo, funcionarios informados sobre el ataque afirmaron que el video no cuenta toda la historia. No muestra la lancha dando la vuelta después de que las personas a bordo aparentemente se asustaran al ver una aeronave sobre ellos, ni muestra a los militares realizando repetidos ataques contra la embarcación incluso después de inutilizarla, según los funcionarios.
Los asesores de Trump se han jactado de que la operación es solo el comienzo de una guerra contra presuntos narcotraficantes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a la prensa la semana pasada: “Destruimos un barco cargado de drogas, y hay 11 narcoterroristas en el fondo del océano, y si otros intentan hacerlo, correrán la misma suerte”.
A la controversia legal se suma la incertidumbre sobre los estándares, si los hay, que el equipo de Trump ha establecido para la solidez de la información de inteligencia sobre quién y qué hay en un barco para que el ejército estadounidense pueda ejecutar sumariamente a todos a bordo. Trump bromeó la semana pasada diciendo que no solo los narcotraficantes, sino también los pescadores, podrían ahora pensarlo dos veces antes de salir al mar en la región.
“Creo que cualquiera que haya visto eso dirá: ‘Lo dejo pasar’”, declaró Trump. “Ni siquiera sé de los pescadores. Puede que digan: ‘No me subiré al barco. No voy a arriesgarme’”.
Una pregunta sin respuesta es hacia dónde se dirigía el barco. Rubio declaró inicialmente a la prensa la semana pasada que probablemente se dirigía a Trinidad y Tobago o a algún otro país del Caribe, pero funcionarios del gobierno dijeron desde entonces que el destino era Estados Unidos.
Otra pregunta es qué transportaba. Algunos han expresado dudas de que una embarcación de su tamaño necesite una tripulación de 11 miembros. El senador Rand Paul, republicano de Kentucky, quien ha calificado de “despreciable e irreflexivo” glorificar el asesinato de personas acusadas de delitos sin juicio, ha argumentado que, si había drogas, era más probable que se tratara de cocaína que de fentanilo, la droga más responsable de sobredosis.
El martes, el senador Jack Reed de Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, declaró a CNN que el gobierno no había aportado ninguna prueba de que el barco transportara drogas a Estados Unidos.
“Si hay una embarcación civil sospechosa de algo, especialmente en aguas internacionales, hay que intentar detenerla”, dijo, describiendo lo que, según él, se suponía eran las reglas estándar de combate. “En realidad, solo se dispara si se dispara antes”.
La cuestión legal es si Trump puede simplemente rechazar ese enfoque y trasladar el problema del narcotráfico de las normas policiales al marco más estricto de las leyes en tiempos de guerra, especialmente cuando el Congreso no ha autorizado ningún conflicto armado con pandillas y cárteles como el Tren de Aragua.
Geoffrey Corn, abogado uniformado retirado que fue asesor principal del Ejército para asuntos de derecho de la guerra, afirmó que creía que la orden de Trump y Hegseth no estaba justificada como un acto de legítima defensa. Expresó su preocupación por que lo que él consideraba una orden aparentemente ilegal se transmitiera a través de la cadena de mando militar y se cumpliera.
El aparente giro de la embarcación antes del ataque, afirmó, reforzó esa opinión.
“Creo que es un precedente terrible”, dijo. “Hemos pasado la raya”.
Por Helene Cooper y Charlie Savage
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