Cambio para quienes compren celulares y laptops en Texas: la nueva obligación que entra en vigor en septiembre

A partir del 1° de septiembre, quienes compren un celular, laptop, tableta o computadora de escritorio en Texas tienen un nuevo derecho vinculado con la reparación de sus dispositivos. La medida, que surge de la ley HB 2963, no impone a los consumidores ninguna obligación respecto del arreglo de los productos.

Con la entrada en vigor de la HB 2963, ahora los fabricantes tendrán que proporcionar repuestos, herramientas y documentación técnica tanto a los propietarios de los equipos como a los proveedores independientes de reparación.

La disponibilidad de esos recursos no podrá condicionarse a que el solicitante pertenezca a una red autorizada de reparación.

La documentación digital, como manuales, diagramas y códigos de servicio, deberá estar disponible sin costo. Si una persona solicita una copia física, el fabricante podrá cobrar únicamente los gastos razonables relacionados con su preparación y envío.

En el caso de las herramientas, podrán ser físicas o digitales. Deberán ofrecerse gratuitamente o por un importe equivalente al menor costo al que el elaborador las entregue a un proveedor autorizado al considerar descuentos, reembolsos y otros incentivos.

Las piezas deberán comercializarse bajo condiciones equivalentes a las ofrecidas a los servicios autorizados.

El requisito alcanza a los productos que incorporen componentes electrónicos digitales y que tengan un precio mayorista de al menos US$50.

Además, la legislación no se aplica de manera retroactiva: comprende los equipos que los fabricantes pongan originalmente a la venta en Texas desde el 1° de septiembre.

La HB 2963 establece varias exclusiones, entre ellas aparecen:

• Las consolas de videojuegos.
• Vehículos.
• Motocicletas.
• Cuatrimotos.
• Embarcaciones.
• Maquinaria pesada, agrícola, ferroviaria y aeroespacial.
• Dispositivos médicos.
• Determinados equipos de infraestructura crítica.
• Sistemas de seguridad o alarmas contra incendios.
• Ciertos electrodomésticos grandes incorporados a una vivienda, como heladeras y hornos.

La obligación tampoco significa que las compañías tengan que entregar información protegida sin límites. Los fabricantes no deberán revelar secretos comerciales salvo cuando resulte necesario para efectuar una reparación.

Tampoco estarán obligados a proporcionar herramientas destinadas a desactivar mecanismos de seguridad o sistemas antirrobo sin la autorización correspondiente del propietario.

La ley establece un plazo para que las empresas habiliten el acceso a los recursos. La documentación, las piezas y las herramientas correspondientes deberán estar disponibles como máximo un año después de la primera venta del producto en Texas.

El cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo del fiscal general de Texas.

La ley no permite que un consumidor o un taller presente directamente una demanda contra el fabricante por una infracción de esta normativa.

Antes de iniciar una acción judicial, el fiscal general deberá enviar al fabricante una notificación escrita con al menos 30 días de anticipación. El aviso tendrá que identificar las disposiciones que presuntamente fueron incumplidas.

Durante ese periodo, la empresa podrá corregir la situación. Si soluciona la infracción y entrega una declaración escrita en la que confirme que tomó medidas para remediarla y evitar nuevas violaciones, no podrá iniciarse una acción judicial por ese incumplimiento.

Si el fabricante no realiza la corrección dentro del plazo, la infracción podrá ser considerada una práctica comercial engañosa conforme al Código de Comercio y Negocios de Texas.

El fiscal general podrá entonces solicitar ante los tribunales una orden para impedir que continúe la conducta.

En ese proceso, el estado también podrá reclamar los honorarios razonables de abogados y otros gastos derivados de la investigación y del litigio.