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El pueblo de Texas de 3200 habitantes que pelea en la justicia contra el nuevo muro fronterizo
Presidio advierte que la obra podría comprometer diques que la protegen de las crecidas y reclamó por el incumplimiento de una ley
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LA NACION
El Distrito Municipal de Desarrollo de Presidio, una localidad rural de Texas con poco más de 3200 habitantes, realizó una presentación ante un tribunal federal de Washington. Allí, expresó sus objeciones al muro fronterizo que el gobierno de Donald Trump proyecta construir sobre el sistema de diques de la zona.
Presidio, Texas, reclamó ante la justicia por la construcción del muro fronterizo
El litigio se enmarca en el plan de US$46.000 millones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para ampliar las barreras en el límite con México, según informó Associated Press.
Los abogados de la entidad municipal sostienen que el proyecto podría debilitar las defensas que protegen a la comunidad de las inundaciones repentinas. Propietarios de tierras, organizaciones ambientalistas y tribus indígenas también cuestionaron el avance de las obras en otros sectores.
Además, advirtieron sobre posibles daños a sitios históricos y religiosos, junto con alteraciones en la vida de las comunidades ubicadas a lo largo de la frontera.
El posible impacto del muro en Texas sobre los diques del Río Grande
El reclamo se concentra en una serie de terraplenes y diques construidos durante las décadas de los 70 y 80. Estas estructuras se encuentran junto al Río Grande y sus afluentes y contienen las crecidas que afectan esa región de Texas.
Según la demanda, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) planea sustituir la pendiente de tierra existente por una pared de concreto. Sobre esa base colocaría paneles de bolardos de acero de 30 pies (equivalentes a nueve metros).
Las autoridades locales solicitaron más detalles técnicos, pero la agencia respondió que no podía entregarlos por motivos de “seguridad nacional”.
Laura Bakst, abogada de Democracy Forward y representante del distrito, afirmó a Associated Press que existe “una larga historia de construcciones de la CBP que causan o aumentan el riesgo de inundaciones”.
La defensa federal rechazó la existencia de un peligro comprobado para Presidio. Durante la audiencia, uno de los abogados sostuvo que la CBP todavía no decidió el recorrido definitivo ni el método de construcción.
Presidio denuncia que el DHS incumple una ley federal
El Congreso autorizó al DHS a suspender determinados requisitos para acelerar la instalación de barreras en la frontera con México.
La exsecretaria Kristi Noem y el actual titular de la dependencia, Markwayne Mullin, utilizaron esa facultad para dejar sin efecto normas ambientales y protecciones vinculadas con sitios arqueológicos, según Associated Press.
Los críticos sostienen que esas exenciones exceden la intención original del Congreso porque alcanzan distintos sectores de las cerca de 2000 millas (3200 kilómetros) de frontera. El gobierno federal, en cambio, afirma que la ley le permite suspender una amplia variedad de regulaciones para acelerar las obras.
Presidio basa su reclamo en la Ley de Ríos y Puertos. Aunque el DHS también suspendió su aplicación, los representantes del organismo municipal argumentan que la redacción de la norma todavía obliga a solicitar autorización al secretario del Ejército.
Las empresas encargadas de los trabajos ya trasladaron materiales a la zona, incluidos paneles de acero. Sin embargo, la instalación de la estructura todavía no comenzó.
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