El pueblo de Texas que teme la presencia del ICE y la colaboración de la Policía ante operativos migratorios

Residentes latinos de la localidad de Ingram, en Texas, evitan el contacto con la policía municipal por temor a sufrir arrestos migratorios. Una investigación periodística reveló que la fuerza policial local colaboró con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener al 10% de la población total.

La comunidad de Ingram mostró desconfianza de las fuerzas policiales locales. De acuerdo con un informe elaborado por ProPublica y The New York Times, la colaboración entre los agentes y los funcionarios de inmigración motivó a los hispanos a evitar el paso por calles principales.

En ese sentido, la investigación reveló que la policía municipal entregó a las autoridades federales a una décima parte de los residentes de la localidad. Además, el reporte indica que el acuerdo de cooperación con el ICE facilita la detención de personas sin estatus legal.

Por esta razón, las familias latinas limitan sus desplazamientos para prevenir arrestos en controles de tránsito.

La investigación expuso que hubo un crecimiento de arrestos migratorios en el pueblo. Los agentes municipales aplican frecuentemente protocolos que derivan en la transferencia de los detenidos hacia los centros de custodia federales.

En ese marco, los registros muestran que se encuentran vigentes algunos convenios que facultan a la policía local para indagar el estatus de los conductores.

En ese contexto, la aplicación de estas normativas incrementó la cifra de incidentes de control migratorio de la región a 194 en un año.

Asimismo, diversas organizaciones de derechos civiles denunciaron el impacto de esta colaboración. Portavoces comunitarios afirmaron que la cooperación policial atenta contra la confianza de los residentes en las instituciones públicas.

De acuerdo con el informe, la aplicación del acuerdo migratorio 287(g) en la localidad de Ingram transformó la convivencia comunitaria y paralizó la actividad económica local.

Además de la decisión de los residentes hispanos de cambiar sus rutas y reducir sus visitas a lugares públicos para evitar a la policía municipal, los propietarios de negocios sufrieron caídas en sus ventas y pérdidas de personal calificado en sus equipos de trabajo.

Según el informe de ProPublica y The New York Times, el programa federal otorga un subsidio de 100.000 dólares para vehículos y US$7500 en equipamiento por cada agente.

Además, el Concejo Municipal de Ingram aprobó un aumento salarial de US$18.000 para el jefe de policía tras el reporte de las cifras de detenciones.

Dentro del rubro económico, las cifras indican que restaurantes de comida latina registraron una caída en sus pedidos diarios de hasta un 75% de sus ventas. Por su parte, las tiendas locales de abarrotes perdieron el 50% de sus ingresos habituales por la ausencia de clientes.

Además, las empresas de construcción y de limpieza sufrieron reducciones en sus plantillas de personal de hasta dos tercios de su nómina por consecuencia de los operativos del ICE.