Los abogados coinciden: existe un delito contra los migrantes si un empleador amenaza con llamar al ICE

En un contexto marcado por las redadas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, algunos empleadores utilizan la situación migratoria de sus trabajadores como forma de presión para evitar el pago de deudas o intimidarlos. El abogado Jaime Vázquez explicó qué protecciones existen frente a las amenazas de llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y qué recursos tienen las personas afectadas.

Durante una entrevista con Univision, Vázquez fue consultado sobre las consecuencias legales para un empleador o arrendador que recurre a una amenaza de este tipo para evitar el pago de una deuda o forzar un desalojo.

“Puede ser tomado como coerción o extorsión”, respondió Vázquez. Según explicó, este tipo de conducta puede llegar a configurar un delito estatal y también quedar alcanzada por normas federales.

A su vez, el abogado señaló que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) protege determinados derechos laborales independientemente del estatus migratorio del trabajador.

Vázquez aseguró que una persona puede recurrir al DOL para intentar cobrar una remuneración pendiente. Sin embargo, advirtió sobre la dificultad que enfrentan quienes carecen de documentos si su empleador decide contactar a las autoridades.

Aunque el organismo pueda intervenir en el reclamo salarial, una denuncia del empleador ante las autoridades migratorias no impediría por sí misma una eventual detención, según explicó Vázquez.

Pero también alertó sobre la posición de quien realizó la contratación. Un empleador que informe al ICE que tuvo a su cargo a una persona sin documentos “también se estaría metiendo en problemas” con esa agencia, expuso.

Otra alternativa es recurrir a la policía para denunciar una posible coerción o amenaza. Vázquez recordó que, en determinadas circunstancias, las víctimas de ciertos delitos pueden acceder a vías migratorias específicas.

Sin embargo, recomendó consultar con un profesional antes de iniciar cualquiera de esos procedimientos: “Antes de hacer cualquiera de esas cosas, deben hablar con un abogado”.

La consulta surgió a partir del caso de un trabajador sin documentos que aseguró a Univision haber cuidado y realizado tareas de mantenimiento en una propiedad durante dos años a cambio de una remuneración que le habían prometido.

Cuando llegó el momento de cobrar, denunció que su jefe comenzó a intimidarlo. El empleador también le alquilaba una vivienda. El caso se suma a otros en los que también se registraron amenazas de contactar a las autoridades en disputas relacionadas con viviendas.

Vázquez también compartió qué opciones existen cuando quien recibe la advertencia cuenta con documentación. Frente a la posibilidad de presentar una demanda, sostuvo que sería necesario demostrar que la situación provocó algún tipo de daño o perjuicio.

Para estos casos, recomendó acudir a la policía. “Debe denunciar este tipo de acciones, porque esa es la única forma en que se puede prevenir”, sostuvo.

Un caso ocurrido en Massachusetts muestra las consecuencias que puede enfrentar un empleador cuando utiliza el sistema migratorio como represalia. El conflicto comenzó el 29 de marzo de 2017, cuando un trabajador de Tara Construction Inc. sufrió una lesión grave al caer de una escalera y reportó lo ocurrido a la empresa.

El episodio derivó en una investigación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés). Según el DOL, poco después de que el empleado ejerciera esos derechos, la compañía y su director ejecutivo, Pedro Pirez, iniciaron una investigación policial y facilitaron su detención por parte del ICE.

Pirez acordó encontrarse con el trabajador en las oficinas de la empresa y este fue detenido inmediatamente después de salir del edificio. Registros citados por el organismo mostraron mensajes de texto y alrededor de 14 llamadas entre el empresario y las fuerzas del orden durante los días cercanos al arresto.

Tras una investigación de OSHA, el DOL presentó una demanda federal en febrero de 2019 contra Tara Construction y Pirez. El organismo sostuvo que las acciones constituían una represalia por haber informado la lesión y provocado la intervención de las autoridades de seguridad laboral.

El caso llegó a un veredicto en 2022. Un jurado federal del Distrito de Massachusetts determinó que el empleador y la compañía habían tomado represalias contra el trabajador y le otorgó US$650 mil por daños: US$600 mil en concepto de daños punitivos y US$50.000 por daños compensatorios.