Tren de Aragua: la inteligencia contradice la justificación de Trump para las deportaciones, según The Washington Post
Un documento confidencial elaborado por expertos le baja el tono a la posibilidad de vínculos directos entre la organización criminal venezolana y el régimen de Maduro
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LA NACION
En medio de las polémicas generadas por el plan de deportaciones masivas de Donald Trump, un informe confidencial del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos contradijo la afirmación del presidente republicano sobre una supuesta “invasión” del gobierno de Venezuela a través de miembros del grupo criminal Tren de Aragua.
La inteligencia de EE. UU. rechaza la versión de una invasión coordinada desde Venezuela
El Consejo Nacional de Inteligencia, que agrupa a las 18 agencias de inteligencia norteamericanas, concluyó que no existe evidencia suficiente de una operación planificada por el gobierno venezolano para infiltrar criminales en EE.UU.
De acuerdo a la información de The Washington Post, personas con conocimiento directo del informe comentaron que el Tren de Aragua no actúa bajo las órdenes de Nicolás Maduro ni tiene un vínculo jerárquico con el régimen.
Este informe se conoció semanas después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para realizar deportaciones sin el debido proceso legal. Además, la evaluación coincide con hallazgos previos de febrero en los que ya se había informado que la banda no estaba bajo el control del gobierno venezolano.
Deportaciones masivas bajo una ley del siglo XVIII
Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la expulsión de presuntos miembros del Tren de Aragua. El gobierno trasladó en aviones a los detenidos hacia una megaprisión en El Salvador, pese a una orden judicial que prohibía las deportaciones sin acceso a un proceso legal.
La ley le da facultades al Poder Ejecutivo para la expulsión de ciudadanos extranjeros cuyo país esté en guerra con Estados Unidos o que represente una incursión hostil. No se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial.
De acuerdo al mencionado medio, expertos legales afirman que la norma exige una relación directa con las acciones de un gobierno extranjero, algo que el informe de inteligencia descarta en este caso.
Por su parte, Trump justificó el uso de la ley: “El Tren de Aragua está llevando a cabo acciones hostiles y guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto de manera directa como por órdenes, encubiertas o no, del régimen de Maduro en Venezuela”.
Tren de Aragua: una estructura criminal sin jerarquía definida
El Tren de Aragua se originó como una banda carcelaria en 2014 en el estado venezolano de Aragua, y desde entonces se expandió a otros países de América Latina. Según Geoff Ramsey, especialista en Venezuela del Atlantic Council, la organización no responde a una cadena de mando centralizada.
“Se convirtió más en una marca criminal que en una estructura con jerarquías claras“, afirmó Ramsey. Indicó que distintos grupos delictivos, desde Miami hasta Santiago de Chile, usan su nombre para intimidar o legitimarse ante otros delincuentes.
En 2023, las fuerzas armadas venezolanas tomaron una cárcel dominada por el Tren de Aragua y habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, lo que evidencia conflictos entre el grupo y el gobierno de Maduro.
De acuerdo con The Washington Post dos personas familiarizadas con el tema confirmaron que todas las agencias de inteligencia, excepto el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), coincidieron en que Maduro no dirige al grupo criminal. Esta última mantuvo que existe un nivel moderado de cooperación entre el gobierno venezolano y el Tren de Aragua.
Choque entre el gobierno y el Poder Judicial
El enfrentamiento entre Trump y la justicia escaló tras las deportaciones de las últimas semanas. El juez federal James Boasberg advirtió que podría iniciar procesos por desacato contra funcionarios que incumplieron su orden de detener el vuelo que llevó a más de 130 venezolanos hacia la megacárcel de El Salvador sin respetar el debido proceso.
De acuerdo a Boasberg, “la Constitución de Estados Unidos no tolera la desobediencia deliberada a las decisiones judiciales, especialmente por parte de funcionarios de un poder del estado que juraron respetarla“.
Steven Cheung, vocero de la Casa Blanca, respondió que el presidente Trump está "100% comprometido con eliminar la amenaza de terroristas y criminales ilegales“. Además, acusó a “sectores del Estado profundo” de coordinar ataques mediáticos para desacreditar la política migratoria del mandatario.
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