¿Adiós al Seguro Social? Por qué la administración Trump los califica como muertos a miles de inmigrantes vivos
En un intento por forzar la salida de extranjeros, el gobierno está anulando sus números de Seguro Social al registrarlos como fallecidos, dejándolos fuera del sistema y sin acceso a derechos básicos
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LA NACION
En un movimiento tan desconcertante como inédito, la administración de Donald Trump comenzó a clasificar a miles de inmigrantes vivos como fallecidos. La decisión implica una cancelación sistemática de números de Seguro Social, lo que, en la práctica, elimina la posibilidad de que estas personas trabajen legalmente, abran cuentas bancarias, accedan a servicios médicos o realicen gestiones cotidianas.
Según NBC Miami, se trata de una estrategia diseñada para hacer insostenible la permanencia de estos individuos en suelo estadounidense, obligándolos a irse sin necesidad de una deportación directa.
Deportación masiva y anulación del Seguro Social de migrantes
La maniobra se basa en la inclusión de los datos personales de más de 6.000 inmigrantes en una base de datos federal habitualmente destinada al registro de personas fallecidas. Esta lista, administrada por la Administración del Seguro Social (SSA), contiene más de 142 millones de entradas que se remontan a finales del siglo XIX. Al ingresar en ese archivo, los afectados son literalmente “borrados” del sistema y cualquier intento de usar su número de Seguro Social será rechazado automáticamente por las instituciones financieras, empleadores, aseguradoras y entidades públicas.
El objetivo es claro: aumentar la presión para que estas personas abandonen Estados Unidos por voluntad propia. La administración Trump considera que este mecanismo es un modo de fomentar la “autodeportación”. En lugar de emprender operativos de expulsión que puedan ser impugnados en tribunales o generar cobertura mediática negativa, se recurre a tácticas silenciosas que empujan a los inmigrantes fuera del sistema.
Muchos de ellos ingresaron legalmente bajo programas aprobados durante el gobierno de Joe Biden, especialmente a través de la aplicación CBP One, que otorgaba permisos temporales y autorizaciones laborales por un período de hasta dos años.
Un giro radical en política migratoria
Durante la administración anterior, se promovieron medidas de alivio humanitario para quienes huían de la violencia o crisis económicas en sus países de origen. Ahora, el enfoque dio un giro radical porque ya no se trata de gestionar la inmigración, sino de reducirla a toda costa. El Departamento de Seguridad Nacional comenzó a revocar el estatus legal de quienes fueron admitidos con permisos temporales, dejándolos sin respaldo jurídico. Según datos oficiales, más de 900.000 personas podrían verse afectadas por estas decisiones.
Hasta el momento, no se ofreció una explicación pública detallada sobre los criterios usados para seleccionar a los más de 6.000 inmigrantes afectados. La SSA evitó responder preguntas, mientras que grupos de defensa legal como Democracy Forward ya anticiparon que podrían iniciar acciones judiciales.
En paralelo, varios jueces comenzaron a frenar algunas medidas impulsadas por la administración. Una magistrada federal, por ejemplo, dictó una orden para impedir la expulsión masiva de personas de nacionalidad cubana, haitiana, nicaragüense y venezolana que aún se encuentran protegidas por estatus temporales.
Consecuencias que pueden ser devastadoras
El impacto de estas medidas no es inmediato pero sí devastador. Al perder acceso a su número de Seguro Social, los inmigrantes se ven marginados de la economía formal. No pueden recibir salarios de manera legal, inscribirse en universidades, renovar sus licencias o alquilar un departamento. También quedan expuestos a abusos laborales y explotación, ya que su situación irregular los convierte en blanco fácil para empleadores sin escrúpulos.
Este tipo de medidas, además, genera un efecto colateral en las familias, muchas de las cuales incluyen menores nacidos en Estados Unidos. La inestabilidad provoca estrés emocional, abandono de proyectos educativos y desarraigo, todo bajo la sombra de una amenaza constante.
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