Trump abre otro frente: qué hay detrás de la disputa con Sudáfrica por una ley
Estados Unidos congeló la ayuda hacia ese país y dijo que dará la “bienvenida” a los granjeros blancos supuestamente sometidos a una campaña de violencia y expropiación de tierras
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LA NACION
WASHINGTON.- Entre los frentes que abrió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus primeras semanas de regreso en la Casa Blanca, uno de los más recientes fue sorpresivo: una disputa con el gobierno de Sudáfrica. Después de criticar una ley de expropiación de tierras que el magnate considera discriminatoria hacia los blancos, decidió congelar la ayuda que enviaba a esa nación y luego se mostró abierto a recibir en Estados Unidos a los “granjeros sudafricanos perseguidos” por el gobierno sudafricano.
“Los granjeros sudafricanos perseguidos y otras víctimas inocentes que son apuntadas únicamente por su raza y que elijan reasentarse en Estados Unidos serán bienvenidos”, dijo la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en su cuenta de la red social X.
Trump había firmado un decreto el viernes que cortaba toda la ayuda a Sudáfrica, como corolario de una encendida disputa desde la semana pasada con el gobierno sudafricano de Cyril Ramaphosa, y en la que intervino Elon Musk, estrecho asesor de Trump y nacido en Sudáfrica.
La administración Trump afirma que una ley de expropiación de tierras recién aprobada en Sudáfrica es “descaradamente” discriminatoria contra los afrikáners, como se conocen a los descendientes de holandeses y otros europeos. Según la acusación, el gobierno sudafricano estaba permitiendo incluso ataques violentos contra las comunidades agrícolas blancas.
Washington también acusó a Sudáfrica de apoyar a “malos actores” en el mundo, entre ellos el grupo terrorista palestino Hamas, Rusia e Irán. En esta acusación tiene mucho que ver que Sudáfrica promovió una causa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por “genocidio” en la guerra de Gaza.
Esta semana, además, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que no irá a la reunión de los ministros de Relaciones Exterior del G-20 prevista para fin de mes en Johannesburgo. Dijo que el grupo mantiene una agenda “antiestadounidense” y agregó que “Sudáfrica está haciendo cosas muy malas”.
La distribución de la tierra en Sudáfrica ha sido una cuestión complicada, con connotaciones raciales, durante más de 30 años, desde el final del sistema de apartheid de gobierno de la minoría blanca en 1994.
Margen de maniobra
La nueva Ley de Expropiación otorga al gobierno margen para expropiar tierras a particulares, en casos de interés público y bajo ciertas condiciones. Trump se refirió a ella el domingo pasado, cuando anunció por primera vez su intención de detener la financiación a Sudáfrica.
Trump dijo que el gobierno sudafricano estaba haciendo “cosas terribles” y afirmó que se estaban confiscando tierras a “ciertas clases”. La declaración no era cierta, e incluso los grupos sudafricanos que impugnan la ley afirman que no se ha confiscado ninguna tierra. El gobierno sudafricano dice que los derechos de propiedad privada están protegidos y que la descripción de Trump de la ley incluye desinformación y “distorsiones”.
Sin embargo, la ley ha suscitado preocupación en Sudáfrica, especialmente por parte de grupos que representan a parte de la minoría blanca, que afirman que los afectará a pesar de que la raza no se menciona en la ley.
La ley está vinculada al legado del sistema racista del apartheid, y del colonialismo anterior, y forma parte de los esfuerzos de Sudáfrica durante décadas por encontrar una forma de corregir los errores históricos.
Los afrikáners estaban en el centro del régimen del apartheid, y las tensiones entre algunos grupos afrikáners y los partidos políticos negros han persistido después del apartheid, aunque Sudáfrica ha conseguido en gran medida reconciliar a sus numerosos grupos raciales.
Bajo el apartheid, se despojó a los negros de sus tierras y se los obligó a vivir en zonas designadas para no blancos. Los blancos representan en la actualidad alrededor del 7% de la población sudafricana, de 62 millones, pero tienen el 70% de las tierras agrícolas privadas, y el gobierno afirma que es necesario abordar esta desigualdad.
El rol de Musk
El rol de Elon Musk en esta cruzada contra el gobierno sudafricano tiene su propia trama. El multimillonario de Tesla nació y se crió en Sudáfrica, pero se fue después de la secundaria a finales de la década de 1980, cuando Sudáfrica aún estaba bajo el apartheid.
Durante años ha criticado a los actuales dirigentes de su país natal, acusándolos de políticas contra los blancos y de ignorar o incluso alentar un “genocidio” en relación con los asesinatos de algunos granjeros blancos.
Esos asesinatos están en el centro de las afirmaciones de comentaristas conservadores -y ahora amplificadas por Trump y Musk- de que Sudáfrica está permitiendo ataques contra granjeros blancos como medio para eliminarlos.
El gobierno sudafricano ha condenado los asesinatos y dice que son parte de las desesperadamente altas tasas de crímenes violentos del país en general. Los expertos afirman que no hay pruebas de genocidio y que las matanzas representan un porcentaje muy pequeño de los homicidios. Por ejemplo, un grupo que registra los ataques a granjas afirma que 49 granjeros o sus familias fueron asesinados en 2023, mientras que ese año se produjeron más de 27.000 homicidios en el país.
Musk también acusó esta semana a Sudáfrica de tener “leyes de propiedad racistas”, una aparente referencia a su fracaso a la hora de obtener una licencia en el país para su servicio de Internet por satélite Starlink porque no cumple los criterios de discriminación positiva.
La propuesta de reasentamiento de los granjeros blancos en Estados Unidos fue rechazada simultáneamente por el gobierno sudafricano y por los supuestos beneficiados.
“Es irónico que la orden ejecutiva haga provisión para el estatus de refugiado en Estados Unidos para un grupo en Sudáfrica que sigue estando entre los más privilegiados económicamente”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica.
También criticó las propias políticas de la administración Trump, señalando que el enfoque en los afrikáners llegó “mientras que personas vulnerables de otras partes del mundo están siendo deportadas en Estados Unidos y se les niega el asilo a pesar de las dificultades reales”.
Hubo “una campaña de desinformación y propaganda” dirigida a Sudáfrica, expresó el ministerio.
Dos de los grupos de presión afrikáners más prominentes declararon que no aceptarían la oferta. “Nuestros miembros trabajan aquí, quieren quedarse aquí y se van a quedar aquí”, dijo Dirk Hermann, director del sindicato Solidaridad, que representa a dos millones de afrikáners. “Estamos comprometidos a construir un futuro aquí. No nos vamos a ninguna parte”.
“Tenemos que afirmar categóricamente: No queremos mudarnos a otro lugar”, coincidió Kallie Kriel, director del grupo afrikáner AfriForum, en la misma conferencia.
Agencias AFP y AP
LA NACION
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