El gobierno de Trump demanda Spanberger por dos leyes que limitan el avance de agentes federales en Virginia
La administración republicana busca que la Justicia retire restricciones sobre oficiales de fuerzas estadounidenses
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LA NACION
El gobierno de Donald Trump, mediante el Departamento de Justicia, presentó una demanda contra Virginia, el fiscal general estatal, Jay Jones, y el fiscal del condado de Fairfax, Steve Descano. La acción judicial cuestiona dos normas aprobadas y una serie de medidas impulsadas por la gobernadora Abigail Spanberger vinculadas al trabajo de agencias federales dentro del estado.
La demanda del Departamento de Justicia contra Virginia
Según la presentación federal, las disposiciones aprobadas por Virginia interfieren con facultades atribuidas al gobierno federal en materia de seguridad e inmigración. El objetivo de la demanda es que un tribunal federal declare inválidas esas regulaciones y suspenda su aplicación.
“Las políticas de Virginia regulan al gobierno federal y están diseñadas para poner en riesgo a nuestros agentes. Estas leyes son inaceptables", declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
El conflicto se desarrolla en medio de un debate sobre los límites de la autoridad estatal para regular acciones de agentes federales y sobre el alcance de la cooperación entre organismos locales y las autoridades migratorias.
La ley de Spanberger que regula el uso de máscaras de agentes federales en Virginia
Uno de los puntos centrales de la demanda del gobierno de Trump es la ley SB 352, que impide que integrantes de fuerzas de seguridad utilicen elementos que oculten parte importante de su rostro durante procedimientos oficiales. La norma también exige que los agentes exhiban una identificación individual visible junto con el organismo al que pertenecen.
La legislación alcanza a máscaras tácticas, pasamontañas, coberturas faciales y otros accesorios destinados a ocultar la identidad de quien los utiliza. El incumplimiento puede derivar en cargos por delito menor contemplados en la normativa estatal.
El Departamento de Justicia sostuvo que Virginia no puede establecer reglas sobre la vestimenta, identificación o métodos de trabajo de oficiales federales. Además, argumentó que la exposición pública de la identidad de los agentes podría afectar operativos relacionados con investigaciones criminales y tareas de seguridad.
“La gobernadora Spanberger no puede decirle a los agentes federales cómo hacer su trabajo”, dijo el fiscal general adjunto Stanley Woodward. “Y ciertamente no puede prohibirles que garanticen su propia seguridad al llevar a cabo operaciones policiales federales. Nuestra demanda de hoy pone fin a esos intentos inconstitucionales”, agregó.
El debate por los acuerdos migratorios 287(g) en Virginia
La segunda norma cuestionada es la SB 783, relacionada con los acuerdos de cooperación 287(g). Estos convenios permiten que organismos policiales locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) bajo supervisión federal.
La ley establece una serie de requisitos para que los departamentos locales puedan mantener o firmar acuerdos de ese tipo. Entre ellos figuran condiciones sobre jurisdicción estatal, utilización de tecnologías de vigilancia, intercambio de información y procedimientos para operaciones migratorias.
La administración federal considera que esas exigencias impiden la continuidad práctica de los programas de cooperación. Según la demanda, las nuevas condiciones afectan la capacidad de las autoridades migratorias para identificar, detener y procesar a personas sujetas a la legislación federal de inmigración.
Los argumentos constitucionales de la demanda contra las leyes de Spanberger
La presentación judicial se apoya principalmente en la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE.UU. El gobierno federal afirma que las leyes estatales no pueden regular directamente el funcionamiento de agencias federales ni imponer requisitos adicionales a sus operaciones.
Otro de los argumentos se relaciona con la denominada Cláusula de Contratos. El Departamento de Justicia sostiene que Virginia intenta modificar o dejar sin efecto acuerdos previamente celebrados entre el ICE y distintas jurisdicciones locales mediante nuevas exigencias legales.
Asimismo, la demanda señala que varias disposiciones estatales entrarían en conflicto con leyes federales de inmigración aprobadas por el Congreso. Por esa razón, la administración Trump sostiene que las normas de Virginia deben quedar sin efecto en aquellos aspectos que interfieren con atribuciones reservadas al gobierno nacional.
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