Abogados gratis para detenidos por el ICE: la lista que se actualiza cuatro veces al año y todo migrante debe conocer

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) mantiene una lista de organizaciones, servicios de referencia y abogados que ofrecen asistencia legal pro bono a personas en procedimientos migratorios. Tanto las agencias como los centros de detención deben garantizar el acceso a esta información, aunque la inclusión en el directorio no implica que el gobierno proporcione representación legal.

La lista de proveedores de servicios legales pro bono o gratuitos de la EOIR se publica de forma trimestral, en enero, abril, julio y octubre. La próxima actualización prevista para 2026 corresponde al mes de julio.

El objetivo de este sistema es que las personas en procedimientos migratorios, incluidas aquellas bajo custodia de ICE, tengan acceso a información actualizada sobre organizaciones, servicios de referencia y abogados que podrían brindar asistencia legal gratuita.

Para ingresar al directorio, las solicitudes deben recibirse al menos 60 días antes de cada actualización trimestral. Luego de revisar las postulaciones, la EOIR publica durante 15 días los nombres de los solicitantes calificados para recibir comentarios públicos antes de incluirlos en la siguiente edición del registro.

Según el Manual Nacional del Detenido, compartido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los centros de detención deben mantener visible el directorio de servicios legales de la EOIR en las áreas de alojamiento y los espacios de uso común.

Para facilitar ese acceso, el ICE permite realizar llamadas gratuitas a las organizaciones, servicios de referencia y abogados que figuran en la lista de asistencia legal pro bono de la EOIR.

Por su parte, los jueces de inmigración también cumplen un papel importante. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el magistrado debe informar a la persona detenida sobre la existencia de servicios legales gratuitos o de bajo costo.

Si una persona se presenta a una audiencia sin representación legal, puede solicitar más tiempo para buscar un abogado. Sin embargo, la decisión de conceder o no esa prórroga queda a criterio del tribunal.

Las organizaciones sin fines de lucro, los servicios de referencia pro bono y los abogados particulares que desean formar parte del directorio de la EOIR deben cumplir una serie de requisitos establecidos por el gobierno.

Entre ellos, cada proveedor se compromete a ofrecer al menos 50 horas anuales de servicios legales gratuitos por cada tribunal de inmigración en el que solicite figurar. Además, deben informar con claridad cualquier limitación en su trabajo, como atender únicamente casos de asilo o representar solo a menores de edad.

Para permanecer en el registro, los proveedores deben renovar su inscripción cada tres años. Durante ese proceso, deben certificar bajo juramento que cumplieron con las horas de servicio comprometidas.

La EOIR también establece que los abogados y organizaciones incluidos en la lista no pueden utilizar su participación para captar clientes pagos ni cobrar por los servicios pro bono comprometidos ante los tribunales de inmigración.

El directorio de proveedores legales de la EOIR está organizado por estados y por jurisdicciones de los tribunales de inmigración de EE.UU. Entre los datos que incluye el registro se encuentran:

• Dirección física y correo electrónico de la organización o despacho.
• Números de teléfono y, en algunos casos, códigos de marcación disponibles desde los centros de detención.
• Idiomas que habla el personal.
• Tipos de casos migratorios que atiende cada proveedor.
• Información sobre si aceptan llamadas por cobrar.

Además, en algunos centros de detención de ICE los inmigrantes pueden utilizar el código 2150# para obtener información legal a través de la American Bar Association (ABA).

La inclusión de un abogado u organización en el directorio de la EOIR no garantiza que aceptará representar todos los casos. Según la agencia, estos suelen evaluar factores como la situación del solicitante y el tipo de procedimiento migratorio antes de decidir si asumirán la representación.

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