Es oficial: Estados Unidos confirma la cancelación masiva de visas para ciudadanos de cuatro países sudamericanos

Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visas dirigidas a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La decisión fue comunicada el 28 de septiembre por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) y forma parte de una política enfocada en funcionarios extranjeros, empresarios y otras personas consideradas vinculadas con actos de corrupción o narcotráfico.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente en EE.UU.”, dijo Thomas Pigott, portavoz del DOS, en un comunicado.

En esa línea, sostuvo que las medidas están orientadas a “defender la gobernanza democrática” del hemisferio “frente a la corrupción y el narcotráfico”.

Una de las bases legales mencionadas por el DOS es la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que permite impedir el ingreso de determinadas personas cuando su presencia o sus actividades puedan generar consecuencias graves para la política exterior de EE.UU.

También se utilizó la sección 7031(c) de la legislación de asignaciones, que contempla la designación de funcionarios cuando existe información considerada fidedigna sobre corrupción significativa o violaciones de derechos humanos. La aplicación de estas normas puede derivar en la revocación o en la imposibilidad de obtener una visa.

La disposición también puede alcanzar a los familiares directos de las personas sancionadas. El gobierno estadounidense señaló que la medida se enmarca en los compromisos asumidos durante la Cumbre de Doral y en la declaración de líderes de la iniciativa Escudo de las Américas, suscrita el 22 de septiembre.

Por lo tanto, la medida no supone una prohibición de ingreso para la población general de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Las restricciones se aplican a personas identificadas individualmente por el DOS bajo estas determinadas disposiciones de la legislación migratoria estadounidense.

En Bolivia, el DOS informó la revocación de 12 visas, con restricciones que también alcanzan a los familiares directos. Entre las personas incluidas figuran:

• Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior
• Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer del Departamento de Santa Cruz
• Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz
• Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal en el Departamento de Santa Cruz
• Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional
• Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca
• Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional
• Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional
• Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia
• Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez público mixto civil y comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia
• Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana
• José Luis Iriarte Cussi, empresario privado

Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que no tenían una visa vigente quedaron impedidos de solicitar u obtener documentos de viaje estadounidenses en el futuro, junto con sus familiares directos.

El gobierno estadounidense también designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, bajo la sección 7031(c). Según el DOS, la designación se relaciona con acusaciones de corrupción y con la recepción de sobornos vinculados al narcotráfico; la medida le impide ingresar a EE.UU. y se extiende a su familia inmediata.

En Colombia, las visas de Martha Isabel Peralta Epieyú y Euclides Antonio Torres Romero fueron revocadas, junto con las de sus familiares directos.

Ecuador, por su parte, registró restricciones y cancelaciones de documentos para dos ciudadanos que no fueron señalados por la agencia estadounidense y sus respectivas familias. Por último, en Perú la medida alcanzó a Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima.

La decisión sobre Colombia involucra a Martha Peralta, senadora vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). La Corte Suprema de Justicia colombiana investiga su presunta participación en hechos relacionados con la contratación de maquinaria en La Guajira dentro del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según lo retomado por RCN Noticias.

Peralta afirmó que conoció la revocación de su visa mediante medios de comunicación y redes sociales. La senadora pidió a la Cancillería colombiana que solicite información formal a las autoridades estadounidenses sobre las razones de la decisión y sostuvo que continuará con sus actividades políticas.

“Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la cancillería, ante la embajada y ante el mismo gobierno de EE.UU. Que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”, expresó en un video publicado en redes sociales.

El segundo ciudadano colombiano sancionado es el empresario Euclides Torres Romero, vinculado al denominado “Clan Torres”. Su grupo empresarial tiene participación en actividades relacionadas con energía, alumbrado público, señalización vial y sistemas de control de tránsito.

Torres fue mencionado en investigaciones relacionadas con la financiación y logística de la campaña presidencial de Gustavo Petro, expresidente de Colombia, en 2022. Testimonios de Nicolás Petro y Day Vásquez también lo ubicaron dentro de esas investigaciones.

Además, según los medios locales, se revisaron contratos adjudicados a compañías relacionadas con su entorno empresarial durante el gobierno de Petro. “No hago parte de ningún clan político y mucho menos dirijo el supuesto Clan Torres”, indicó el empresario, según lo retomado por Semana.