Green card: los tres tipos de ayuda pública que el DHS podría volver a considerar en el trámite

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó cambios en la aplicación de la denominada prueba de carga pública, un criterio que utilizan las autoridades migratorias para evaluar determinadas solicitudes de residencia permanente. La medida permitirá que los funcionarios vuelvan a considerar una gama más amplia de beneficios financiados con fondos públicos al analizar algunos casos vinculados con la obtención de la green card.

Según funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), la nueva política restablece criterios más amplios para evaluar si un solicitante podría depender de asistencia gubernamental en el futuro.

Entre los beneficios que podrían ser considerados durante el análisis se encuentran:

• SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), conocido como cupones de alimentos o food stamps.
• Medicaid, el programa de cobertura médica para personas con bajos ingresos.
• Programas de asistencia para la vivienda, incluidos determinados subsidios habitacionales financiados con fondos públicos.

De acuerdo con la entidad, estos beneficios podrían formar parte de una evaluación integral junto con otros factores personales y económicos del solicitante.

De acuerdo con CBS News, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que algunas personas pueden ser consideradas inadmisibles si existe la probabilidad de que se conviertan en una carga pública.

Bajo el nuevo enfoque, los funcionarios migratorios podrán analizar distintos elementos de cada caso, entre ellos:

• Edad
• Estado de salud.
• Situación familiar.
• Recursos económicos y patrimonio.
• Nivel educativo.
• Capacidades laborales.
• Uso de determinados beneficios públicos sujetos a verificación de recursos.

El director de Uscis, Joseph Edlow, señaló que la medida busca reforzar el principio de autosuficiencia económica dentro del sistema migratorio estadounidense.

La política alcanza principalmente a quienes solicitan una green card mediante ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, así como a determinados inmigrantes sujetos a la evaluación de carga pública. No obstante, existen categorías exentas por ley, entre ellas:

• Refugiados.
• Solicitantes de asilo.
• Algunas víctimas de trata y otros delitos.
• Determinados inmigrantes especiales.
• Personas protegidas bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).

Según estimaciones previas del DHS, alrededor de 588.000 solicitantes de ajuste de estatus podrían quedar sujetos cada año a este análisis de carga pública.

Según expertos de CBS News, grupos defensores de inmigrantes sostienen que este tipo de políticas puede provocar un llamado “efecto disuasorio”, por el cual algunas familias dejan de solicitar beneficios para los que califican legalmente por temor a que eso perjudique futuros trámites migratorios.

En el análisis económico de la regla final, el DHS calculó que alrededor de 1.266.000 personas y 35.294 hogares podrían abandonar o evitar inscribirse en los programas examinados debido al efecto indirecto de la medida.

El DHS publicó la regla final el 20 de julio. La medida entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y se aplicará a las solicitudes de admisión realizadas desde esa fecha, así como a los formularios I-485 enviados por correo o presentados electrónicamente a partir de ese día. Las solicitudes de ajuste de estatus presentadas y aceptadas antes continuarán evaluándose bajo la regla de 2022.