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¿Usar SNAP o Medicaid pone en riesgo la green card? Lo que realmente evaluará el DHS en 2026
El uso de beneficios públicos podrá formar parte de los criterios más estrictos, aunque no será el único elemento que determinará la decisión
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LA NACION
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aplicará desde el 18 de septiembre un nuevo marco para revisar las solicitudes de residencia permanente en Estados Unidos. La medida deja sin efecto la regulación de carga pública vigente desde 2022 y modifica la forma en que las autoridades analizarán la situación económica de quienes buscan obtener una green card.
SNAP y Medicaid podrán ser considerados, pero no determinan por sí solos el resultado
Uno de los principales cambios es que el uso de beneficios públicos dejará de estar limitado únicamente a la asistencia monetaria, como ocurría bajo la regla de 2022. Desde septiembre, el DHS podrá tomar en cuenta la solicitud, aprobación o recepción de cualquier programa sujeto a requisitos económicos.
En esa categoría se incluyen el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y la mayoría de los servicios cubiertos por Medicaid. Esto no significa que recibir alguno de esos beneficios implique automáticamente el rechazo de una solicitud de residencia.
El objetivo de la normativa es determinar si un solicitante tiene posibilidades de mantenerse con sus propios recursos o si existe una probabilidad de que dependa de asistencia financiada con fondos públicos. La decisión no se basará en un único dato, sino en una evaluación de cada caso.
El DHS aplicará una evaluación basada en la totalidad de las circunstancias
La nueva regulación retoma el criterio conocido como “totalidad de las circunstancias”. Bajo este sistema, cada persona será analizada de manera individual y se considerarán múltiples elementos relacionados con su capacidad económica y su situación personal. Entre los factores obligatorios figuran:
- La edad del solicitante
- Su estado de salud
- La composición del grupo familiar
- La situación económica
- La capacidad para mantenerse por sus propios medios
Por otro lado, también tendrá relevancia la declaración de apoyo presentada mediante el formulario I-864. El DHS revisará si el patrocinador cuenta con recursos suficientes para respaldar económicamente al inmigrante y reducir el riesgo de dependencia de programas públicos.
El uso de beneficios será analizado según el contexto de cada caso
Además de verificar si una persona recibió asistencia pública, las autoridades examinarán las circunstancias en las que ocurrió. La duración del beneficio, la frecuencia con la que fue utilizado, el monto recibido y el motivo que originó esa ayuda formarán parte del análisis.
Por ejemplo, un apoyo obtenido durante una situación temporal podría ser valorado de manera distinta a una utilización prolongada de programas financiados por el gobierno. El DHS también podrá considerar cualquier otra información incluida en el expediente que permita evaluar la probabilidad de que el solicitante necesite asistencia pública en el futuro.
Los beneficios anteriores al 18 de septiembre tendrán un tratamiento diferente
La normativa incorpora una disposición de transición para quienes recibieron ayudas antes de la fecha de entrada en vigor del nuevo sistema. Esos beneficios seguirán con su evaluación bajo las reglas de 2022. En esos casos, únicamente podrán considerarse la asistencia económica en efectivo destinada al mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno.
En cambio, si una persona continúa bajo programas como SNAP, Medicaid u otros beneficios sujetos a verificación de ingresos después de esa fecha, esa utilización posterior sí podrá formar parte del examen migratorio realizado bajo la nueva normativa. Además, el Uscis publicará una versión actualizada del formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus o la residencia permanente.
Qué pasará con el formulario I-485 para solicitar el ajuste de estatus
El proceso de ajuste de estatus también tendrá modificaciones administrativas. El organismo migratorio exigirá una versión actualizada del I-485 para las solicitudes presentadas cuando la regulación ya esté vigente.
El nuevo documento incorporará preguntas relacionadas con la recepción de beneficios públicos sujetos a evaluación económica. Las versiones anteriores dejarán de ser aceptadas una vez que la nueva regla entre en vigor.
La regulación también modifica el tratamiento de las denominadas fianzas de carga pública. Si una persona cubierta por este mecanismo recibe determinados beneficios después del 18 de septiembre, esa situación podrá ser considerada como un posible incumplimiento de la garantía.
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