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La regla que endurece los requisitos para pedir la green card a partir del 18 de septiembre
El DHS restituyó la regla de “carga pública” de 2022, que evalúa ingresos, edad y patrimonio antes de otorgar la residencia permanente
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LA NACION
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) oficializó la derogación de la regulación sobre “carga pública” aprobada en 2022. La decisión modifica el análisis que realizará el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) en determinados trámites de ajuste de estatus. Además, establece qué expedientes quedarán alcanzados por el nuevo criterio y cuáles continuarán bajo las normas anteriores.
Qué solicitudes de green card alcanzará la nueva disposición
La regla final fue publicada en el Registro Federal y comenzará a regir el 18 de septiembre de 2026. A partir de entonces, se aplicará a las solicitudes de admisión efectuadas ese día o posteriormente y a los formularios de ajuste de estatus enviados por correo o de manera electrónica a partir de ese momento.
Los expedientes presentados antes de esa fecha seguirán evaluándose conforme a la normativa vigente al momento de su envío. El DHS aclaró que la modificación no tendrá efectos retroactivos, por lo que el cambio no alterará la evaluación de esos casos.
Cómo evaluará el Uscis las nuevas solicitudes de green card
La regulación devuelve a los oficiales migratorios un margen más amplio para analizar si un solicitante podría depender principalmente de asistencia gubernamental en el futuro. Para efectuar esa evaluación, deberán considerar en conjunto distintos factores previstos por la ley migratoria. Entre ellos figuran:
- Edad
- Estado de salud
- Situación familiar
- Patrimonio y recursos económicos
- Ingresos disponibles
- Nivel educativo y experiencia laboral
El Registro Federal aclara que ninguno de estos factores determina por sí solo el resultado del trámite. La decisión surge de una evaluación integral del expediente y de las circunstancias particulares de cada solicitante.
Cuando corresponda, el oficial también podrá valorar la Declaración Jurada de Patrocinio Económico (Formulario I-864) como parte del análisis. Ese documento constituye uno de los elementos disponibles, aunque no define por sí mismo la resolución del caso.
Qué pasará con los beneficios públicos y los trámites de green card ya iniciados
El DHS también precisó cómo tratará las prestaciones públicas utilizadas antes de la entrada en vigor de la nueva regulación. Esos beneficios continuarán siendo evaluados conforme a las reglas que estaban vigentes cuando fueron recibidos. En consecuencia, no serán reconsiderados bajo el nuevo esquema.
La agencia explicó que esta aplicación exclusivamente hacia el futuro busca brindar previsibilidad a quienes realizaron sus trámites o utilizaron programas públicos siguiendo la normativa existente en ese momento.
Quiénes seguirán exentos de esta evaluación para obtener la green card
La legislación federal mantiene excepciones para determinadas categorías migratorias. Entre ellas se encuentran:
- Refugiados
- Personas con asilo
- Titulares de visas T, destinadas a víctimas de trata de personas
- Titulares de visas U, otorgadas a víctimas de determinados delitos
- Solicitantes protegidos por la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)
El texto también aclara que los beneficios públicos recibidos por familiares del solicitante no serán utilizados para decidir el caso. La evaluación se concentra únicamente en la situación de la persona que solicita el beneficio migratorio y en los requisitos establecidos para su categoría.
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