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Nuevas reglas del Uscis: cuáles son los beneficios que no perjudican la obtención de la green card
La evaluación será individual y tendrá en cuenta distintas circunstancias del solicitante
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LA NACION
Las nuevas reglas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) sobre carga pública comenzarán a aplicarse el 18 de septiembre. Aunque amplían los beneficios que pueden ser considerados en determinadas solicitudes de residencia permanente, existen prestaciones e ingresos que quedan fuera de la evaluación.
Qué beneficios no afectan la solicitud de residencia
De acuerdo con la guía final del Uscis, los llamados beneficios ganados o contributivos quedan fuera de la evaluación de carga pública. Se trata de prestaciones vinculadas con aportes previos del beneficiario y no de programas públicos condicionados a sus recursos económicos.
Dentro de este grupo se encuentran:
- Seguro Social, incluidos los pagos de jubilación o incapacidad
- Medicare
- Seguro de desempleo
- Determinadas pensiones gubernamentales
- Los beneficios destinados a veteranos de las Fuerzas Armadas
Una exención de tarifas migratorias no constituye por sí sola una causal para determinar que una persona será carga pública. Sin embargo, si existe información sobre una exención previa en el expediente, el Uscis puede considerarla dentro del análisis de la totalidad de las circunstancias, incluidos el motivo, la antigüedad y el monto de la exención.
Los beneficios recibidos por familiares no se atribuyen al solicitante
La utilización de un programa público por parte de un familiar tampoco convierte automáticamente al solicitante en beneficiario. Para que la agencia considere que una persona recibió una prestación, debe figurar directamente como usuaria.
Por esa razón, las ayudas otorgadas a hijos u otros familiares no se contabilizan como recibidos por quien tramita la green card. Lo mismo ocurre cuando alguien gestiona una prestación exclusivamente en representación de otra persona, por ejemplo como tutor o custodio.
Sin embargo, la situación económica del hogar puede formar parte de la evaluación general. Si los dependientes reciben asistencia debido a que los ingresos familiares son insuficientes, el Uscis puede considerar esa circunstancia al analizar los activos, recursos y situación financiera del solicitante.
Qué ocurre con los beneficios utilizados antes de septiembre
La fecha del 18 de septiembre será determinante para distinguir qué prestaciones pueden ser examinadas. Los beneficios no monetarios utilizados antes de esa fecha no serán considerados bajo el nuevo criterio de carga pública.
Esto incluye determinados programas como Medicaid de emergencia, SNAP, CHIP y WIC. Para ese período, la evaluación se concentra en la asistencia pública en efectivo destinada al mantenimiento de ingresos y en la institucionalización médica de largo plazo financiada por el gobierno.
En cambio, desde el 18 de septiembre, el Uscis podrá analizar un conjunto más amplio de programas sujetos a comprobación de recursos. Entre ellos figuran Medicaid, CHIP, WIC, SNAP y determinados programas federales de asistencia para vivienda.
Cómo funcionará el análisis de carga pública
La evaluación será prospectiva y se realizará caso por caso. La agencia deberá determinar si existe una probabilidad mayor de que el solicitante dependa del gobierno para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o atención médica.
No existe una fórmula automática que determine el resultado. El oficial debe considerar las circunstancias en conjunto y el solicitante mantiene la responsabilidad de demostrar que no es inadmisible por carga pública.
Existe una excepción vinculada con el formulario I-864. Cuando la ley exige una declaración de patrocinio económico y el solicitante no presenta una declaración suficiente, el trámite puede ser denegado sin necesidad de completar el análisis general de las circunstancias.
El cambio, que implementará el Uscis a partir del 18 de septiembre, amplía el universo de beneficios públicos que la agencia puede considerar y permite a los oficiales examinar información sobre solicitudes, certificaciones o aprobaciones relacionadas con determinadas prestaciones. El organismo utilizará esos datos junto con el resto de las circunstancias del expediente.
La nueva regulación también establece modificaciones para las fianzas de carga pública mediante el formulario I-945. Entre otros aspectos, contempla cuándo puede producirse un incumplimiento y los mecanismos administrativos disponibles para cuestionar una determinación ante la Oficina de Apelaciones Administrativas del Uscis.
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