Oficial y confirmado: la fianza migratoria que comenzó como prueba y se volvió permanente el 3 de agosto

Desde el 3 de agosto, el programa de fianza de visa quedó incorporado de manera permanente a las normas del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés). La decisión pone fin a la etapa de prueba iniciada el 20 de agosto de 2025 y mantiene el mecanismo para determinados solicitantes de permisos de visitante temporal B-1/B-2.

La disposición autoriza a los funcionarios consulares a exigir un depósito económico como requisito previo a la emisión de la visa. El objetivo es garantizar que el visitante respete el tiempo de permanencia autorizado y abandone EE.UU. cuando finalice su estancia.

Los montos previstos son de US$10.000, US$15.000 o US$20.000, según la evaluación realizada por el oficial consular. El dinero se deposita mediante una plataforma electrónica administrada por el Departamento del Tesoro y puede recuperarse si el beneficiario cumple todas las condiciones establecidas por el programa.

La medida alcanza únicamente a quienes soliciten visas B-1/B-2 para viajes de negocios o turismo. Aunque la legislación contempla la posibilidad de extender el mecanismo a otras categorías, el programa permanente continúa limitado a esos permisos.

La lista oficial de los países alcanzados se publica con al menos 15 días de anticipación antes de que el requisito entre en vigor para una nueva jurisdicción. Estos son seleccionados con base en factores como:

• Elevados niveles de permanencia irregular tras el vencimiento de la visa
• Deficiencias en el intercambio de información
• Problemas en la verificación de identidad
• Controles insuficientes sobre los documentos de viaje

Los ciudadanos de los 50 países incluidos durante la fase piloto continúan sujetos a esta obligación. Entre ellos figuran Cuba, Nicaragua y Venezuela. En cambio, los países que participan en el programa de exención de visa no pueden ser incorporados al sistema de fianzas.

El depósito debe abonarse electrónicamente y en dólares estadounidenses. Una vez que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) verifica el cumplimiento de las condiciones del programa, el importe es reintegrado al pagador por el mismo medio de pago empleado originalmente.

Para acceder al reembolso, el visitante debe salir de EE.UU. antes del vencimiento de su autorización de permanencia. Además, no puede haber trabajado sin autorización ni presentado una solicitud de asilo u otra protección humanitaria mediante el formulario I-589. La devolución no incluye intereses.

Si el viajero excede el tiempo permitido, presenta fuera de plazo una solicitud de extensión de estadía o incumple las condiciones previstas, pierde el total de la fianza. También pueden aplicarse descuentos si el pagador mantiene obligaciones pendientes con organismos gubernamentales.

• Cuando un funcionario consular determina que un solicitante debe cumplir con este requisito, la visa queda suspendida bajo la Sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) hasta que se acredite el pago correspondiente. Mientras ese depósito no sea realizado, el trámite permanece sin resolución favorable.
• El funcionario puede optar por fijar una garantía de US$10.000 en lugar de US$15.000 cuando considere que existen limitaciones económicas, siempre que el solicitante demuestre que dispone de recursos suficientes para cubrir los gastos del viaje. No existe un procedimiento abierto para solicitar la eliminación del requisito, salvo recomendaciones internas en situaciones específicas que requieren aprobación de las autoridades consulares.
• La decisión de establecer este sistema de forma permanente se apoyó en los resultados obtenidos durante el programa piloto. Según los datos oficiales, los casos de permanencia irregular descendieron de más de 45.000 durante el año fiscal 2024 a menos de 50 entre quienes estuvieron sujetos a la fianza.
• Además, una parte importante de los solicitantes decidió no continuar con el trámite al no efectuar el depósito exigido, lo que redujo la emisión de visas en los países incluidos en el programa.