Requisitos actualizados del DHS para solicitar o renovar los permisos de trabajo EAD

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una propuesta de regla para modificar las condiciones de ciertas solicitudes y renovaciones de permisos de trabajo en Estados Unidos. La medida, todavía en etapa de comentarios públicos, plantea nuevos requisitos como demostrar necesidad económica, presentar datos biométricos y acreditar vínculos con empleadores inscritos en E-Verify para algunas renovaciones.

La agencia de seguridad nacional publicó el 5 de junio un aviso de propuesta normativa (NPRM) en el Registro Federal de EE.UU. que indica cambios significativos para ciertas categorías de autorización de empleo (EAD, en inglés). Algunas de las modificaciones corresponden a las nuevas condiciones que deben cumplir los peticionarios al momento de la evaluación de su solicitud.

Si la regla final se adopta, los migrantes que soliciten autorizaciones laborales discrecionales bajo las categorías alcanzadas deberían cumplir con nuevos requisitos, entre ellos.

• Acreditar necesidad económica para acceder al permiso de trabajo.
• Demostrar que el caso amerita una decisión favorable del Uscis.
• Presentar datos biométricos para la verificación de identidad y antecedentes.
• Solicitar la renovación con un empleador de Estados Unidos que participe en E-Verify y se encuentre en regla dentro de ese sistema.
• Mantener vigente la base migratoria que justificó la autorización laboral, como el parole o la acción diferida.

Además, el DHS plantea causales de terminación automática del EAD. La autorización laboral podría finalizar si la persona recibe una orden final administrativa de remoción o si se cancela o deniega la base migratoria que justificaba el permiso.

La agencia remarcó que la decisión final quedará a discreción del oficial que evalúa cada caso.

Bajo la propuesta publicada por el DHS, los tres grupos migratorios que serían más afectados por la regulación consisten en:

• Extranjeros con permiso de permanencia temporal (parole) otorgado por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo [categoría (c)(11)].
• Migrantes a quienes se les concedió acción diferida [categoría (c)(14)], con excepción de aquellos bajo el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) o solicitudes T bona fide (buena fe).
• No ciudadanos con una orden final de remoción que han sido liberados temporalmente de la custodia bajo una orden de supervisión (OSUP) [categoría (c)(18)].

A su vez, la medida establece que los EAD para estos grupos se limitarían generalmente a un máximo de un año, lo que llevaría a realizar revisiones periódicas de la elegibilidad.

La NPRM establece que no se otorgaría el permiso a los no ciudadanos que se encuentren en las siguientes situaciones penales, a menos que existan intereses públicos contrapuestos significativos:

• Cualquier acto criminal: esto incluye a personas que hayan sido arrestadas, acusadas (incluso sin una disposición final), procesadas o condenadas. La agencia aclara que el término “arrestado o acusado” se aplica independientemente del resultado del caso judicial.
• Admisión de delitos graves: personas que admitan haber cometido un crimen violento o peligroso, aun si nunca fueron formalmente arrestadas, acusadas o condenadas por el acto.
• Vínculos con grupos peligrosos: casos donde exista evidencia de que el solicitante es miembro de una pandilla o de una organización terrorista. Para determinar esto, las autoridades podrán considerar factores como tatuajes, vestimenta, fotos o declaraciones que indiquen la vinculación a una identidad de grupo usada para intimidar.
• Acuerdos de culpabilidad y registros sellados: el DHS generalmente no ejercerá su discreción a favor de quienes participen en acuerdos o programas (como programas de desvío previos al juicio) que impongan algún tipo de castigo, penalidad o restricción a la libertad.

Actualmente, la propuesta se encuentra en el período de comentarios públicos, que finaliza el 4 de agosto de 2026. Una vez terminada esta fase, la agencia deberá revisar y considerar las opiniones recibidas antes de tomar una decisión final.

Si el gobierno decide seguir adelante, publicará una regla final en el Registro Federal con la fecha de entrada en vigor.