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Visa de trabajo y permiso EAD: a qué inmigrantes aplica la nueva tarifa de US$103.265
La medida alcanzaría a las peticiones sujetas al cupo anual y sería abonada por los empleadores
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LA NACION
El gobierno de Donald Trump busca establecer una tarifa de 103.265 dólares para determinadas solicitudes de visa H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. La medida no afecta a quienes tienen el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) ni a quienes quieren tramitarlo a partir de otro estatus.
Visa H-1B: quiénes deberían pagar la nueva tarifa
Según el documento cargado en el Registro Federal, el cargo propuesto se aplicaría únicamente a las peticiones H-1B sujetas al límite anual. Esto comprende el cupo general y el reservado para determinados profesionales que obtuvieron títulos de posgrado, como maestrías o doctorados, en universidades estadounidenses.
El trabajador extranjero que recibe el beneficio de la visa no sería quien deba pagar directamente los US$103.265. La obligación recaería sobre el empleador que presenta el formulario I-129 para solicitar la visa en nombre del profesional.
En cambio, quedarían excluidas las solicitudes H-1B que no están sometidas al cupo anual. Entre ellas se encuentran las presentadas por instituciones de educación superior, organizaciones de investigación sin fines de lucro y entidades de investigación gubernamentales.
La propuesta fue impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y firmada por su secretario, Markwayne Mullin. Antes de convertirse en una obligación definitiva, la iniciativa deberá atravesar distintas etapas del proceso regulatorio federal.
“Esto es exactamente lo que queremos apoyar en la administración Trump. Queremos empresas que contraten estadounidenses y que inviertan en comunidades estadounidenses”, dijo el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, en una conferencia el lunes 24 de agosto.
El antecedente judicial del cargo de US$100.000 sobre las visas H-1B
La iniciativa aparece después de una disputa judicial relacionada con un cargo anterior de US$100 mil. Esa medida había sido establecida mediante la Proclamación Presidencial 10.973, emitida el 19 de septiembre de 2025.
El 8 de junio de este año, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts anuló la guía utilizada para implementar el pago en determinadas peticiones H-1B. El caso fue identificado como State of California v. Mullin.
El DHS cuestionó la decisión y solicitó una suspensión mientras avanzaba la apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. La orden del tribunal de distrito había quedado suspendida administrativamente durante la tramitación de ese pedido.
Sin embargo, el 24 de julio, el Primer Circuito rechazó el reclamo del gobierno. El DHS indicó que acataría la decisión mientras analizaba sus próximos pasos, aunque mantuvo su intención de cobrar el importe si la medida judicial que lo impide fuera posteriormente levantada.
La administración Trump sostuvo que la nueva norma busca proteger el empleo local al incentivar la contratación de ciudadanos estadounidenses y financiar los gastos del sistema migratorio. “Si una corporación estadounidense necesita trabajadores, debería contratar y capacitar a estadounidenses”, señaló Vance en su cuenta de X.
Cuánto dinero pretende obtener el DHS con la nueva tarifa para visas H-1B
La nueva propuesta también modifica la forma en que el gobierno plantea financiar determinadas funciones migratorias. El DHS calcula que el sistema de recuperación integral de costos podría generar alrededor de US$8800 millones anuales.
Según la información oficial, este sistema se distribuiría entre varias agencias:
- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) recibiría cerca de US$3000 millones, equivalentes al 34,2%, para adjudicaciones, tecnología, cobro de tarifas y controles relacionados con fraude y seguridad nacional.
- El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), a través de sus tribunales de inmigración y apelaciones, recibiría aproximadamente US$2956 millones. El dinero permitiría financiar más de 8400 puestos destinados a jueces, abogados y personal administrativo.
- El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) obtendría US$1210 millones para certificaciones laborales y tareas de investigación, auditoría y cumplimiento.
- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recibiría US$1050 millones destinados a investigaciones sobre fraude migratorio, controles de empleadores y apoyo al programa de estudiantes y visitantes de intercambio.
- El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) recibiría US$484 millones para operaciones consulares y herramientas de detección de fraude.
- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tendría asignados US$76 millones para sistemas biométricos.
La nueva tarifa del DHS todavía debe completar el proceso regulatorio
El DHS fundamentó el nuevo cargo en la sección 286(m) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que permite establecer tarifas destinadas a recuperar costos gubernamentales. El gobierno buscó así diferenciar esta iniciativa del mecanismo utilizado para imponer el anterior pago de US$100.000.
Si una petición alcanzada por la norma no incluyera el pago correspondiente al momento de su presentación, no cumpliría con los requisitos económicos previstos para su procesamiento y podría ser rechazada o desestimada.
La propuesta se encuentra ahora en la etapa de comentarios públicos, un plazo de 30 días para recibir observaciones. Luego, el DHS deberá analizarlas antes de redactar la versión definitiva.
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