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Visa de turista en USA y el proyecto de ley que apunta a quienes viajan con el fin de tener un hijo en EE.UU.
La propuesta busca incorporar a la legislación federal una restricción adoptada por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) en 2020
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LA NACION
El proyecto Birth Tourism Elimination Act, presentado por el senador Tim Scott, busca convertir en ley las restricciones al turismo de parto y ampliar los controles sobre quienes utilicen visas temporales, como la B-2, para ingresar a Estados Unidos con ese propósito. La iniciativa también contempla medidas contra las empresas que organizan y comercializan este tipo de viajes.
Qué ocurriría con la visa B-2 para turistas
El proyecto no plantea modificar las reglas de ciudadanía por nacimiento. Su enfoque está puesto en las condiciones de ingreso al país norteamericano y en las actividades comerciales que, según sus impulsores, utilizan los programas migratorios temporales para organizar estos viajes.
“La ciudadanía estadounidense no está a la venta, y los extranjeros no tienen derecho a comprarla para sus hijos”, dijo Scott en un comunicado.
- “Tenemos la fortuna de vivir en la mejor nación del mundo, y mi proyecto de ley deja claro que nuestros programas de viajes temporales no pueden ser explotados con el fin de obtener la ciudadanía estadounidense”, señaló.
- Uno de los puntos centrales del proyecto de ley establece que una persona podría ser considerada inadmisible si solicita ingresar con una visa B-2 y el propósito principal de su viaje es dar a luz para obtener la ciudadanía estadounidense para su hijo.
- La iniciativa fija además una presunción cuando el funcionario consular considere que la solicitante podría dar a luz durante su permanencia en el país norteamericano.
Esa presunción podría ser cuestionada por la solicitante si demuestra que existe otro motivo principal y legítimo para su viaje. De esta manera, el proyecto diferencia entre un desplazamiento cuyo objetivo central sea obtener la ciudadanía para el menor y aquellos embarazos o partos que ocurran durante una estadía realizada por otras razones.
Las excepciones que contempla el proyecto
Las restricciones no alcanzarían de la misma manera a quienes se encuentren legalmente en EE.UU. por motivos de empleo, estudios u otras actividades autorizadas y cuyo parto sea una circunstancia incidental de esa permanencia.
- También se contemplan excepciones cuando el padre o la madre biológica del menor sea ciudadano estadounidense, residente permanente legal, refugiado o asilado.
- El texto legal también extiende las limitaciones a personas que pretendan utilizar el Visa Waiver Program o ESTA para ingresar a EE.UU. con el propósito principal de realizar turismo de nacimiento.
- El permiso de permanencia temporal por razones humanitarias tampoco podría utilizarse para ese objetivo.
En materia de controles, los funcionarios consulares y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) podrían negar la entrada cuando exista una sospecha razonable.
El proyecto contempla además derivaciones a inspección secundaria y la posibilidad de aplicar procedimientos de deportación expedita.
Hasta 15 años de prisión para quienes faciliten el turismo de parto
Una de las partes de la iniciativa está dirigida a las empresas y personas que obtengan beneficios económicos mediante la organización de estos viajes.
El proyecto propone sanciones penales de hasta 15 años de prisión para quienes, con conocimiento, faciliten, patrocinen, organicen, anuncien o lucren con el turismo de parto.
El planteo surge después de investigaciones federales sobre redes comerciales que ofrecían paquetes a ciudadanos extranjeros.
Entre los casos mencionados por el senador Scott figura una empresa que, según los antecedentes incluidos en su propuesta, atendió a más de 500 clientas chinas, operó con 20 departamentos en California y ofreció servicios por entre US$40.000 y US$80.000.
La iniciativa también llega después de las medidas anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio el 23 de septiembre contra las redes comerciales dedicadas a esta actividad.
La política impulsada busca alcanzar a operadores, propietarios y administradores de estas organizaciones, así como a quienes ayuden a falsear información durante los trámites migratorios.
Según Rubio, también se contempla a determinados proveedores médicos extranjeros que colaboren conscientemente con estos esquemas y situaciones relacionadas con el uso fraudulento de fondos públicos, como Medicaid.
Además, las personas vinculadas familiarmente con responsables de estas redes podrían quedar alcanzadas por las restricciones de visa.
