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Glifosato. ¿Por qué algunos países prohíben su uso y otros no?
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PARA LA NACIONPablo Corso
Alva y Alberta Pilliod llevaban tres décadas echando Roundup en el jardín. Para el matrimonio septuagenario de California, el herbicida de Monsanto era lo más natural del mundo, hasta que en 2011 Alva recibió el diagnóstico de un linfoma no-Hodgkin, que se abría camino por sus huesos hacia la columna vertebral. Cuatro años después, apareció la misma afección en el cerebro de Alberta. Las enfermedades habían remitido el año pasado, cuando la Justicia ordenó a Bayer (nueva dueña de Monsanto) pagar a los Pilliod US$2055 millones. Pero el daño ya estaba hecho. "Las publicidades decían que era sumamente seguro", recordó Alva. "El cáncer que nos causó Roundup cambió nuestra vida para siempre".
Hay unas 125.000 demandas de personas que dicen haberse enfermado a causa del herbicida. La propia empresa Bayer, dueña de Monsanto, indemnizó a varias familias a pesar de que sigue sosteniendo que es inocuo.
Los Pilliod son la punta de un iceberg de 125.000 demandantes que aseguran haber enfermado por culpa del herbicida. La historia pareció darles la razón este 24 de junio, cuando Bayer anunció un paquete de indemnizaciones por US$10.000 millones, que "permitirá cerrar aproximadamente el 75% de los actuales casos de litigación". El estudio Baum, Hedlund, Aristei & Goldman advirtió que muchos de sus clientes siguen sufriendo las consecuencias del cáncer, aunque se trataba de "un primer paso para corregir los 40 años de daño causado por el glifosato".
El experimento
Monsanto descubrió la molécula original del herbicida en 1969. Cinco años después, salía al mercado con el objetivo de matar todas las malezas que compitieran con los cultivos. Fue un éxito mundial que la compañía complementó con la creación de semillas resistentes a las fumigaciones. A mediados de esta década se habían volcado 8,6 millones de toneladas de glifosato en los campos de todo el mundo.
Las ONG ambientalistas locales no tienen dudas: Argentina fue un experimento a cielo abierto para el herbicida y la soja transgénica, un modelo que se expandió a Uruguay, Paraguay y Bolivia. En una tormenta perfecta, los feedlots dejaron más espacio para el cultivo, el precio de la soja escaló a las nubes y las plantaciones se expandieron hasta Santiago del Estero. Con vertidos de 200 millones de litros anuales, el glifosato se rocía desde el aire y se filtra en ríos, arroyos y napas. Los controles son casi siempre insuficientes.
Hace cinco años, después de recibir un informe de médicos, científicos y organizaciones sociales, la Organización Mundial de la Salud ubicó el glifosato en la lista de "probables cancerígenos" de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). Más tarde, sin embargo, una revisión de la ONU y la propia OMS consideró "poco probable" ese peligro. A partir de documentos desclasificados, los Monsanto Papers revelaron una campaña persistente de la multinacional para influir en artículos científicos sobre el tema y ocultar que el Roundup causa daño en el ADN.
El divorcio
Los países que mueven el mayor volumen mundial de granos siguen permitiendo el glifosato para el control de malezas en cultivos extensivos. "Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y China tienen sistemas de revisión periódica", explica Martín Vila-Aiub, profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA, para quien no está probado que sea cancerígeno. A pesar de que la evidencia no termina de ser concluyente, el herbicida está provocando un divorcio entre los organismos internacionales y los gobiernos, que reciben cada vez más presión ciudadana. En Alemania, desaparecerá este año de parques públicos y jardines privados, hasta llegar a la prohibición total a fines de 2023. Austria lo prohibió en forma inmediata y México anunció su reemplazo por métodos alternativos para 2024.
A partir de documentos desclasificados, los
La ONG Sustainable Pulse, que monitorea el uso de herbicidas en todo el mundo, cuenta más de una veintena de países que limitan su uso. Italia lo prohibió en áreas públicas y en rociados de precosecha; Francia lo retiró de los espacios verdes. Bélgica, República Checa, Dinamarca, Portugal y los Países Bajos también pusieron barreras. Hay restricciones adicionales en Asia (Tailandia, Vietnam, Sri Lanka, Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein y Qatar), África (Malawi, Togo) y Latinoamérica (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Bermudas, San Vicente y las Granadinas). A nivel interno, el glifosato está cercado en distintas zonas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, España, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Eslovenia y Suiza.
El pionero
Andrés Carrasco (1946-2014) fue una criatura extraña para el sistema científico argentino. Director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, sabía que una de sus investigaciones le valdría el odio de los conglomerados del agro, algunos colegas y varios políticos. Antes de publicar el paper, adelantó sus resultados a las Madres de Ituzaingó, el barrio cordobés que originó la primera condena por fumigaciones ilegales en el país.
Carrasco había concluido que, en pollos y en anfibios, el glifosato producía malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis 1500 veces menores a las que se usaban en el campo. Los resultados eran extrapolables a todos los vertebrados. El ministro de Ciencia, Lino Barañao, le había pedido discreción. ¿Por orden de Cristina, cuyo modelo dependía en buena medida del furor de las commodities? "No lo sé", evadía ante este cronista en un café de Congreso, un año antes de morir. "En su momento, Néstor Kirchner sí se interesó por mi informe". Carrasco lamentaba que el Estado no hubiera advertido las luces amarillas que se encendían sobre Monsanto."El error de estos señores –dijo señalando el Palacio Legislativo– fue creer que podrían controlarlos".
Teoría y práctica
Bayer asegura que el glifosato es inocuo y que sus componentes residuales se descomponen en dióxido de carbono y fosfato. Pero hace tres años una investigación del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata confirmó que el Río Paraná está contaminado tanto por el herbicida como por los productos de su degradación. Y, a fines del año pasado, Rafael Lajmanovich –profesor de la Universidad Nacional del Litoral– publicó otro estudio que agregaba que, en contacto con el arsénico de grandes áreas fumigadas, produce disrupción hormonal, mayor proliferación celular y daño del material genético, tres factores asociados al cáncer.
Aunque tiene autorización del Senasa, el glifosato está prohibido en al menos 10 ciudades argentinas: Bariloche, El Bolsón (Río Negro), Lago Puelo, Epuyén, Cholila (Chubut), General Alvear (Mendoza), Rosario, Rincón (Santa Fe), Concordia y Gualeguaychú (Entre Ríos). A falta de regulaciones nacionales, las autoridades locales van cediendo ante la acumulación de denuncias por fumigaciones ilegales y enfermedades que las comunidades asocian al abuso del producto de Bayer y sus competidoras Nidera y Syngenta. Mientras Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe debaten la regulación con intermitencias, el año pasado Chubut se convirtió en la primera provincia en prohibir su fabricación, comercialización y uso.
Las cosas podrían cambiar en los próximos meses. "Ustedes saben lo que significa la utilización del glifosato", advirtió Juan Cabandié el 15 de mayo a los senadores de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. "Ese veneno contamina las napas freáticas, se fumiga en la cara de los niños de las escuelas rurales y en los centros urbanos. Hay muertes producto del glifosato. Si hiciésemos un estudio de glifosato en sangre y en nuestro plato de comida, nos alarmaríamos". Los legisladores escuchaban incrédulos. Quizá pensaron que todo estaba bajo control. Carrasco hubiera sonreído.
Por Pablo Corso
