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Los pesticidas llegan a nuestro plato
Por cada campaña agrícola, sobre los 30 millones de tierra arable de Argentina se vierte un estimado de 400 millones de litros de agroquímicos. ¿Cuánto de este veneno llega a nuestra mesa?
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Por Fernanda Sandez / Fotos de Pablo Piovano
Hiela. por primera vez en el invierno de 2017 el frío se hace sentir en Buenos Aires y, para peor, a eso de las tres de la tarde una llovizna duplica las ganas de huir. Salen a relucir un par de paraguas, pero nadie se mueve de Plaza San Martín. Y eso que es sábado a la hora de la siesta. Y eso que hiela y, de a ratos, se siente ese chiflete feroz con el que el Río de la Plata suele recordarle a los porteños que sigue ahí. Que no es manso ni está muerto como su primo el Riachuelo. Que cuidadito con él.
No hay caso; por mucho que sople, nadie se va. Hay algunos puestos de venta de tartas, hay una olla de lata de donde sale un locro que se vende por plato, hay un mimo de peluca amarilla haciéndose el gracioso, combatiendo a toda remerita este frío de estepa. Allá, una muerte de lo más lograda (traje negro, costillas pintadas en blanco fluorescente, guadaña gigantesca hecha con un palo, cartón y papel plateado de cigarrillos) se pasea entre la gente. Acá, algo más cerca, un chico vestido con una máscara antigás, que le da el raro aspecto de un mosquito bípedo, circula entre chicas que toman mate, parejas que se abrazan y pequeños grupos de personas sin nada que diga qué relación las une. Pero eso tampoco importa demasiado, porque todos los que están hoy aquí saben desde hace tiempo a qué vinieron.
Hoy, 20 de mayo, en todo el mundo y en ciudades tan distintas entre sí como las chicas que toman mate, la muerte de bajo presupuesto y la alegoría del fumigador, miles (¿millones?) de personas se dan cita en sus lugares para sumar su granito de arena a la llamada Marcha Mundial contra Monsanto. Una vez al año, entonces, gente de todo el planeta se levanta y camina (y se disfraza, y hace discursos, y se junta para escuchar a los especialistas que gusten acercarse al convite) para decir que no cuenten con ellos. Que no quieren ser parte de un modelo de producción de cultivos basado en la santísima trinidad de agroquímicos (también llamados agrovenenos), semillas genéticamente modificadas para resistirlos en dosis crecientes (en Argentina ya contamos con 37 semillas de este tipo, 27 de las cuales son capaces de tolerar uno, dos y hasta tres pesticidas sin morir) y fertilizantes sintéticos (formulados en base a hidrocarburos) que prometen remozar suelos en vías de extinción a fuerza de siembras continuas, fuerte extracción de nutrientes y las sempiternas fumigaciones que –en descargas de químicos que vienen desde el cielo en aviones fumigadores o en fumigadoras terrestres llamadas “mosquitos”– envenenan todo lo que tocan. Y lo que no tocan directamente, también: varios documentos oficiales prueban ya el impacto de los agroquímicos en las napas de agua. Los tóxicos –como la atrazina, prohibida en Europa justamente por su capacidad para contaminar aguas– se filtran hasta alcanzar el líquido que terminaremos bebiendo todos.
Pero volviendo a la marcha de hoy, vale decir que la elección de la Plaza San Martín es cualquier cosa menos casual: a pocos metros de donde estamos se levanta la Cancillería y, muy cerca de allí, está el edificio vidriado en donde la empresa Monsanto tiene sus oficinas. Un piso entero con vista a la plaza y al río que sopla su viento helado sin ahuyentar a nadie.
Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires y coordinador regional para el Cono Sur de la Red Alternativa a los Plaguicidas en América Latina (RAP-AL) es uno de los tantos que no se mueve. Vino con varios de sus alumnos, que lo miran fascinados. Tampoco eso es casual, porque el ingeniero Souza Casadinho es una de las voces más sólidas y consecuentes en la crítica al actual modelo de producción agropecuario que ha convertido los químicos en su razón de ser. Desde hace más de dos décadas, desde la cátedra a su cargo, pero también desde donde sea que haya que estar, él habla de lo que más sabe: los químicos que se utilizan en el campo y sus impactos en la salud de humanos, animales y plantas. Hace pocos días, de hecho, volvió de una reunión internacional en la que se habló de una sustancia de nombre curioso: el paraquat. ¿Qué es el paraquat? Simple: un herbicida creado en 1961. Pero según la Hertfordshire Pesticides Properties Database (esto es, la Base de Datos de la universidad inglesa de Hertfordshire sobre las Propiedades de los Pesticidas, uno de los repositorios más completos, actualizados y consultados en la materia), el paraquat –además de eliminar malezas que puedan perjudicar una cosecha– provoca otra clase de efectos, bastante más inquietantes. ¿Por ejemplo? Además de ser irritante de los ojos y del tracto respiratorio, se consigna que posiblemente tenga “efectos sobre la reproducción y el desarrollo” y que se desconoce si provoca o no mutaciones genéticas. Por todas estas razones, el paraquat fue prohibido en Europa en 2012. En Suiza, sede central de la compañía que tiene las patentes de la sustancia, fue prohibido mucho antes, en 1989. En Argentina es legal y se lo utiliza en los cultivos más diversos: arroz, lentejas, viñedos, papas y un largo etcétera.
El ingeniero Casadinho, mientras espera su turno para tomar la palabra, cuenta que la reunión en Europa de la que acaba de volver se había propuesto analizar nuevamente los impactos del paraquat en los agroecosistemas y en la salud humana. Su expectativa de máxima era lograr la inclusión de esa sustancia en una lista de sustancias prohibidas, de la que ya forman parte agrovenenos como el endosulfán (un insecticida), el endrín y el ultrafamoso DDT, del que se esparcieron millones de litros por todo el planeta hasta que (décadas después de haberlo considerado casi como el salvador de la Humanidad por su eficacia en la eliminación de los mosquitos que transmiten el dengue y el paludismo) sus “efectos no deseados” se volvieron inocultables. En efecto, la molécula de DDT podía viajar miles de kilómetros desde el lugar en el que había sido aplicada. Además, era altamente persistente (se la podía detectar en un campo aún muchos años después de la última fumigación) y, como los organismos vivos literalmente “no sabían” cómo eliminarla (no existe en la naturaleza una molécula como esta, producto salido de un laboratorio), simplemente la acumulaban. Había, pues, DDT en los cuerpos de los peces, los osos, las aves. Y, en el caso de las hembras humanas, acumulábamos esta verdadera maldición química en nuestra grasa reproductiva, por lo que en el momento de convertirnos en madres y dar el pecho a nuestros hijos, les dábamos, además, algo que ninguna otra generación humana les había ofrecido antes a sus crías: leche con pesticidas.
El episodio del DDT es hoy tal vez el ejemplo más conocido del modo en el que solemos encarar el tema de los químicos en general y el de los químicos del campo en particular: celebramos y consumimos primero, verificamos, lamentamos y prohibimos después. Así pasó con los drines (es una familia de pesticidas), con el paratión y con una larga lista de agroquímicos hoy considerados –y por diversas razones– como “peligrosos” o “altamente peligrosos”. El problema es que casi siempre el tiempo que transcurre entre que a) un pesticida es glorificado y b) ese mismo pesticida es llevado al banquillo de los acusados y públicamente denostado suele ser demasiado. Y en el medio se pierden ecosistemas, vidas y recursos, además de muchísimo dinero en gastos públicos de salud y compensaciones a los afectados, llegado el caso. “Lo que pasó con el paraquat –explica Souza Casadinho– es que fuimos a la reunión con todos nuestros trabajos de investigación, nos reunimos con algunas personas, pero no logramos avanzar mucho. La producción se sigue priorizando sobre la salud y mientras eso suceda...”.
Traducción: si un agroquímico “cumple” con su promesa letal, no importa si mata a una langosta, a un ácaro o a una maleza, todo lo demás no importa. O importa menos. Así pasó cuando también en una cumbre de países se discutió la prohibición del endosulfán, recuerda el ingeniero. “Argentina fue una de las naciones que más se opuso a su prohibición. La otra fue la India, que es un país productor de endosulfán y de otros pesticidas”, aclara. Y hace un gesto de silencio con el índice. Allá adelante, dos personas se preparan para tomar la palabra.
Son un hombre alto y una mujer pequeña, los dos parados debajo de un gazebo con un techo blanco de tela que se hincha y se aplana al compás del viento. El hombre se llama Marcos Filardi, es abogado y resume para el público el resultado del reciente juicio de los pueblos a Monsanto en La Haya. La empresa fue encontrada culpable por una serie de crímenes que van desde la violación a los derechos a la salud y a la alimentación hasta la libertad de investigación científica. Y, de haber existido la figura de ecocidio como tipo jurídico dentro de la justicia internacional, la empresa también habría sido condenada, detalla Filardi.
La mujer a su lado lleva un poncho gris, se llama Miryam Gorban, es nutricionista y también la hacedora de un pequeño milagro: la creación de 22 cátedras de soberanía alimentaria en distintas universidades públicas de todo el país, incluida la Universidad Nacional de Buenos Aires, la de La Plata y la de Córdoba (ver nota). Y está aquí justamente para hablar de todo eso que la obsesiona desde hace años: la autonomía (y la dependencia) de los pueblos a la hora de definir las políticas públicas sobre su alimentación, los criterios acerca de qué y cuánto sembrar de cada cosa, el impacto de cada una de esas realidades en la dieta y la salud de sus ciudadanos y, sobre todo, la matriz política –y deliberadamente ocultada– que subyace detrás de todo lo que llega (o no) a nuestras mesas, no menos de cuatro veces al día. Y si está hoy aquí (con ese poncho, con 89 años, con este frío) es justamente porque, para ella, en un nombre (Monsanto) se resumen de alguna manera todas las claudicaciones. Todo lo que podríamos ser (y no somos) por haber alguna vez renunciado –lo sepamos o no– a producir alimentos para producir en nuestro territorio básicamente commodities como la soja o el maíz. Eso que luego (convertidos en harina, aceite o alimento para gallinas, vacas y cerdos, o bien en biocombustible que alimentará máquinas) se irá a algún otro lado. Tal vez por eso, apenas toma el micrófono, se pone a combatir el frío coreando la canción que, para miles, es ya un verdadero himno:
–Te lo digo, te lo canto/ ¡Fuera Monsanto!
Sano, seguro y soberano (o no tanto)
Cada año, el 7 de abril, los estudiantes de la carrera de Nutrición y en particular aquellos que participan de la CaLiSA (Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria) salen a la calle y dan una vuelta alrededor de la manzana en donde funciona la Facultad de Medicina de la UBA. Marchan, a menudo, detrás de una bandera que reza “Comamos sano, seguro y soberano”. Lo de “seguro” hace a la certeza de tener el alimento de cada día garantizado (cosa que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, entre 900 y 1.000 millones de personas en el mundo no lo tienen asegurado) y lo de “soberano” hace a la libertad y a la autonomía de cada pueblo de poder, básicamente, decidir qué sembrar y qué comer, sin que eso se lo pauten los mercados internacionales. Pero ¿y lo “sano”? ¿A qué alude exactamente esa idea en el marco de la soberanía alimentaria? Desde luego que a la posibilidad de acceder a alimentos nutritivos, pero también a la certeza de que eso que estamos poniendo en nuestro plato es realmente inocuo y no un catálogo de pesticidas en forma de tomate. Porque eso, nos guste o no, es lo que hoy tenemos: una producción agrícola que (en base a cerca de 300 principios activos, algunos de ellos prohibidos hace años en Europa y en Estados Unidos) maneja actualmente un total de 4.727 formulados químicos de uso legal en el país y que prometen eliminar toda clase de plagas que afectan a los cultivos.
En diciembre de 2015 eran 4.555; en diciembre de 2016 eran ya 4.727. La cuenta es clara: 249 productos más, lo que implica el lanzamiento al marcado de casi 20 nuevos químicos por mes. Resultado: por cada campaña agrícola se vierten sobre los 30 millones de tierra arable de Argentina un estimado de 400 millones de litros de agroquímicos, en un negocio que a nivel local mueve cerca de US$ 2.500 millones, pero cuyas cifras definitivas permanecen ocultas porque la principal cámara de fabricantes de pesticidas se niega a dar a conocer oficialmente esa información.
Todos los pesticidas puestos a la venta prometen por otro lado “inocuidad” siempre y cuando sean empleados “siguiendo los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas”, como machacan casi de memoria tanto los fabricantes de estos productos como los profesionales que fogonean su utilización. Sin embargo, ¿quién –en el país de Cromagnon, de la Tragedia de Once, de los vinos adulterados y de los pañales contaminados con mercurio, por solo citar algunos casos flagrantes de desidia estatal– pondría las manos en el fuego por esos controles? ¿Qué organismo podría certificar sin lugar a dudas que en esas lechugas, rúculas, papas, zanahorias y morrones en donde se han descargado, y a repetición, toda clase de biocidas no ha quedado rastro de ninguno de ellos? ¿De qué mágico modo es que las sustancias que han sido luego detectadas bien en el agua, el aire y la tierra, simplemente “desaparecen” del fruto o de la hoja en la que han sido rociados?
En ese sentido, tal vez la pregunta más elemental e inquietante de todas sea la que hizo hace años la bióloga Jane Goodall: “¿Cómo fue que alguna vez pudimos pensar que era una buena idea cultivar nuestros alimentos con veneno?”. Porque eso es, en definitiva, lo que venimos haciendo aproximadamente desde mediados del siglo XIX: producir cultivos en base a productos diseñados para matar no importa si plantas, insectos o nematodos. De ahí, justamente, el sufijo “cida” que se adosa detrás de la palabra hierba en “herbicida” o detrás de la palabra insecto en “insecticida”: proviene del verbo latino caere, que significa justamente matar. ¿Tan distintos seremos entonces los humanos de plantas, animales y otras formas de vida a las que estos productos exterminan que los podemos consumir a diario sin que nada suceda? ¿De qué clase de extraña galaxia vendremos que –según las empresas fabricantes de pesticidas, sí, pero también según los sucesivos gobiernos que se enriquecen por distintas vías con este modelo de producción y también según todos aquellos que lucran con la consagración de la agricultura tóxica– podemos ingerirlos día tras día sin que nada pase?
Al respecto, y desde hace años también, la industria alimentaria y todos sus protagonistas agitan como bandera una extraña sigla: LMR. Traducción: Límite Máximo Residual, una cantidad siempre variable de residuos de agroquímicos que supuestamente podríamos consumir durante toda nuestra vida sin que nada suceda. Sin embargo (como lo demostró la periodista e investigadora Marie Monique Robin en su documental Nuestro veneno cotidiano y como insisten en denunciar muchos especialistas, en especial los médicos toxicólogos), ninguna ingesta de venenos es segura ni gratuita. No hay “mal podría haber” nada de normal ni de natural en forzar nuestro cuerpo a desintoxicarse a tiempo completo, porque cada 24 horas volvemos a servirle una nueva ración de pesticidas. Tal vez por eso profesionales como la doctora Elda Cargnel (jefa de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y con más de 30 años de experiencia en su especialidad) no dudan en decir lo que ella: “Eso de que con los plaguicidas no pasa nada es mentira. Sí pasa, y lo vemos todos los días. Porque los plaguicidas no son remedios; son, muy por el contrario, sustancias diseñadas para matar. Y algo que mate todo lo demás, tarde o temprano, te va a matar a vos. De hecho, las mayores consultas por intoxicaciones, las más graves, son del campo o de zonas de cultivo. Un chico en situación rural tiene mucha exposición a tóxicos y hay patologías que se hacen crónicas a causa de una exposición continua”.
Pero además ella, como el resto de sus colegas de especialidad, señala otra cosa que a menudo también se pierde de vista: que los pesticidas que se rocían sobre las frutas, verduras, granos y hortalizas que llevamos a nuestras mesas solo se evalúan de un modo parcial y sesgado, denominado Dosis Letal 50. Así, de acuerdo con este criterio establecido hace casi cien años (en 1927, para ser más exactos), lo único que se tiene en cuenta a la hora de establecer cuán peligroso puede ser un determinado pesticida es solamente su capacidad de matar y a corto plazo. De este modo, una sustancia química que mate a la mitad de la muestra de animales de prueba a una concentración muy baja será considerada más peligrosa que una que requiera de una cantidad mayor para lograr el mismo efecto. Sin embargo, como no duda en señalar Cargnel (y así lo hizo durante una entrevista para la investigación que dio origen a mi libro La Argentina fumigada), el peligro radica en el mismo criterio de evaluación, porque la muerte es –apenas– uno de los tantos daños que puede provocar un agroquímico.
“El criterio de la Dosis Letal 50 no es suficiente porque no se necesita de una dosis alta para que haya daño. A veces, basta con una dosis sostenida a lo largo del tiempo. Un tóxico, además, no solo mata y enferma: también puede impactar en las conductas. El clorpirifós, por ejemplo: hemos tenido chicos con problemas de conducta por exposición a plaguicidas”, alerta. El clorpirifós, valga la aclaración, es un insecticida que está prohibido aplicar en los hogares (como lo estableció la ANMAT), pero que se usa ampliamente en el campo. ¿En qué clase de cultivos? Se usa en la avena, el centeno, el trigo con el que luego se hace el pan. Se usa también en frutales, en el girasol y en el maíz, en los cítricos, en la soja, en la papa, en los tomates y en los pimientos, por solo citar algunos.
Vuelve entonces la pregunta del inicio: ¿se puede comer sano, seguro y soberano en estas condiciones? ¿Hay algo de sano acaso en las frutas, las verduras y los cereales que comemos sistemáticamente –bañados– en pesticidas a lo largo de todo su ciclo de cultivo, a menos que sean agroecológicos u orgánicos y prescindan de este tipo de “condimentos” químicos? Para la licenciada Gorban, definitivamente no. “El uso de agrotóxicos implica de por sí la renuncia a la idea de comer alimentos sanos, porque todo lo que comemos –a menos que sea orgánico o agroecológico– lleva restos venenosos. Pero, además, ahora es hasta el mismo SENASA el que reconoce este estado de cosas y da la voz de alarma, pero tarde, como siempre”.
¿De qué habla? De un documento recientemente dado a conocer por la organización ambientalista Naturaleza de Derechos, que mediante una acción legal le exigió al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el organismo que controla en nuestro país desde la aprobación de nuevos pesticidas hasta la inocuidad de los alimentos, que revelara qué habían detectado en los sucesivos testeos realizados en tres mercados concentradores de frutas y verduras, entre 2011 y 2015. Resultado: el 63% de las muestras de verduras, frutas y hortalizas analizadas contenía restos de plaguicidas. Sustancias que no deberían haber estado ahí, pero estaban. Entre ellas, y por solo citar algunos ejemplos, el metil azinfós, el meditidation y el carbofurán, detectados en peras, frutillas y manzanas. Los tres pertenecen a la clase toxicológica más peligrosa (Banda Roja). Los tres están prohibidos en Europa.
El 25 de marzo de 1977, el periodista Rodolfo Walsh daba a conocer su Carta a la Junta Militar, en la que denunciaba las atrocidades del gobierno de facto con detalles, fechas y precisiones que hicieron de esa carta su sentencia de muerte. En uno de sus párrafos finales, anotaba: “Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: «Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos»”.
Casi 20 años más tarde, el 25 de marzo de 1996, el por entonces secretario de Agricultura Felipe Solá firmaba una resolución (la 167) que autorizaba la liberación en nuestro país de una soja transgénica resistente al herbicida glifosato y hoy conocida como RR o Round Up Ready. Se llamaba así porque estaba lista (“ready”) para sobrevivir al veneno mientras todo moría a su alrededor. Tanto la patente de la semilla como el veneno que podía tolerarla eran propiedad de Monsanto. La vida comenzaba a tener dueños, y precio.
El último 24 de marzo, en la Plaza de Mayo, el colectivo ambientalista Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto llevaba en alto un cartel con una foto en la que se veía el vuelo rasante de un avión fumigador. “Los nuevos vuelos de la muerte”, se leía abajo. Seguramente hubo quien pensó que exageraban. El resto –los médicos de los pueblos fumigados, los vecinos, los químicos que detectan el veneno en el agua, el suelo y hasta en la sangre, los investigadores que han probado incluso el daño genético que sufren los niños expuestos a las fumigaciones, todos los que alguna vez se han preguntado qué es realmente lo que están dándoles de comer a sus familias– sabe que no.
LA NACION
