Presidentes latinoamericanos juzgados en los Estados Unidos: los antecedentes que rodean el caso Maduro
Tres jefes de Estado de la región fueron juzgados en tribunales federales estadounidenses por narcotráfico y corrupción; sus causas marcan un precedente para entender el proceso que enfrentará el mandatario venezolano
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Tres presidentes latinoamericanos se sentaron en el banquillo de los acusados en Estados Unidos antes que Nicolás Maduro. Los tres enfrentaron causas por narcotráfico o corrupción (o las dos juntas) que, según las imputaciones, afectaron directamente a los intereses norteamericanos. Todos fueron juzgados por tribunales federales y hallados culpables, aunque recibieron distintas penas. Sus historias funcionan hoy como antecedentes y permiten vislumbrar qué puede pasar con el exdictador venezolano.
El aliado encubierto
El caso de Manuel Antonio Noriega, presidente de facto de Panamá, es quizás el más emblemático y el que guarda mayores similitudes con el expediente contra Nicolás Maduro.
Noriega ejerció el poder entre 1983 y 1989, hasta que, en la noche del 20 de diciembre de ese último año, tropas de Estados Unidos invadieron el territorio panameño para capturarlo, por orden del entonces presidente George W. Bush. El operativo fue denominado “Operación Causa Justa”.
Esa noche entraron al país cerca de 27.000 efectivos del ejército estadounidense. Aviones caza bombardearon el barrio de El Chorrillo, en el centro de la Ciudad de Panamá, donde se encontraba el bastión militar del dictador. El objetivo era el cuartel general de las Fuerzas de Defensa.
Sin embargo, la relación entre ambos países, o gobiernos, no siempre fue de confrontación. Durante años, Noriega había colaborado con agencias de inteligencia estadounidenses: sobre todo con la CIA, aportando información clave sobre el gobierno de Fidel Castro en Cuba.
En los hechos, jugaba “a dos puntas”. Como reveló The New York Times (NYT) en una nota de 1986: “Altos funcionarios del Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Pentágono y funcionarios de inteligencia afirmaron que [Noriega] había estado vinculado al asesinato de un opositor político. También indicaron que, durante los últimos 15 años, había proporcionado información de inteligencia simultáneamente a Cuba y Estados Unidos”.
Ese doble juego era apenas la superficie. Según la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el general había filtrado información sensible directamente a La Habana. En la misma nota, el NYT contó que Noriega estaba “ampliamente involucrado en actividades ilícitas de lavado de dinero y drogas” y que había “proporcionado armas a un grupo guerrillero latinoamericano”.
En junio de 1987, el exjefe del Estado Mayor del ejército panameño, Robert Díaz Herrera, lo acusó públicamente de narcotráfico, de haber planeado la muerte del dictador Omar Torrijos (de quien había sido asesor), de haber orquestado un fraude electoral en 1984 y de haber ordenado la decapitación del líder opositor Hugo Spadáfora en 1985.
Además, Noriega mantenía vínculos con Pablo Escobar Gaviria, jefe del narcotráfico colombiano: el presidente le permitía pasar la droga a Estados Unidos por su país, una ruta alternativa a la Bahamas.
Para Bush, sin embargo, el detonante final fue otro: el 16 de diciembre de 1989, las tropas panameñas atacaron a cuatro marines estadounidenses y mataron a uno de ellos. Tras la invasión a Panamá, el ejército tardó casi dos semanas en capturar al dirigente, que se había refugiado en la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en Panamá. Como no podían entrar para detenerlo, idearon una operación paralela: la llamada Nifty Package, una estrategia de guerra psicológica destinada a quebrarlo mediante el uso constante de música a alto volumen.
Finalmente, el 3 de enero de 1990 Noriega se entregó a las tropas invasoras que lo trasladaron a Miami, en donde lo juzgaron y condenaron, en 1992, a 40 años de prisión por tráfico de drogas, lavado de dinero, asociación ilícita y conspiración. Más tarde, le redujeron la pena a 30 años.
También fue condenado por lavado de dinero en Francia, en 2010, y repatriado a Panamá en 2011. Allá también lo habían sentenciado, pero a 20 años por la desaparición de opositores políticos en la década del 80. Falleció en mayo de 2017.
CNN vincula a ambos dictadores: “Al igual que Maduro, Noriega fue acusado de participar en una operación a gran escala para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos. Y Noriega también fue capturado en una operación militar en su propio país”. La defensa recurrió a objeciones constitucionales y de derecho internacional, un camino que varios estiman que será el mismo que la de Maduro.
“Convirtió a Guatemala en su cajero personal”
Otro expresidente latinoamericano juzgado en los Estados Unidos fue Alfonso Portillo, que gobernó Guatemala entre 2000 y 2004, en un mandato atravesado por escándalos de corrupción y denuncias por manejo irregular de fondos públicos.
El diario El País lo describía de este modo: “[…] ha sido el mandatario más atípico de la rocambolesca política contemporánea de este país centroamericano. Carismático, bebedor, excelente contador de chistes… tiene también un lado oscuro que no se preocupa en disimular. Es más. Él mismo se encargó de airearlo sin ningún pudor: el asesinato, en una noche de copas, de dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, la capital de ese estado del sureste mexicano”.
El episodio ocurrió en los años 80. Tras los asesinatos, Portillo huyó hacia el Estado de México y, aunque se dictó una orden de arresto, nunca fue ejecutada. En 1995 un juez declaró que el delito había prescripto.
En la presidencia tuvo un mandato breve y plagado de irregularidades. Terminó enfrentando a la justicia estadounidense por malversación y lavado de 70 millones de dólares de fondos públicos. De esos, lo acusaron de haber usado bancos norteamericanos para blanquear 2,5 millones de dólares recibidos del gobierno taiwanés a cambio de que Guatemala mantuviera su respaldo diplomático. El dinero, depositado inicialmente en cuentas personales en Miami y Nueva York, fue luego transferido a cuentas en Francia a nombre de una de sus hijas.
Tras el pedido de extradición de Estados Unidos, Portillo fue detenido por autoridades guatemaltecas en 2010, cuando se encontraba en una granja. En 2013 lo enviaron a Nueva York para comparecer ante un tribunal federal y en 2014 fue condenado a 70 meses de prisión, luego de declararse culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero. En el juicio, recordó la BBC, el fiscal del distrito sur de Nueva York lo llegó a acusar de convertir la presidencia de Guatemala en un “cajero automático personal”.
“Una autopista de cocaína”
Conocido en Honduras por las siglas JOH, Juan Orlando Hernández estuvo en el poder durante dos mandatos consecutivos, entre 2014 y 2022. Como en los casos anteriores, ese último año, con Joe Biden en la presidencia, Estados Unidos lo acusó de corrupción y narcotráfico.
“Hernández llegó a la presidencia prometiendo ‘hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo’, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico”, explicaba la BBC. El mandatario hablaba de “adecentar” el país y sostenía que extraditaría a los sospechosos de narcotráfico a Estados Unidos.
Sin embargo las sospechas sobre sus vínculos con los carteles de drogas se profundizaron en 2018, cuando su hermano, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami y acusado de traficar narcóticos. Lo condenaron a cadena perpetua. En ese contexto, el presidente declaró: “No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”.
El impacto político fue inmediato. A la condena de su hermano se sumaron denuncias por desvío de fondos del Seguro Social y protestas masivas en todo el país. Hernández, además, decidió no renovar el convenio firmado en 2016 con la Organización de Estados Americanos para crear la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras. Y pese a las acusaciones de fraude electoral, logró completar sus dos mandatos.
En febrero de 2022, ya fuera de la presidencia, fue detenido y extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. “Pavimentó una autopista de cocaína hacia Estados Unidos, protegido por ametralladoras”, citó la BBC al resumir la acusación de los fiscales. Según la investigación judicial, Hernández estuvo vinculado con narcotraficantes desde 2004 y facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
En 2024, un tribunal de Nueva York lo condenó a casi 50 años de prisión y a una multa de ocho millones de dólares. El jurado federal lo declaró culpable de conspirar para importar cocaína, usar y portar armas automáticas y dispositivos destructivos para promover esa conspiración.
Pese a la condena, la administración de Donald Trump le concedió el indulto el 1° de diciembre de 2025. En la red social Truth Social, el presidente consideró que el hondureño había “sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según consignó el mismo medio.
Mientras avanzaba con el indulto, Trump ordenaba reforzar la persecución del narcotráfico en las costas del Caribe. Según The New York Times, el presidente expresó: “El hombre al que indulté fue, si se nos puede equiparar, tratado como el gobierno de Biden trató a un hombre llamado Trump […]. Fue un hombre perseguido de manera muy injusta. Era el jefe del país”.
Sobre esa aparente doble vara, el medio estadounidense citó al senador demócrata Mark Warner, de Virginia: “No se puede sostener de forma creíble que los cargos de narcotráfico exigen una invasión en un caso, mientras se concede un indulto en otro”.
A Tribunales... pero para no volver a su país
Camino inverso al de los tres exmandatarios corrió Alejandro Toledo, presidente de Perú entre 2001 y 2006. Acusado de recibir sobornos, en especial de la empresa brasileña Odebrecht, litigó en los tribunales norteamericanos para evitar su extradición. Y logró demorarla cuatro años. Finalmente, en 2023, Estados Unidos aprobó su extradición a Perú, donde fue juzgado y sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por aceptar sobornos de Odebrecht. Poco después, en septiembre de 2025, sumó una segunda condena, 13 años y 4 meses de prisión por un caso de lavado de dinero.
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