Alberto Fernández, con el coronavirus delante y Cristina Kirchner detrás

Sergio Suppo
Sergio Suppo LA NACION
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24 de abril de 2020  • 02:18

¿Qué hice yo durante la pandemia? La huella del coronavirus perdurará en infinitas respuestas a lo largo del mundo, de las generaciones y del tiempo.

¿Qué hizo el poder durante la pandemia en la Argentina? Un resumen todavía incompleto diría que el Presidente concentró casi todas las decisiones y que el Congreso y el Poder Judicial cerraron (o poco menos) con la excusa de la cuarentena.

Están ocurriendo muchas más cosas y el final del camino es aun inescrutable, pero ya se sabe qué nos tocará cuando el coronavirus deje de ser la única noticia. Alberto Fernández enfrentará antes de fin de año indicadores de pobreza similares a los de la crisis de 2001, una recesión extraordinaria estimada en seis puntos del PBI, y un mercado mundial deprimido e incapacitado para pagar precios altos por los productos argentinos.

Nadie saldrá igual de la pandemia. Y mucho menos Alberto Fernández, que ya sabe que enfrentará el desastre de la economía al frente de un gobierno fragmentado, contrapuesto en estilos y limitado en posibilidades. Por si alguna desgracia quedaba, Fernández y el país que gobierna comprobó que el kirchnerismo que lo hizo presidente ya exhibe sin pudores su violencia verbal y sus pretensiones hegemónicas. No volvieron mejores, volvieron iguales.

Esa legión que solo reconoce la jefatura de Cristina sigue las formas de la propia vicepresidenta. Es en nombre de su obsesión de zafar de las causas de corrupción que desde el Senado detonó un insólito conflicto con la Corte, con la excusa de una consulta sobre si el cuerpo puede o no aprobar leyes en una sesión remota.

Detrás de la presión explícita que ejerció y de los apremios verbales que descargó su abogada sobre el máximo tribunal quedó al descubierto la vieja intención de Cristina de domesticar a los jueces. En otros tiempos ese intento de sometimiento se llamó "democratización de la Justicia".

Desde los tiempos de su esplendor se sabe que, para el kirchnerismo, la idea de un Poder Judicial independiente es ideológicamente inaceptable y funcionalmente inconveniente. No creen en otra cosa que en una jefatura única y necesitan que los jueces dejen impunes sus crímenes.

Antes del choque que Cristina inventó contra la Corte, uno de sus hombres, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, había pedido la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime. El Presidente hizo saber que no sabía que su gobierno había pedido ese beneficio para un sujeto condenado en varias causas con sentencia firme. Pero no desmontó la operación de impunidad que Pietragalla llevó adelante con Jaime y con otros presos de su misma condición.

Esos indisimulados guiños hacia la impunidad son contemporáneos de los sobreprecios en la compra de alimentos por parte de los ocupantes de la parcela que le habían cedido a intendentes del conurbano en el Ministerio de Desarrollo Social.

En los tribunales dudan. Unos rechazan las presiones y mantienen preso a Jaime; otros liberan a Amado Boudou y congelan las investigaciones que alcanzan a Cristina y sus amigos.

La familia Kirchner también regala maravillosas comprobaciones de sus propios pasos. En nombre de la justicia social, el diputado Máximo Kirchner hará aprobar un proyecto al patrimonio que alcanzaría a unos 13 mil argentinos, los más ricos. Él mismo podría estar en esa lista de millonarios, procedente de una familia dedicada con éxito y exclusividad al ejercicio de cargos públicos desde hace tres décadas con llamativas derivaciones en el rubro inmobiliario y hotelero.

Fernández habilitó ese impuesto del heredero del matrimonio de presidentes luego de decir que como primer mandatario no podía influir en la creación de nuevos impuestos. Todavía no se sabe si fue una refinada manera de poner en descubierto a sus mentores o si se trata de un reconocimiento explícito de su sometimiento a ellos.

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