Crisis, pandemia y los límites del financiamiento

Daniel Oks
Daniel Oks PARA LA NACION
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11 de mayo de 2020  • 18:01

Antes de la irrupción de la pandemia, la Argentina arrastraba un estancamiento crónico de casi una década, con alta inflación, elevados déficit fiscales, aislamiento del crédito externo, informalidad y pobreza. Todas estas tendencias se profundizarán en 2020.

La pandemia tendrá un costo económico muy elevado en casi todo el mundo: se estiman caídas del PBI del orden del 10% en los países desarrollados; las políticas anti-cíclicas son de un orden de magnitud similar e incluyen subsidios, asistencia financiera e impositiva a hogares, empresas y bancos. Los países emergentes menos dinámicos no tienen la misma capacidad de respuesta y verán acotado su potencial de mitigación de la crisis. Ante una virtual cesación de pagos y con alta inflación, la Argentina enfrenta una severa restricción de financiamiento que compromete su estrategia sanitaria, la actividad económica y la situación social.

El déficit primario estimado antes de la pandemia rondaba un valor cercano a 1% del PBI, y el servicio financiero (sin deuda con acreedores privados externos) otro 2% del PBI. Ahora se proyecta una caída del PBI comparable a la de 2002 (fue de 10,9%) y una caída de la recaudación de 4% del PBI. Sumando las transferencias adicionales al sector privado para mitigar el colapso económico (3% del PBI), el déficit primario sería de 8% del PBI y el déficit financiero 10% del PBI. La falta de acceso al crédito externo privado deja como únicas fuentes de fondeo a los entes multilaterales y a la emisión monetaria. Los entes multilaterales podrían movilizar recursos adicionales por el equivalente a 2% del PBI. La emisión monetaria podría aportar otro 4% del PBI; el resto debería ser cubierto con fuentes financieras domésticas, ahorros fiscales y una flexibilización más rápida de la cuarentena.

El margen de emisión - un aumento de 150%-200% de la base monetaria - se sostendría sin disparar la inflación a tres dígitos debido a: el bajo nivel inicial de monetización; la profunda recesión; la fuerte preferencia por la liquidez; y los controles de precios, tarifas y (vía cepo) tipo de cambio. Estos factores operan en el corto plazo y se pueden desactivar rápidamente apenas comience un proceso de recuperación económica. Resulta improbable replicar el aumento de monetización logrado a la salida de la convertibilidad (5 puntos del PBI); en aquella ocasión, había superávits fiscales, términos de intercambio favorables, y baja memoria inflacionaria.

En cualquier caso, para evitar un salto brusco de la inflación a la salida de la cuarentena, el gobierno debería encarar un paquete de políticas complementarias, incluyendo: compromiso de fuerte absorción monetaria pasada la emergencia; suba de tasas de interés por debajo de la expectativa inflacionaria para incentivar el ahorro en pesos; acuerdo de reestructuración de deuda (o en su defecto postergación de la negociación sin caer en default); emisión de un bono solidario con ajuste por inflación para reciclar ahorros de unidades superavitarias y/o de mayores ingresos; marco jurídico para evitar efectos en cadena de ruptura de cadenas de pagos, quiebras y crisis financiera; y otorgamiento de garantías del estado a los créditos subsidiados.

Este paquete debe ir complementado con medidas fiscales: reducción en términos reales del gasto primario en sueldos estatales (nacional, provincial y municipal), transferencias a provincias, jubilaciones e inversión pública no sanitaria; y una firme campaña anti-corrupción en la compra de bienes, servicios y obra pública. También ayudará a mitigar las penurias económicas - y por ende aliviar las necesidades fiscales - la flexibilización de la cuarentena mediante: más testeos, aplicaciones de trazabilidad, regionalización del aislamiento, intercalamiento de turnos laborales, segmentación por grupos de riesgo, etc.

La credibilidad y efectividad de estas reformas requiere una reformulación del rol del Estado, rebalanceando el peso del ajuste entre el sector público y el sector privado, a través de: focalización de la provisión de bienes y servicios públicos; reducción, digitalización y profesionalización de la estructura administrativa; revisión de parámetros que aseguren la sostenibilidad del sistema jubilatorio; evaluación de proyectos de infraestructura con criterios de costo-beneficio y utilidad social; reforma tributaria basada en eficiencia, equidad y efectividad recaudatoria; integración comercial en el contexto de acuerdos de libre comercio; desdolarización y reperfilamiento de la deuda evitando picos de repago; políticas fiscales anti-cíclicas, profesionalización y mayor autonomía a los entes reguladores y de control del estado.

En síntesis, la implosión económica de la pandemia, sumada a la restricción de financiamiento, implicará una recesión profunda . Existe una ventana temporal para mitigarla a través de una fuerte (transitoria) expansión monetaria y ayuda financiera de los entes multilaterales. Dicho programa requiere complementariamente medidas fiscales, financieras y sanitarias en el marco de una profunda reforma del estado. El momento de hacerlo es ahora; sino ¿cuándo?

Exgerente del Banco Central y exfuncionario del Banco Mundial

Por: Daniel Oks
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