El hambre no ha vuelto, siempre estuvo
La Argentina está viviendo un momento de incertidumbre política y económica que hace que los sectores sociales vulnerables de la sociedad sean los más afectados. El aumento de la pobreza, y por ende de la dificultad de acceso al alimento, es inevitable en momentos de fuerte devaluación de la moneda y aumento de la inflación. Por ello es ineludible prestar atención y la importancia necesaria en períodos críticos, donde la vulnerabilidad queda todavía más expuesta y restringida al acceso de bienes tan básicos como el alimento.
En el año 2002, mediante el Decreto 108/2002, Argentina declaró la emergencia alimentaria en el marco de la mayor crisis económica, política y social que el país haya conocido. Por ese entonces, diferentes organizaciones de la sociedad civil impulsaron la Campaña "El Hambre Más Urgente", con el fin de concientizar sobre esta problemática, movilizar a la sociedad a apoyar la iniciativa a través de firmas voluntarias para finalmente presentar un proyecto de Ley que aborde el hambre en la emergencia. Gracias a esta iniciativa se aprobó la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional, que sigue vigente y que, según se menciona, es un programa de emergencia. Además, el país ha avanzado en otras iniciativas que tienen al Derecho a la Alimentación como foco principal. Esto indica que la Argentina ha avanzado en una legislación nacional para atender el problema del hambre y ubicar al Estado como un garante de los derechos sociales y económicos. A pesar de ello, el hambre persiste y la emergencia permanece.
Si bien es importante que la cuestión del hambre haya sido abordada e incluida en la agenda pública y se haya logrado un debate del asunto, el foco sigue estando puesto en la emergencia.
La Ley de Emergencia Alimentaria que se acaba de aprobar, es necesaria pero insuficiente.
El problema que representa la reciente Ley aprobada es que, desde el año 2002 hasta la fecha, la Argentina vivió en emergencia alimentaria y no desarrolló, en 17 años, una nueva Ley o marco institucional superadora de esa condición.
Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), venimos promoviendo políticas de desarrollo en donde una Ley o Programa de Seguridad Alimentaria debería de abordar la emergencia alimentaria pero también medidas estructurales de mediano y largo plazo.
En el corto plazo las medidas deben de apoyar directamente a las poblaciones más vulnerables para hacer frente al problema del hambre y la malnutrición. Entre las medidas se pueden mencionar la asistencia alimentaria urgente con las intervenciones nutricionales correspondientes, políticas de regulación de los precios de los alimentos y/o transferencias de ingresos u otros instrumentos de protección social. Las mujeres, las embarazadas y las niñas/os menores son los más afectados y, en este último caso, se trata de prevenir los retrasos de crecimiento y posterior desarrollo.
Las medidas de mediano y largo plazo, o sea, de desarrollo, deben ayudar a erradicar el hambre de la Argentina, de forma estable. Para ello, se debe promover actividades productivas de poblaciones rurales pobres, acceso a los recursos, el empleo digno, garantizar una nutrición adecuada, el acceso y uso de los recursos naturales, entre otros. El diseño e implementación de las políticas deben ser lo más integrales y transversales posibles, con la finalidad de erradica el hambre, para siempre.
Aquellos países que han hecho de la lucha contra el hambre una prioridad han demostrado que, con un fuerte compromiso político, social y económico, es posible obtener progresos para la sociedad en su conjunto. Ojalá en 20 años, no siga siendo vigente este modo de resolver el problema, porque volverá a poner de manifiesto que no es efectivo. Por ello, es necesario aplicar programas que asistan tanto en la emergencia como en el desarrollo.
El autor es Oficial de Programas de FAO Argentina
