Ni siquiera Darwin habría imaginado el pedido de juicio político a Rosatti

El italiano Genaro Bevione, uno de los invitados ilustres a los actos del Centenario, publicó en Turín en 1911 un libro llamado L’Argentina en el que hablaba de la corrupción de entonces y de la inoperancia de la Justicia. “La Argentina es un país donde el Poder Judicial no tiene independencia y el Poder Ejecutivo no tiene frenos”, dejó dicho. Fue hace 111 años.

Otro visitante al que le sobrarían credenciales como observador de la naturaleza ya había esbozado mucho antes, más precisamente en los tiempos de Rosas, una explicación acerca de la peculiar legalidad que se respiraba en estas tierras. Cuando a los 22 años vino a nuestro país en el bergantín “Beagle” de la Marina Real Británica, Charles Darwin, el mismísimo autor de El origen de las especies, anotó: “los habitantes respetables del país ayudan invariablemente al delincuente a escapar; parecería que piensan que el hombre ha pecado contra el gobierno y no contra el pueblo”.

Ni falta hace recordar al Martín Fierro, gaucho matrero, héroe nacional, sobre el que tanto se ha escrito. En estas pampas el conflicto con la ley y el orden es ancestral, no lo inventaron los kirchneristas. En todo caso ellos son restauradores pertinaces de ese desafío a las reglas con las que previamente enredaron retóricas revolucionarias contra enemigos impalpables. Son equilibristas de los bordes de un sistema del que abjuran y al que, a la vez, pertenecen.

De ahí que llegue a parecer normal que un presidente diga que en nombre de la democracia va a echar al presidente de la Corte Suprema debido a que las sentencias del tribunal le disgustan. No sólo no es normal, tampoco nada de esto es muy real. Ni los Fernández tienen cómo voltear a Horacio Rosatti, juez de extracción peronista de frondoso pasado en la administración kirchnerista ahora reclasificado como “la mafia judicial”, ni la Constitución menciona un involucramiento de los gobernadores en un proceso de destitución, en el que Diputados debe acusar y el Senado juzgar. A falta de legisladores el Presidente se dedica a reclutar gobernadores. Y araña la mitad del total. Institucionalidad a la carta.

Claro que la movida supone con su solo enunciado una grave malversación del sistema, pero antes representa una bravuconada destinada a dañar reputaciones, a amedrentar jueces, a justificar ante el mundo el desacato original. O acaso sea la quintaesencia de aquella observación darwiniana sobre ayudar al delincuente para que escape. Si Darwin lo viera no lo creería: quien ahora delinquió, según la Justicia, es quien está ejerciendo la vicepresidencia de la Nación, y ahí sigue. El ayudante para la fuga es el Presidente, a quien encima la beneficiaria ni le habla.

La fuga consiste en pulverizar las causas penales que la acechan y de no ser posible esto, deshacerse de los jueces que deben tramitarlas y que se cortan solos. Es como en el TEG: ocupe Europa, cuatro países de Asia y dos de América del Sur; de no ser posible destruya al jugador que tiene sentado a la derecha.

El disparador es la sentencia provisoria de la Corte sobre los fondos de la ciudad, una carga financiera menor que la de otras ocasiones equiparables, a la que sin embargo el gobierno declara “de imposible cumplimiento”. Casualmente esa frase también es ancestral. Viene de los tiempos en que la corona española se descolgaba con una exigencia estrafalaria, propia de quien nunca conoció el rio de la Plata. Paradojas de la historia: también decía el peronismo que la cláusula transitoria sexta de la Constitución de 1994, que ordenaba al Congreso dictar “antes de 1996″ una nueva ley de coparticipación federal, era “de imposible cumplimiento”. Entre los constituyentes que dieron aquella orden en 1994 había caras conocidas: Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Horacio Rosatti.

Como ya ha sido dicho, el protagonismo porteño en el actual litigio por la coparticipación a su vez repone intencionalmente el conflicto del interior y el puerto. Da la casualidad de que el del puerto viene el más probable candidato presidencial de la oposición este 2023, Horacio Rodríguez Larreta, o por lo menos así lo cree Cristina Kirchner. Pero lo que termina de ensuciar la embestida anti Corte –que un día es sólo contra el presidente Rosatti y al otro día es contra todos los miembros del tribunal- son los hediondos servicios de inteligencia, aportantes de las pruebas disponibles para juzgar, o para manchar (por no usar un término más preciso aunque menos elegante) a los jueces.

La vicepresidenta viene de denunciarse proscripta. No precisó quién la proscribió ni cuándo. Presentarse como un perseguido no es nada muy original entre personas sentenciadas a prisión por cometer delitos. Lo novedoso aquí es que con el argumento de la proscripción ella anticipó que no será candidata a nada debido a la necesidad de preservar a su gente. Textual: “no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada con inhabilitación perpetua con administración fraudulenta por (sic) el Estado”. Incomodar a la Nación como vicepresidenta condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos, se ve, no le aflige tanto como incomodar a sus seguidores.

Y un apunte más sobre la “proscripción”. En su último discurso Cristina Kirchner echó mano al “renunciamiento histórico” de Evita para decir que “renunciamiento hubo uno solo”, sugiriendo que no estaba renunciando a nada. Pero en verdad a esta altura la mayoría de los historiadores describe lo ocurrido con Eva Perón como un caso de proscripción militar encubierta y no como una decisión personal. Es sabido que en 1951 Perón cedió a las presiones del Ejército para que su esposa no fuera vicepresidenta y que esto fue presentado por el peronismo de manera edulcorada como una renuncia heroica a integrar la fórmula. Si hubiera sido por el tema de su salud el general no habría hecho continuar en la vicepresidencia a Hortensio Quijano, quien se hallaba mucho más enfermo que Eva Perón. Quijano murió antes de reasumir. En la segunda jura de Perón, irónicamente, quien ocupó el sillón vicepresidencial para que no quedara vacío fue la primera dama.

A la manera de otros catecismos, para cada ocasión el peronismo ofrece una variedad de enseñanzas. En el rubro persecución y juicios políticos a miembros de la Corte, una especialidad de la casa, está primero que nada la destitución colectiva de 1947. Los jueces fueron entonces acusados en el Congreso de haber legitimado las dictaduras de 1930 y 1943, las mismas que había apoyado el presidente Perón. En 2003 Kirchner repitió con éxito el recambio forzoso del máximo tribunal (embistió contra cinco jueces, pero tres renunciaron), si bien no lo hizo para proteger a alguien en particular sino para liquidar la Corte automática de Menem.

El kirchnerismo también registra antecedentes de batallas indignas y estruendosamente perdidas, como la que emprendió contra el juez Carlos Fayt, de 97 años, cuyas sentencias le desagradaban al gobierno, que lo acusaba de ser viejo. El juicio político no prosperó y Fayt renunció con fecha 11 de diciembre de 2015, es decir, el primer día sin Cristina Kirchner en la Casa Rosada. El caso Fayt fue el último que sacó de la modorra a la Comisión de Juicio Político de Diputados, acostumbrada a cajonear solicitudes sin chances de llegar al recinto.

Aunque ese mismo sea el pronóstico para este verano –escándalo en comisión, sin conseguir tratamiento en el recinto-, es probable que la decisión de los Fernández tenga consecuencias parlamentarias de otro tipo. Podría incendiar los puentes con la oposición. Hoy sólo están rotos.