Para salir de la crisis económica hay que recuperar la iniciativa
La Argentina transita por una crisis económica de dimensiones históricas. Sus causas son fundamentalmente domésticas, aunque la profundidad de la recesión económica –estimada en una caída anual del 12% en el PBI– fue sin duda magnificada por la pandemia, que ha impactado fuertemente en la economía global. Aunque las crisis de esta magnitud suelen tener una multiplicidad de causas, quizás la más importante e inmediata entre ellas sea la debilidad fiscal crónica que afecta nuestra economía.
En la última década, hemos asistido a una fuerte "dominancia fiscal" de la política monetaria, que generó el retorno a una alta y persistente inflación, alentada por la emisión monetaria del Banco Central para financiar el déficit fiscal
Dicha debilidad fiscal se manifiesta en un alto e ineficiente gasto público, en una alta presión tributaria, y en una alta y creciente deuda pública. Más aún: en la última década, hemos asistido a una fuerte "dominancia fiscal" de la política monetaria, que generó el retorno a una alta y persistente inflación, alentada por la emisión monetaria del Banco Central para financiar el déficit fiscal. A su vez, el desequilibrio monetario llevó a la adopción de un régimen de controles cambiarios anacrónico y distorsivo, cuyo principal resultado ha sido el colapso de la inversión, un motor esencial del crecimiento económico.
En su primer año, el gobierno actual enfocó su prioridad en reestructurar la deuda pública en manos de acreedores privados, lo que se llevó a cabo con el soporte técnico del FMI y el apoyo de un conjunto de importantes académicos internacionales. Sin embargo, el actual nivel de riesgo país –superior al 14% anual– muestra que la reestructuración concluida en septiembre no fue un éxito, como se pensó inicialmente, sino más bien un fracaso.
Existen claros motivos de por qué el acuerdo alcanzado con los tenedores de bonos no ha sido exitoso. De las distintas formas que puede tomar una reestructuración de deuda, el Gobierno optó por reducir al máximo los pagos de intereses y postergar la amortización, a cambio de hacer una quita mínima en el capital. Esta estructura tiende a ser recomendable en situaciones en las que el deudor tiene un problema transitorio de iliquidez, pero resulta inconveniente cuando el problema es uno de solvencia, como lo es el que enfrentaba el Estado argentino. De hecho, luego del acuerdo con los acreedores, la deuda pública bruta a PBI habrá crecido en 2020 –comparado con el año anterior– a niveles superiores al 100% del PBI (incluyendo la deuda emitida por el BCRA para esterilizar la emisión monetaria que financia el déficit fiscal). Dicho aumento de deuda refleja, además, el mayor déficit fiscal en 2020, así como la fuerte caída esperada en el PBI. La situación es aún más preocupante cuando se considera que tampoco se ha logrado disminuir el grado de dolarización de la deuda pública que permanece por arriba del 75%.
En resumen, el default y su resolución solo han permitido ganar tiempo hasta la próxima administración, pero no se ha resuelto el problema fiscal de fondo. La desconfianza de los mercados, que se manifiesta en el alto riesgo país, refleja precisamente la falta de claridad acerca de cómo el país hará para lograr converger a niveles de endeudamiento público que sean sustentables. De no lograrlo, la Argentina se encaminará a su décimo default.
Existen dos formas para aprovechar lo que queda del presente mandato presidencial para lograr hacer que el ratio de deuda pública a PBI alcance niveles sustentables en el mediano plazo. La primera forma es ordenar las finanzas públicas, reduciendo y eventualmente eliminando el déficit fiscal, algo que por el momento el Gobierno pareciera estar dispuesto a hacer solo gradualmente en el tiempo. La segunda forma para reducir el ratio de deuda pública a PBI y hacerlo sustentable es reactivar la actividad económica y generar condiciones para el crecimiento económico de largo plazo.
Sin embargo, aunque la Argentina experimentará una recuperación de la actividad a medida que se resuelva la pandemia y se empiecen a distribuir masivamente las vacunas contra el Covid-19, existen hoy innumerables obstáculos que impiden el retorno de un crecimiento económico sostenido. La incertidumbre monetaria y cambiaria, la pérdida de reservas internacionales a pesar de los crecientes controles cambiarios, las regulaciones que traban el mercado de trabajo, la alta presión tributaria y la discrecionalidad de los tres niveles de gobierno para inventar nuevos impuestos o modificar los existentes son factores que desalientan la inversión, la creación de empleo formal y la innovación tecnológica, que son los motores del crecimiento económico.
Es por eso que la salida de años de estancamiento y decadencia requiere la implementación de reformas estructurales profundas, además de resolver las inconsistencias fiscales y monetarias que están llevando la economía hacia una crisis de balance de pagos y hacia un aumento en la tasa de inflación. La negociación en curso con el FMI provee de una oportunidad inmejorable para diseñar un programa económico integral que pueda ser apoyado por la comunidad internacional y pueda revertir la falta de confianza del mercado internacional de capitales. Recuperar el acceso a dicho mercado es necesario para la Argentina, ya que es una economía altamente endeudada y con una muy baja tasa de ahorro.
Pero así como la negociación con el FMI representa una gran oportunidad, también debe quedar en claro que los problemas son generados internamente, no son importados. El mundo espera que el país reconozca su responsabilidad, la asuma, y trabaje profesionalmente para encontrar una salida que pueda ser apoyada por la comunidad internacional. No será un llamado telefónico al presidente electo, Biden, o a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, lo que resuelva la crisis que atraviesa la Argentina. Es imperioso no perder el tiempo, no seguir pateando para adelante obligaciones como única estrategia, y retomar la iniciativa para modernizar nuestra organización económica.
Profesor plenario y miembro del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella;académico titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
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