Un abolicionismo penal a contramarcha de la historia
Una ladrona recibió diez meses de prisión efectiva por robar en una farmacia dos protectores solares y un spray y por morder en el antebrazo a un custodio. No tuvo la suerte de José Arce, quien fue premiado con apenas ocho meses de prisión tras mandar a matar a su joven mujer. Condenados a prisión perpetua como coautores del delito de "homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido por dos o más personas", Arce y su madre eludieron lo peor: él estuvo preso pocos meses y ella, coautora del delito, por su edad, cumplió prisión domiciliaria en un country. Recientemente, alegando razones de salud, se le permitió a Arce residir en el country con una tobillera electrónica, la misma que es puesta en la pata de un perro o de una silla, lo mismo da, "picardía" que les concede la "libertad ambulatoria", como dicen ampulosa y canallescamente los operadores jurídicos. Su regreso al hogar le permite criar a los hijos de su difunta esposa. La abuela paterna, cómplice del homicidio, reclama la tenencia de los menores. Mientras tanto, los abuelos maternos de los chicos y padres de la joven asesinada, reclaman visitas temporarias a sus nietos. En el Reino del revés, la víctima, Rosana Galliano, cumple prisión perpetua, perpetua. En una tumba.
Esta incoherencia en la aplicación de la ley es parte del jolgorio delictivo: un decreto reciente establece que "la agenda educativa intramuros contemplará las actividades curriculares y extracurriculares que se desarrollarán tanto los días hábiles como los sábados, domingos y feriados? favoreciendo la participación de organizaciones de la sociedad civil y de las familias". En un país que se pavonea por una presunta "ampliación de derechos" y que usa como estandarte la inclusión, el decreto legitima con la fuerza de la ley los "vatayones militantes" y la impunidad de un Estado que sigue atado a un ideario que fracasó y que ya fue revisado en otros países.
Una nota publicada por el diario El País de Madrid hizo un sondeo de opinión revelador: una encuestadora concluyó que son casi cuatro veces más numerosos los españoles que se muestran partidarios de la pena perpetua que los opuestos a ella: un 67% frente al 18%, incluyéndose en ese índice tanto a quienes apoyan la cárcel de por vida como a quienes apoyan una pena permanente revisable cada tanto. La prisión revisable estipula que, según el tipo de delito cometido, los condenados a la pena perpetua pasarán un examen a los 25 o 35 años de ingresar en la prisión con el fin de conocer si se rehabilitaron. Si pueden ser reincorporados a la sociedad, saldrán de la cárcel y pasarán entre cinco y 10 años en libertad condicional. En caso contrario, continuarán en la cárcel y volverán a ser evaluados en el plazo que se establezca.
Sin embargo, la ley española contempla asimismo la prisión permanente no revisable para casos extremadamente graves que generan una profunda conmoción y alarma social: las víctimas menores de 16 años o personas especialmente vulnerables; asesinatos subsiguientes a una violación; asesinatos múltiples o cometidos por miembros de una organización criminal o delitos de genocidio y lesa humanidad. Todos sus ejecutores son condenados a prisión perpetua.
La prisión permanente revisable es una pena ajustada a derecho habitual en el derecho comparado: entre otros países, es aplicada en Austria, Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, Italia, Holanda, Suiza y Dinamarca. En febrero de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la prisión perpetua para homicidas es compatible con los derechos humanos, que no debe conducir por sí sola a tratos inhumanos y degradantes y los tribunales nacionales conservan el derecho a imponerla. Por último, el Estatuto de la Corte Penal Internacional también avala su legalidad. Nosotros vamos a contramano de la historia: ni hablar de países como Cuba, Estados Unidos, Corea del Norte, China o Irán, donde ser condenado a prisión perpetua es ganarse la lotería por no haber sido sentenciado al cadalso. Ni siquiera en los países vecinos, Uruguay y Chile, asoma el anarcoabolicionismo vernáculo.
Anulando la pena, nuestros operadores jurídicos creen anular el crimen. Valiéndose del neopunitivismo implantado por el Estado hacia quienes debería proteger, mediante su impartición de (in)justicia invertida, el Ministerio de Justicia de la Nación reconoce el regreso de la ley de la selva y la escalada de la venganza por mano propia. Lo lamentable es que, salvo dignas excepciones, la dirigencia política y numerosos intelectuales pseudoprogres continúan defendiendo este experimento social cuyos efectos letales se niegan a reconocer. Apoltronados en sus despachos o en sus bibliotecas, o impunes por sus fueros, quienes defienden o imparten esta política penal son los autores intelectuales de los desaparecidos y muertos de la democracia.
Si la Justicia se rige por el principio de proporcionalidad, ¿dónde encontrar una migaja de sentido cuando se castiga con una pena mayor a una ladrona de cosméticos que a los homicidas?
La autora, doctora en filosofía y ensayista, es miembro de Usina de Justicia
