Un Estado que impulse el desarrollo ampliando derechos y no al servicio de los privilegios de unos pocos
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Cristian Girard
En una reciente nota publicada en este medio, se critica con dureza la política tributaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, describiéndola como “voraz” y “punitiva”. El artículo es extenso y plantea una crítica general, a partir de una serie de adjetivaciones y opiniones plagadas de lugares comunes y cargadas de prejuicios, cuya validez pretende el autor demostrar a partir del análisis de casos puntuales.
Es necesario responder con claridad, porque lo que está en juego no es una cuestión técnica ni coyuntural: es el sentido mismo del Estado y su relación con la sociedad y el país que queremos construir.
Los ataques a los impuestos no son nuevos. Se repiten constantemente en los discursos de las grandes corporaciones y los denominados super-ricos, que históricamente han resistido cualquier intento de construir una sociedad más justa. En realidad, cada vez que se demoniza el sistema tributario, lo que se ataca no es solamente a una herramienta de recaudación: se ataca a la base solidaria del Estado, a su capacidad para proteger, equilibrar y garantizar derechos a todos.
Es obvio que pagar impuestos no es algo que nadie haga con gusto -y menos en tiempos de crisis-, pero es el único camino para sostener y expandir los derechos sociales, promover el desarrollo y reducir las desigualdades. Esa es, en realidad, la discusión de fondo que atraviesa toda política tributaria: quién paga, cuánto y para qué. En la Provincia de Buenos Aires, la respuesta es clara: se recauda para ampliar derechos, no para sostener privilegios de una minoría acomodada.
Los lineamientos del gobierno conducido por Axel Kicillof son claros: avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, donde quienes más tienen, más aporten; atacar privilegios y grandes evasores; modernizar los mecanismos de fiscalización e información; estimular la producción nacional y el empleo; y, sobre todo, destinar lo recaudado al cumplimiento de funciones públicas esenciales: educación, salud, infraestructura, protección social.
Todo esto responde a una directriz principal: que el Estado no sea una carga injusta, sino una herramienta para el desarrollo, donde nadie se quede afuera ni atrás. Por eso, cuando se fiscalizan embarcaciones de lujo, edificios de oficinas o inmuebles de alto valor declarados como terrenos baldíos, no se trata de persecución ni ideología: se trata de justicia tributaria.
¿Hay cosas para mejorar? Siempre. Pero lo que no se puede permitir es confundir burocracia administrativa con injusticia, ni atacar una política pública por el simple hecho de que busca terminar con privilegios.
Esto contrasta de forma tajante con la política del Gobierno Nacional. La administración de Javier Milei ha paralizado la obra pública, desfinanciado la educación y la ciencia, recortado las jubilaciones, eliminado programas de asistencia y promovido un ajuste brutal sobre las provincias y municipios. Y todo esto mientras reduce impuestos a sectores concentrados y se enorgullece de no cobrarle a los más ricos. Es el retrato de un Estado desertor: ausente para los débiles, complaciente con los poderosos.
Nosotros asumimos con claridad nuestra posición: defendemos un Estado que no se rinde. Un Estado protector, capaz de invertir, cuidar, impulsar y planificar. Un Estado que no se retira ante el saqueo de las grandes corporaciones, sino que se planta para garantizar un piso de dignidad y un horizonte de desarrollo para todos y todas. Un Estado que plasma en su gestión las demandas de los que no tienen voz, esa silenciada mayoría que se esfuerza día a día por llevar un ingreso al hogar, pero a la que le alcanza cada vez menos, mientras los ricos y poderosos, de acá y de afuera, les exigen austeridad y más sacrificio para pagar la deuda externa, al tiempo que reclaman un Estado mínimo para pagar menos impuestos.
En definitiva, detrás del debate sobre los impuestos, lo que realmente se discute es el modelo de país. En la provincia de Buenos Aires elegimos el camino de la justicia fiscal como condición de posibilidad para la justicia social. Porque sin impuestos no hay Estado, y sin Estado no hay comunidad posible. Y porque, como dice Axel, sin justicia social, la libertad es una estafa.
Por Cristian Girard
Tipo de trabajo:
opinión
